TCP valida adjudicación de seguro para aeronaves de la PDI

El fallo añadió que la demandante tampoco presentó antecedentes destinados a demostrar que la aseguradora careciera efectivamente de autorización para funcionar en el país. Su cuestionamiento se fundó únicamente en la ausencia de un certificado que las bases no exigían.

En relación con la clasificación de riesgo, el Tribunal constató que la oferta incorporó dos certificados emitidos por entidades expresamente admitidas en las bases, los cuales asignaban a la compañía aseguradora la categoría AA.

De acuerdo con la metodología de evaluación, esa categoría daba derecho a setenta puntos. Aplicadas las ponderaciones correspondientes, el resultado ascendía a 25,2 puntos, cifra que fue correctamente asignada por la comisión evaluadora.

La sentencia también descartó la existencia de un error en la evaluación del deducible. La cotización informaba un deducible de 2,5% para cada aeronave respecto de los riesgos ordinarios de casco, sin que la demandante acreditara que el porcentaje o el puntaje asignado fueran distintos de los previstos en las bases.

Respecto del cuestionamiento a la ponderación de la clasificación de riesgo, el Tribunal señaló que la objeción no se dirigía contra la aplicación de las bases, sino contra su diseño.

El fallo explicó que la ponderación del 80% asignada a ese subcriterio estaba contenida expresamente en las bases publicadas el 26 de diciembre de 2024 y era conocida por la demandante, a más tardar, al presentar su propuesta el 10 de enero de 2025.

Como la demanda fue interpuesta el 24 de enero de ese año, la sentencia concluyó que ese reclamo era extemporáneo, atendido el plazo fatal de diez días hábiles previsto en la Ley N°19.886. Admitir esa impugnación habría permitido que un oferente esperara el resultado de la licitación antes de cuestionar las reglas del procedimiento.

El Tribunal también rechazó los reparos relativos a inclusión con enfoque de género, programa de integridad y formalidad de la oferta.

La sentencia explicó que la compañía de seguros y el corredor desempeñaban funciones jurídicamente distintas. La primera debía asumir el riesgo y pagar la indemnización en caso de siniestro, mientras que el segundo presentó la propuesta y quedó sujeto a las obligaciones que las bases atribuían al oferente, adjudicatario o contratista.

En este caso, las especificaciones técnicas autorizaron expresamente la participación de corredores en representación de aseguradoras. En virtud de esa regla, el corredor presentó la propuesta mediante Mercado Público, se identificó como oferente y fue seleccionado como adjudicatario.

La compañía aseguradora, por su parte, emitió una carta en la cual informó que el corredor presentaría en su representación la oferta técnica y económica. También aportó los antecedentes que, por su naturaleza, debían corresponder a la aseguradora, como su clasificación de riesgo y las condiciones y coberturas del seguro.

El fallo concluyó que esa distribución de documentos era coherente con las bases, pues estas no exigían que todos los requisitos fueran acreditados por una misma persona jurídica.

Como los criterios de inclusión con enfoque de género, programa de integridad y formalidad estaban referidos al “oferente”, la comisión actuó correctamente al considerar los documentos del corredor y otorgarle los cinco puntos correspondientes a cada factor.

La sentencia también descartó que la referencia a la confirmación de los reaseguradores transformara la propuesta en una oferta condicional.

El Tribunal explicó que la cotización en la cual aparecía esa mención tenía carácter informativo y carecía de validez contractual. Por ello, sus estipulaciones no podían modificar las obligaciones asumidas mediante la presentación de la oferta, acto que implicaba aceptar íntegramente las bases.

El fallo recordó que, conforme al Código de Comercio, el reaseguro no altera el contrato de seguro ni permite al asegurador diferir el pago de una indemnización o exonerarse de sus obligaciones frente al asegurado.

En consecuencia, aun cuando la compañía condicionara internamente la distribución del riesgo a la intervención de reaseguradores, esa circunstancia no podía afectar las obligaciones asumidas frente a la PDI.

La sentencia agregó que el certificado de cobertura y la póliza demostraron que la institución se encontraba asegurada desde las 00:00 horas del 13 de enero de 2025. Esos documentos no fueron considerados para subsanar una oferta inadmisible, sino como prueba de que la confirmación de los reaseguradores no impidió ni retardó el inicio de la cobertura.

En cuanto a los riesgos de guerra, actos maliciosos, huelgas y otros peligros relacionados, el Tribunal constató que la propuesta incorporó las cláusulas LSW 555D y AVN 52E exigidas en las especificaciones técnicas.

Si bien entre las condiciones generales se mencionaba una cláusula de exclusión de riesgos de guerra, el fallo determinó que esta no podía prevalecer sobre las ampliaciones específicas incorporadas precisamente para cubrir esos peligros.

La sentencia también desestimó el cuestionamiento a las condiciones sobre devolución de primas. Explicó que el Código de Comercio exceptúa a los seguros de casco y transporte marítimo y aéreo de la regla general de imperatividad de las disposiciones legales aplicables al contrato de seguro.

Como la licitación recaía sobre un seguro de casco aéreo, las partes podían acordar reglas especiales acerca del devengo y devolución de la prima. Además, las bases no establecían una regulación específica que resultara incompatible con las condiciones contenidas en la cotización.

En definitiva, la sentencia concluyó que la oferta adjudicada cumplió los requisitos obligatorios y obtuvo el mayor puntaje conforme a los criterios previamente establecidos.

Por ello, declaró que el informe de evaluación y la resolución de adjudicación no eran ilegales ni arbitrarios y rechazó la demanda en todas sus partes, sin condenar en costas a la compañía demandante por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Véase sentencia Tribunal de Contratación Pública Rol N°27-2025-A.