Ambiental

El máximo tribunal rechazó el recurso de la Comunidad Indígena Ñelay Mapu y concluyó que no existe una relación territorial y funcional entre sus sistemas de vida y los impactos del proyecto “Refugio Montaña Antillanca”, pues se encuentra fuera de su área de influencia y no desarrolla actividades tradicionales en ella.

La plataforma comenzará a operar el lunes 3 de agosto y permitirá una gestión más intuitiva, segura y transparente de las causas. Se habilitó manuales, tutoriales y una mesa de ayuda para orientar a abogados, procuradores y receptores judiciales.

El Tercer Tribunal Ambiental abrió una nueva edición del Concurso Nacional de Comentarios de Sentencias, dirigido a estudiantes de pregrado y postgrado de todo el país. La convocatoria es interdisciplinaria y permite presentar trabajos individuales o colectivos sobre una o más sentencias definitivas del tribunal. El plazo de postulación vence el 13 de septiembre de 2026.

Los reclamantes sostienen que sus observaciones ciudadanas no fueron debidamente consideradas, especialmente respecto de la exclusión de comunidades indígenas del área de influencia, la posible afectación de rutas de trashumancia ancestral, sitios ceremoniales, patrimonio arqueológico y cultural, y la omisión de reuniones del artículo 86 del Reglamento del SEIA. La causa se acumulará a la reclamación R-167-2026, interpuesta por la Comunidad Quechua de Huatacondo contra la misma resolución.

El Tribunal rechazó la reclamación de la Municipalidad de Quilicura y dos vecinos contra la aprobación del proyecto Planta Fotovoltaica Hugo Lorenzo, al concluir que la evaluación ambiental fue correctamente realizada. El fallo descartó vicios asociados al emplazamiento en Área de Preservación Ecológica, flora, funga, fauna, suelo, arqueología, paisaje, medio humano y permisos ambientales sectoriales, destacando que el proyecto fue rediseñado para evitar el Bosque Nativo de Preservación, incorporó una zona buffer de no intervención y comprometió medidas de compensación con ganancia neta de bio

El tribunal dejó en estudio la reclamación de la Comunidad Indígena Colla Tata Inti del Pueblo de Los Loros contra la calificación favorable del proyecto minero La Farola, de Minera Altair S.A., emplazado en Tierra Amarilla. La comunidad cuestionó la determinación del área de influencia, la línea de base del medio humano, la modelación de emisiones atmosféricas, la falta de reuniones del artículo 86 del Reglamento del SEIA y la no realización de consulta indígena; mientras que el SEA y el titular solicitaron rechazar la reclamación, sosteniendo que la comunidad se encuentra fuera del área de i

El tribunal sostuvo que, en esta etapa inicial, la autoridad no debía acreditar de manera definitiva una variación sustantiva de las variables ambientales, sino contar con antecedentes serios y técnicamente pertinentes que hicieran plausible su revisión, especialmente respecto del ecosistema marino, sedimentos, fauna submareal, calidad del agua y parámetros fisicoquímicos.

El Tribunal rechazó las reclamaciones de vecinos de Ñuñoa contra la aprobación del proyecto Américo Vespucio Oriente II (AVO II), concluyendo que la autoridad ambiental evaluó adecuadamente las observaciones ciudadanas y que el proyecto cumple con los estándares técnicos y ambientales exigidos para su ejecución.

El Tribunal acogió parcialmente la reclamación de Copec y anuló una de las tres sanciones aplicadas por la SMA al Terminal Marítimo de Quintero, al estimar que el cargo relativo a la reducción de flujos en operaciones de descarga y transferencia vulneró el principio de tipicidad, pero mantuvo la sanción por incumplimiento de medidas provisionales dictadas durante episodios de intoxicación en la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví.

La reclamación cuestiona que la iniciativa de exploración minera, emplazada en el cerro Anocarire, en la Región de Arica y Parinacota, haya sido evaluada mediante una Declaración de Impacto Ambiental y no a través de un Estudio de Impacto Ambiental, pese a sus eventuales efectos sobre comunidades indígenas, recursos hídricos, biodiversidad, bofedales, sitios ceremoniales y áreas protegidas cercanas.

