Contrapunto

La función social debe entenderse como un elemento intrínseco del derecho de propiedad y no como una limitación externa, por lo que las restricciones urbanas, ambientales o patrimoniales no constituyen por sí mismas una expropiación, salvo que impliquen una privación efectiva o una desigualdad manifiesta en las cargas públicas.

Ese riesgo existe, pero la Justicia Restaurativa debe entenderse como un mecanismo orientado a la reparación de la víctima, la responsabilización del autor y la solución sustantiva del conflicto, no como una mera técnica de gestión de casos.

Mejor regulación. No se trata de acumular más normas, ya que contamos con una amplia densidad normativa, sino de resolver los problemas que están en la base del conflicto.

La IA no es buena ni mala en abstracto: el resultado depende de cómo se incorpore. Dicho eso, mi convicción honesta es que, bien implementada, es una oportunidad de modernización gigante.

El abogado que diseña un programa de compliance sin una formación ética sólida tiende a construir herramientas defensivas: piezas orientadas a la eventual eximente, pero estructuralmente incapaces de prevenir.

La migración ocupa hoy un lugar central en el debate público chileno, como nunca antes en nuestra historia. Temas como la migración irregular, la seguridad ciudadana, el empleo y la presión sobre los servicios públicos se han convertido no sólo en discusión obligada, sino también en factores electorales.

Tiene los mecanismos de defensa que prevé el Código Tributario. Cuestión que digamos un detalle de que excepciones permite el Código Tributario.

La eventual modificación o supresión del patrimonio reservado resulta coherente con la lógica general de la reforma propuesta

Claramente, nuestro sistema cumple un rol preventivo y eso es deseable y valioso. Con respecto a la discrecionalidad de la administración, ésta debe conocer los límites constitucionales y el administrado debiera tener la facultad de cuestionar cuando la ideología invierte el orden constitucional.

Sí, en las condiciones institucionales chilenas, la fortalece. La certeza jurídica no es solo predecibilidad formal de las normas, es también la confianza ciudadana en que las sentencias firmes se cumplen, independientemente de consideraciones políticas o de cualquier otra índole.

Para mí, la presunción de inocencia no es un lema: es una regla de trato y una regla de decisión. Cuando se usa intensivamente la prisión preventiva, ese principio se tensiona en dos planos.

Es atendible la observación en cuanto a que la reclusión domiciliaria no es materialmente equivalente a la privación de libertad en un establecimiento penitenciario, y que, por tanto, existe una alteración en la intensidad de la sanción.

En el caso por lo tanto del control de identidad preventivo en donde las policías no requieren de un indicio su actuación debe sujetarse a las exigencias propias de la misma y también encuadrarse dentro de las normas constitucionales y de las que emanen de tratados internacionales celebrados por Chile.

En principio nuestra Constitución prevé que el control al orden público en nuestro país está radicado en las policías, bajo protocolos estrictamente establecidos y que se han manifestado en diversas circulares.

Yo diría que el problema está en la ausencia de criterios claros para el uso formativo de la tecnología y a nivel país todavía estamos muy atrás en cuanto a regulación y orientación en esta área.

Existen otros mecanismos para asegurar la calidad de la educación, que deben darse dentro del proceso formativo. No se puede esperar hasta el final de la carrera para realizar un examen que defina un estándar de calidad.

Si, efectivamente hemos constatado la frustración de los estudiantes, quienes perciben como problemático el transitar tantos años por la carrera y no saber por ejemplo redactar de forma eficaz un contrato de compraventa

La enseñanza clínica del derecho tiene por objetivo transmitir los conocimientos necesarios para que el alumno pueda comprender como se tramita un determinado litigio, lo cual, tiene su génesis en la entrevista y asesoría inicial con los representados hasta la completa ejecución de la sentencia.

La Coordinadora general de GEFA nos plantea que es crucial evitar retrocesos en la institucionalidad ambiental frente a eventuales cambios de gobierno o crisis económicas. Los estándares alcanzados no deben debilitarse, sino que es necesario avanzar hacia una adecuada conciliación entre la inversión económica y un desarrollo sostenible con enfoque de bienestar social y ambiental, adoptando de manera clara y sostenida el principio de no regresión ambiental.

Rosas plantea un análisis técnico desde su perspectiva de docente de Criminología respecto a las tendencias de aplicabilidad que la Ley 20.000 sigue actualmente desde su mirada rigurosa.

La judicialización excesiva es el reflejo de un fracaso en la etapa administrativa, donde decisiones técnicas son alteradas por instancias políticas, debilitando su presunción de legalidad y abriendo la puerta a una revisión judicial cada vez más intrusiva.

La inteligencia artificial ya está transformando la práctica jurídica, acelerando procesos y desplazando tareas mecánicas, pero el verdadero valor del abogado seguirá estando en el criterio estratégico, la verificación responsable de la información y la capacidad de integrar la IA como parte natural del trabajo profesional sin delegar en ella la decisión jurídica.

La reinserción es clave, pero debe adaptarse a las necesidades reales del adolescente; los Tribunales de Tratamiento de Drogas reducen la reincidencia en un 30%

Hoy el SII tiene facultades suficientes para acceder a la información bancaria. En la práctica, el SII le pide a los contribuyentes esa información en procesos de fiscalización y éstos la entregan, ya que, de no hacerlo, no tienen cómo acreditar lo que el SII solicite

Promete agilizar permisos mediante simplificación y nuevas herramientas como el silencio administrativo. Su verdadero impacto dependerá de la implementación y capacidad estatal para evitar riesgos de informalidad.