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El Segundo Tribunal Ambiental confirmó la aprobación del proyecto de mejoramiento de la Ruta J-80 en la Región del Maule, concluyendo que las observaciones ciudadanas fueron debidamente consideradas durante la evaluación ambiental y posteriormente por el Comité de Ministros, instancia que incluso reforzó las medidas de mitigación y compensación establecidas en la RCA.

El máximo tribunal emitió informe al Senado sobre la iniciativa que modifica la Ley N°20.600 para ampliar los mecanismos de impugnación de las sentencias dictadas por los Tribunales Ambientales. Si bien valoró la posibilidad de recurrir en materias reguladas por leyes especiales, advirtió que la reforma podría ampliar excesivamente la competencia de la Corte Suprema y afectar la lógica de la justicia ambiental especializada

El tribunal dejó sin efecto todo lo obrado por el Primer Tribunal Ambiental al estimar que la sentencia de diciembre de 2024 —ya calificada por la Corte Suprema como no definitiva— no podía ejecutarse mediante el procedimiento de cumplimiento incidental. Solo pueden ejecutarse sentencias definitivas que reconozcan derechos; en este caso se aplicó un procedimiento no contemplado por la ley.

La cuarta edición del Boletín Jurisprudencial e Informativo 2TA del Segundo Tribunal Ambiental reúne un análisis claro de las sentencias dictadas entre octubre y diciembre de 2025, estadísticas relevantes y antecedentes de su gestión, y puede descargarse gratuitamente desde su sitio web o solicitarse por correo electrónico, en línea con los estándares del Acuerdo de Escazú.

A través de un acuerdo aprobado por el Segundo Tribunal Ambiental, se puso término a la demanda por daño ambiental en el campo dunar de El Tabo, estableciendo medidas de restauración ecológica y puesta en valor de sitios arqueológicos en un santuario de la naturaleza afectado por extracción de áridos.

Reafirma que las decisiones que ordenan retrotraer procedimientos administrativos para una nueva evaluación ambiental no constituyen faltas o abusos graves, destacando el deber de ponderar íntegramente los intereses jurídicos en juego.

Respalda la facultad del Tribunal Ambiental para ordenar un plan de reparación que incluya la evaluación del proyecto ante el SEIA, descartando que ello exceda lo pedido o vulnere permisos sectoriales vigentes.

El autor entrega un ensayo sobre la realidad geopolítica actual, tema que analiza a la luz de los últimos acontecimientos internacionales, intentando desentrañar, a la luz de un análisis desideologizado y de las ideas que han dado en torno a este tema distinguidos analistas internacionales y los propios protagonistas, qué rol toca jugar a Chile y cuál es el camino posible de tomar, soluciones que emanas del nuevo horizonte estratégico que se ha rediseñado con el fenómeno de la globalización que ya no únicamente se materializa en los flujos comerciales y de capital, sino también en la estructur

El cumplimiento de los permisos ambientales rige durante toda la ejecución de los proyectos y es fundamental para evitar riesgos. Autoridad ambiental sancionó a la inmobiliaria por incumplimientos a su Resolución de Calificación Ambiental durante la fase de construcción del proyecto en Peñalolén, vinculados al manejo de residuos, control de ruidos y uso de accesos no autorizados, aplicando una sanción que supera los $248 millones.

La regulación de las actividades productivas en Reservas Nacionales ha transitado desde un régimen permisivo hacia un modelo condicionado por estándares de compatibilidad ambiental que aún no cuentan con reglas de aplicación. La falta de reglamentación de los planes de manejo ha dejado sin operatividad efectiva al nuevo marco jurídico, generando un escenario en el que las decisiones administrativas carecen de criterios claros y el conflicto entre conservación y producción permanece jurídicamente sin respuestas claras.

Desestimó el recurso de apelación y dio por acreditada la infracción a la Ley General de Pesca y Acuicultura. Confirmó sentencia que sancionó a Exportadora Los Fiordos Limitada con una multa de 100 UTM y a su gerente con 3 UTM, por no adoptar las medidas necesarias para impedir el vertimiento de desechos sólidos provenientes de la actividad acuícola

El fallo reafirma procedimiento sancionatorio se inicia con la formulación de cargos. Descarta tesis del decaimiento o de la imposibilidad material por el solo transcurso del tiempo previo al inicio formal del proceso. Resuelve que la SMA actuó dentro de los plazos legales para sancionar infracciones a la norma de emisión de ruidos

El último mes del año emitió 14 fallos, la cifra mensual más alta desde que entró en funcionamiento esta magistratura especializada. Además, durante el año 2025 terminó vía sentencia 54 causas.

Sostuvo que el tribunal ambiental se apartó de las guías técnicas del SEA y de los principios de congruencia y confianza legítima al exigir estándares no previstos para determinar el área de influencia de un proyecto acuícola.

