Contratación Pública

El Tribunal de Contratación Pública rechazó la demanda interpuesta por una compañía de seguros en contra de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), mediante la cual impugnó la adjudicación de una licitación destinada a contratar un seguro de casco aéreo para las aeronaves institucionales.

La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el recurso de casación en el fondo deducidos por una empresa constructora en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que confirmó el rechazo de su demanda de indemnización de perjuicios…

El Tribunal de Contratación Pública ordenó reevaluar una propuesta para implementar un sistema de información radiológica en la red de salud de La Araucanía. Concluyó que los antecedentes del equipo de trabajo fueron presentados oportunamente y que el Servicio incorporó exigencias no previstas en las bases.

El Tribunal de Contratación Pública rechazó la demanda contra Cenabast y concluyó que las ofertas debían compararse según el precio de cada frasco ampolla con 80 mg del principio activo, y no por mililitro, pues las bases no fijaron un volumen ni una concentración determinada.

El tribunal condenó a Miguel Ángel Aguilera a pagar una multa de $246,9 millones, equivalente al patrimonio ilícitamente incrementado, además de cuatro años de reclusión —sustituidos por libertad vigilada intensiva— y 200 UTM por lavado de activos. Asimismo, decretó el comiso de un inmueble adquirido con recursos de origen ilícito y declaró prescrita la acción penal por cohecho, aunque dio por acreditados los hechos constitutivos de ese delito.

La Corte de Santiago acogió la apelación del Fisco, concluyendo que Dragados Agencia Chile S.A. no tenía un interés directo y legítimo para impugnar la licitación destinada a la normalización del Hospital de Quellón, por lo que revocó la resolución del Tribunal de Contratación Pública, acogió la excepción de falta de legitimación activa y ordenó el archivo de la causa.

El Tribunal de Contratación Pública concluyó que la empresa no acreditó la certificación FIFA Quality Pro exigida por las bases, por lo que la asignación de cero puntos y la adjudicación a otro oferente no fueron ilegales ni arbitrarias.

El Tribunal de Contratación Pública concluyó que la empresa no acreditó su experiencia en la forma exigida por las bases, por lo que la asignación de cero puntos no fue ilegal ni arbitraria.

Los tribunales concluyeron que las conductas atribuidas correspondieron a errores operativos durante una transición institucional, favorecidos por la falta de capacitación y apoyo técnico de la empleadora, y no a una actuación deshonesta. La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de unificación porque el fallo no contenía un pronunciamiento general sobre la materia jurídica planteada.

El tribunal declaró que la empleadora incurrió en una práctica antisindical al separar a cuatro trabajadores que participaron en la constitución de un sindicato. Ordenó reincorporarlos, pagar las remuneraciones adeudadas desde el despido y aplicar una multa de 10 UTM.

Rechazó la impugnación contra la Municipalidad de Padre Las Casas, al concluir que no se acreditaron vicios que afectaran la legalidad del acto adjudicatorio, que las alegaciones referidas a las bases eran extemporáneas y que no existían antecedentes para calificar como temeraria la oferta seleccionada. Desestimó alegaciones sobre irregularidades en la aprobación del Concejo Municipal, publicación tardía de actos, omisión de informe técnico-económico, falta de justificación de diferencias de precio, supuesta temeridad de la oferta ganadora y ausencia de criterio de evaluación sobre programas d

El Tribunal concluyó que la entidad compradora alteró la estructura de evaluación prevista en las Bases del Convenio Marco, incorporando criterios y mecanismos de puntuación no autorizados, vulnerando el principio de estricta sujeción a las bases. Sustituyó la evaluación técnica y económica en etapas sucesivas por una matriz única e incorporó criterios no contemplados en el instrumento habilitante

El Tribunal de Contratación Pública sostuvo que las discrepancias detectadas en el currículum del abogado propuesto no eran errores formales, sino antecedentes sustanciales vinculados a la experiencia e idoneidad exigidas por las bases, por lo que el IND actuó conforme a derecho al declarar inadmisible la oferta y desierta la licitación

El Tribunal concluyó que el mecanismo de reajustabilidad por IPC no era aplicable, ya que al momento de solicitarse el reajuste todas las prestaciones habían sido ejecutadas y pagadas, extinguiéndose las obligaciones derivadas del contrato

TCP declara ilegales actos administrativos en licitación de implante anticonceptivo tras invalidación voluntaria del organismo demandado

Concluyó que el Concejo Municipal rechazó la adjudicación pese a que el oferente obtuvo el mayor puntaje de evaluación, fundándose en consideraciones no contempladas en las bases de licitación, lo que vulneró los principios de igualdad de los oferentes y estricta sujeción al pliego concursal

Rechazó una impugnación contra la Dirección de Compras y Contratación Pública y concluyó que la oferta fue correctamente declarada inadmisible por no acreditar, en los términos exigidos por las bases, la autorización para utilizar un local con resolución sanitaria vigente. El contrato aportado fue celebrado con un tercero distinto del titular de la autorización sanitaria

Desestimó todas las causales de nulidad deducidas por la defensa del acusado y mantuvo la sentencia que lo condenó por negociación incompatible consumada y fraude al Fisco frustrado y consumado, en una causa vinculada a contrataciones realizadas durante la pandemia.

El tribunal de alzada desestimó la reclamación deducida por JUNAEB contra una decisión del CPLT que ordenó entregar información vinculada a una licitación del Programa de Alimentación Escolar. Concluyó que carecía de legitimación para reclamar judicialmente cuando la negativa de acceso se fundó en la causal de distracción indebida de funciones.

La magistratura concluyó que la garantía de seriedad de la oferta fue presentada por un monto inferior al exigido en las bases y que la nueva boleta ingresó fuera de plazo, por lo que su exclusión del proceso se ajustó a los principios de igualdad de los oferentes y estricta sujeción a las bases

La magistratura concluyó que la entidad utilizó criterios económicos no contemplados en las bases para justificar la deserción del proceso, pese a que la oferta mejor evaluada cumplía los requisitos técnicos y económicos exigidos y había sido recomendada para adjudicación

Estableció que la Comisión Evaluadora aplicó correctamente los criterios contenidos en las bases administrativas al exigir que la experiencia del equipo evaluador se acreditara exclusivamente mediante documentos que demostraran la realización efectiva de evaluaciones e informes psicolaborales. El Tribunal concluyó que no correspondía validar funciones gerenciales, de recursos humanos o de jefatura que no acreditaran expresamente dichas labores, descartando ilegalidad y arbitrariedad en la adjudicación

El Tribunal estableció que la entidad licitante excluyó a la oferta mejor evaluada invocando elementos no contemplados en las bases, como supuestos riesgos de incumplimiento y sanciones previas del proveedor, vulnerando el principio de estricta sujeción a las bases y el deber de fundamentación

La magistratura concluyó que la oferta fue correctamente declarada inadmisible al no acreditar el capital comprobado exigido en las bases mediante una constancia bancaria válida, confirmando que el municipio actuó conforme a los principios de estricta sujeción a las bases e igualdad de los oferentes

Concluyó que el incumplimiento del proveedor no obedeció a fuerza mayor ni caso fortuito y que la decisión de poner término anticipado al contrato fue proporcional, fundada y ajustada a las Bases de la licitación y a la normativa de compras públicas