Responsabilidad Penal Adolescente: dos miradas sobre la reforma, la madurez psicológica y el futuro del sistema

1.- ¿Cuál es el diagnóstico general existente desde la publicación de la LRPA hasta ahora?

Como primer diagnóstico y a 20 años de la entrada en vigencia de la Ley 21.084, sobre Responsabilidad Penal Adolescente, la LRPA ha supuesto un avance en materia de procedimiento y sanción diferenciada a los adultos, con efectos positivos en algunos aspectos como la responsabilización y el superar el diagnóstico de imputabilidad presente en el antiguo sistema, pero que implican actualmente nuevos desafíos en materia de reincidencia y reinserción de los adolescentes infractores.

2.- En cuanto a su tratamiento, ¿se hace necesaria la reinserción del adolescente ante todo tipo de casos?

Siempre la Ley de RPA; ha consagrado el respeto irrestricto al derecho de los NNA infractores, tanto es así que en sus primeros artículos establece que, en todas las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores de la ley penal, se deberá tener en consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos.

Evidentemente, esto se traduce, en establecer por una parte la responsabilización de sus actos, pero siempre buscando la evitación de nuevos hechos, propendiendo a la educación y en los casos de mayor intensidad, planes de desarrollo personal basado en programas y servicios que favorezcan su integración social.

Por otro lado, el mismo año en que se crea la Ley, nace en nuestro país, una idea innovadora para evitar la reincidencia y favorecer la reinserción, llamada Tribunales de Tratamiento de Droga. Estos tribunales, han demostrado ser una herramienta valiosa, siendo una medida alternativa a la sanción y el encarcelamiento.

La reinserción por tanto es clave, pero no es igual en todos los casos. Si bien los TTD muestran que adaptar el enfoque a las necesidades del adolescente, por ejemplo, si hay consumo problemático, es fundamental para lograr mejores resultados; por otro lado, las nuevas modificaciones incorporadas por la Ley Nº 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, y la Ley de Reincidencia Nº 21.694; establecen ciertas limitaciones para que el adolescente pueda optar a ciertas facultades de desestimación como el principio de oportunidad, o medidas alternativas como la suspensión condicional del procedimiento.

3.- ¿El proyecto de ley que modifica la LRPA, afectará de forma psicológica a los adolescentes implicados?

Sin un enfoque como el que tiene le Ley RPA; como el respeto al interés superior del niño, pero haciéndolo responsable de sus actos, las reformas a estos estatutos especiales para adolescentes infractores podrían tener un impacto psicológico negativo al endurecer sanciones. En cambio, las nuevas modificaciones que entrarán en vigor en forma diferida el año 2026, mediante la Ley 21.527, tienden a dotar de un manto proteccional a la figura del adolescente infractor, pero haciéndolo responsable de sus actos. Un ejemplo manifiesto, está dado por el establecimiento de la mediación como proceso restaurativo y especializado, en virtud del cual la víctima y el imputado acuerdan determinar conjuntamente la reparación real o simbólica del daño ocasionado con la comisión del delito, asistidos por un mediador, donde se verifican a través de un protocolo interinstitucional, las condiciones especiales que deben tener los partícipes en este proceso, en especial la situación de vulnerabilidad o psicológica de quienes están en este proceso, resguardándose su confidencialidad.

4.- En este caso, ¿de qué forma se incorpora la idea o noción de “madurez psicológica”? Y ante eso, ¿qué parámetros se utilizan para la determinación de este nuevo tipo de responsabilidad?

Para la determinación de las sanciones, la Ley RPA en su artículo 20, establece el principio de responsabilización, cual es que las sanciones y consecuencias que la ley consagra tienen por objeto hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que cometan, de tal manera que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social.

Cabe señalar, que, según datos del Ministerio Público, aproximadamente el 80% de las condenas en RPA se obtienen en procedimientos con admisión de responsabilidad por parte del infractor.

Además, se incorpora con la Ley 21.527, un plan de intervención, el cual se contempla para la ejecución de las condenas impuestas, el cual queda sujeto siempre a la aprobación judicial. La relevancia de este plan es que precisamente se encuentra estructurado con reglas técnicas que determina el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Este plan, debe contener un diagnóstico sociocriminológico del adolescente condenado, debiendo precisar los objetivos, los indicadores de logro de dichos objetivos, las áreas de intervención y las actividades a desarrollar por parte del equipo interdisciplinario que apoyará y ejecutará este plan, dotándolo de parámetros objetivos, que tiene que aprobar el juez en su ejecución.