Autoridad no consideró debidamente los criterios mínimos de sustentabilidad en la delimitación del humedal urbano, y tampoco aplicó debidamente los criterios de delimitación para estas áreas establecidos en la regulación vigente.

El Tribunal confirmó la legalidad y proporcionalidad de la sanción aplicada por la Superintendencia del Medio Ambiente al relleno sanitario Loma Los Colorados, descartando vicios en el procedimiento sancionatorio y manteniendo la multa de 4.984 UTA por incumplimientos a la Resolución de Calificación Ambiental.

El Tribunal desestimó la reclamación interpuesta contra el Ministerio del Medio Ambiente, al concluir que la respuesta entregada por dicha cartera sobre la Ley N° 21.100 no constituye un acto administrativo interpretativo ni genera efectos jurídicos obligatorios para terceros, validando así la inadmisibilidad de la solicitud de invalidación promovida por la empresa reclamante.

La acción fue presentada por un particular en contra de la iniciativa productiva, la cual busca extraer por dragado antiguos relaves, los que serán procesados para la extracción de cobre.

El Tribunal rechazó la reclamación interpuesta contra la decisión del Comité de Ministros, al concluir que la variable ambiental relativa al uso de la ruta G-21 no presentó variaciones sustantivas que obligaran a revisar la RCA del proyecto “Desarrollo Los Bronces”, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.300 y el Reglamento del SEIA.

Empresa incurrió en 9 infracciones ambientales, 6 de ellas de carácter graves.

El Tribunal resolvió siete reclamaciones de ilegalidad vinculadas a procedimientos sancionatorios por infracciones a la norma de emisión de ruidos, fijando criterios de análisis comunes y concluyendo, en la mayoría de los casos, que la Superintendencia del Medio Ambiente excedió de forma injustificada los plazos razonables de tramitación, lo que determinó la ineficacia de las sanciones impugnadas.

El Tribunal desestimó la reclamación de la Municipalidad de Pudahuel contra el Servicio de Evaluación Ambiental, al concluir que, pese a existir un vicio formal en el rechazo del recurso administrativo, este no generó un perjuicio efectivo, ya que las observaciones del municipio sobre el impacto del proyecto en el acceso a la salud fueron igualmente analizadas y resueltas por la autoridad ambiental.

El Tribunal abre una revisión judicial sobre la aprobación del EIA del proyecto “Optimización y Continuidad Operacional Minera Candelaria”. La comunidad acusa deficiencias en la evaluación de impactos atmosféricos, riesgos para la salud, ausencia de consulta indígena y omisiones respecto de grupos humanos y cambio climático.

El alto volumen de impugnaciones —principalmente vinculadas al Humedal Urbano Río Maipo, el más extenso del país— confirma la tensión creciente entre la conservación ambiental y diversos intereses territoriales, económicos y comunitarios, consolidando a esta judicatura especializada como un actor clave en la implementación y alcance real de la Ley N°21.202.

Propietario indígena y SQM cuestionan delimitación y procedimiento ante el Primer Tribunal Ambiental. Alegan falta de fundamento técnico, errores en la delimitación y plazos vencidos. El Estado defendió la legalidad del proceso y la solidez científica de la delimitación.

Minera pidió anular la resolución que desestimó su PdC y acusó a la SMA de aplicar un estándar probatorio improcedente y vulnerar el principio de contradictoriedad. Organismo fiscalizador defendió su decisión, afirmando que el plan no cumplía con los criterios legales de integridad y eficacia. Minera alega también que hubo desproporción en los plazos otorgados para responder.

Cuestiona trazado de línea eléctrica y alega afectación a cementerios indígenas. Junta de Vecinos de El Molle rechaza la inadmisibilidad de su solicitud de invalidación. Alega impactos no evaluados sobre cementerios indígenas y el paisaje. SEA defiende la legalidad del proceso y la imposibilidad de resolver fuera de plazo. Compañía Minera Arqueros afirma que la construcción de la línea tiene un 80% de avance. El proyecto, valorado en $200 millones, contempla una mina subterránea y planta concentradora.

Empresa de reciclaje de residuos con plomo alega ilegalidades y excesiva duración del proceso sancionatorio. Caso se origina en denuncias de 2016 por presuntos incumplimientos ambientales, incluyendo concentraciones de plomo y uso de equipos no autorizados, irregularidades en monitoreos y deficiencias en infraestructura y riesgos para la población y observaciones sanitarias.

Estimó que la resolución impugnada no cumplía los presupuestos de procedencia para ser revisada judicialmente, al tratarse de una solicitud de invalidación administrativa general regida por la Ley N°19.880, y no de un procedimiento ambiental con participación ciudadana conforme a la Ley N°20.600.

Ratificó que la empresa causó contaminación significativa en el suelo y aguas subterráneas del recinto industrial de la Zona Franca de Iquique, ordenando que las medidas de restauración se sometan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental conforme a la Ley N°19.300, debido a la magnitud y extensión del área afectada.