El fallo concluyó que el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental puede ser incorporado como medida correctiva dentro de un programa de cumplimiento, incluso cuando uno de los cargos formulados corresponde al incumplimiento de una orden previa de ingreso al SEIA. Asimismo, descartó que el programa aprobado sea dilatorio o genere beneficios indebidos para la empresa sancionada.

La reciente publicación de la nueva Ley de Desalinización abre una etapa clave para la regulación del uso de agua de mar en Chile, aunque su implementación enfrenta importantes desafíos institucionales, ambientales y de gestión hídrica que podrían definir el verdadero alcance de este nuevo marco normativo.

El Tribunal anuló parcialmente la RCA favorable del proyecto de Collahuasi y ordenó al SEA elaborar un nuevo ICSARA acotado al medio humano y marino, tras detectar deficiencias en la fundamentación de las observaciones ciudadanas y eventuales afectaciones a comunidades indígenas y ecosistemas marinos.

Durante el periodo 2025 ingresaron un total de 59 causas entre reclamaciones de ilegalidad, demandas por daño ambiental; y solicitudes y consultas de la Superintendencia del Medio Ambiente. Además, se dictaron 53 sentencias.

Puso freno a una ordenanza sobre “humedales rurales”, al reafirmar que los municipios no pueden crear nuevas categorías de protección ambiental ni imponer restricciones a terrenos privados sin una ley que los habilite, incluso cuando se trate de medidas orientadas a la protección del medio ambiente.

La actividad se realizará el próximo 15 de mayo en Antofagasta y contará con exposiciones de la ex presidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña Torres, y del ex presidente del Tercer Tribunal Ambiental, Michael Hantke Domas. El organismo jurisdiccional especializado fue creado por la Ley N° 20.600 y tiene competencia sobre controversias ambientales en las regiones del norte del país.

Tras demanda interpuesta por el Estado de Chile, se evalúan presuntos daños graves a la vegetación y suelos en zona emplazada entre dos parques nacionales.

La Municipalidad solicitó al Tribunal aumentar la sanción de multa y recalificar como gravísima la infracción por incumplimiento de medidas.

El Segundo Tribunal Ambiental acogió la reclamación presentada por pub restaurante Destapas Beer House, ubicado en Viña del Mar, en contra de la multa de 11 UTA (poco más de $9 millones), ordenada por la SMA, por infracción a la norma de emisión ruidos. “A juicio del Tribunal, la resolución reclamada [resolución sancionatoria de la SMA]…

La magistratura destacó avances en capacidad resolutiva, coherencia jurisprudencial y modernización institucional, proyectando una reducción en los tiempos de tramitación pese al sostenido aumento de causas.

El Tribunal determinó que la Municipalidad de Casablanca sí cuenta con legitimación para reclamar administrativamente en materia ambiental, ordenando al SEA dictar nuevas resoluciones conforme a derecho y considerar adecuadamente las observaciones formuladas durante la evaluación del proyecto eléctrico.

El tribunal descartó la existencia de fraccionamiento en el proyecto de data center de Amazon en Huechuraba, al no acreditarse interdependencia con una línea de alta tensión, validando así la evaluación ambiental y el tratamiento de las observaciones ciudadanas.

El tribunal adoptó la medida tras constatar, mediante informes del SAG, que la empresa continuó ejecutando obras en el humedal Puente Negro pese a una orden de paralización absoluta, remitiendo además los antecedentes al Ministerio Público por eventual desacato y delitos ambientales.

El tribunal descartó ilegalidad en la sanción aplicada por la SMA al Complejo Termoeléctrico Ventanas por no reducir emisiones de SO₂ durante un episodio de alerta ambiental, destacando que las medidas del plan operacional deben ejecutarse de forma inmediata para resguardar la salud de la población.

Precisó el carácter no definitivo de ciertas decisiones del Tribunal Ambiental y reafirmó los estándares técnicos exigibles en la determinación de emisiones, destacando la necesidad de incorporar todas las fuentes relevantes en la metodología presentada por el titular.