Finalmente, se establece necesario un informe técnico, el cual se utiliza para informar de manera descriptiva y organizada, a las personas de la administración judicial sobre las condiciones individuales y contextuales asociadas a la conducta delictual del o la joven, sus recursos, oportunidades y barreras para el cambio, para decidir sobre la sanción más idónea, donde el concepto de madurez psicológica debe estar plasmado para la mejor decisión judicial.

5.- ¿Podría aplicarse un enfoque terapéutico en la ejecución de las sanciones?

Evidentemente, tanto los informes del plan de intervención como los informes de los TTD, consideran el desarrollo psicosocial del adolescente, permitiendo una determinación de responsabilidad más ajustada y un tratamiento que tiene en cuenta su madurez psicológica.

En ese sentido, las sanciones establecidas en la Ley RPA, y los TTD, son un ejemplo claro de cómo un enfoque terapéutico se puede aplicar con éxito, reduciendo la reincidencia y apoyando la reinserción, tanto así, que, conforme a las estadísticas del Poder Judicial, los adolescentes que pasan por un TTD reducen su reincidencia en un 30% en comparación con quienes no reciben ese tratamiento.

6.- ¿Cómo afectaría la modificación a la LPRA en los casos de reincidencia?, ¿será necesaria una reforma más profunda para aquello?

No se observa que sean necesarias nuevas modificaciones al estatuto adolescente, más cuando las recientes modificaciones de la Ley RPA, no han entrado en vigencia de manera progresiva en todo el territorio nacional, motivo por el cual es muy temprano para medir el impacto de estas reformas, y más, cuando se establecen ciertos criterios incorporados mediante la reciente publicación de la Ley de Reincidencia Nº, 21694, que modifica los cuerpos legales que indica para mejorar la persecución penal en materia de reincidencia y delitos de mayor connotación social. Estos criterios, se centran en la restricción de oportunidades para aplicación del principio de oportunidad, o la suspensión condicional del procedimiento, por nombras algunas.

Desde el punto de vista proteccional, me preocupa el olvido que tuvo el legislador en materia de suspensión condicional del procedimiento, en cuanto a hacer extensiva la aplicación de condiciones vinculadas a la Ley 21.675, que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género, las cuales dotan de mayor protección a las víctimas mujeres de los delitos relacionados con violencia intrafamiliar. Solo existe remisión expresa en esta salida alternativa, a la Ley 21.066, y no para la ley especial de género. Por lo tanto, se excluye la posibilidad de establecer condiciones integrales para la violencia de género, cuando se aplica la suspensión condicional del procedimiento.

7.- ¿Cuál es el pronóstico que se tiene respecto de esta modificación a para los próximos años?

Me parece promisorio para el sistema de justicia adolescente, integrar variables de responsabilización, resocializadoras, y de apoyo integral mediante un plan de intervención de adolescentes infractores, apoyados en una nueva institucionalidad como el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, los cuales pueden mejorar la reinserción y reducir la reincidencia, dando un pronóstico más positivo para los próximos años, siempre y cuando se establezcan condiciones adecuadas de espacios y personal para el cumplimiento de medidas que se apliquen con esta nueva normativa.

Actualmente, las instituciones que pertenecen al sistema de justicia penal, como el Ministerio Público, la Defensoría Penal Publica y los jueces del Poder Judicial, se encuentran en un plan de capacitación conjunta, que permite dotar de mayores y mejores herramientas, para poder enfrentar los nuevos desafíos de esta justicia especializada, poniendo en el centro el interés superior de los NNA, pero también a las víctimas y justiciables, que permitan disminuir la sensación de impunidad y reincidencia que de vez en cuando, rondan el sistema penal adolescente. Lo anterior, a pesar de que la evidencia demostrada con los Tribunales de Tratamiento de Drogas, permiten decir lo contrario. Esto es que, con ideas innovadoras, sin grandes reformas legales, se puede favorecer la reinserción de los infractores adolescentes y disminuir la reincidencia, todo a bajo costo, y solo en un plan colaborativo, donde fiscales y defensores, lejos de ser antagonistas, se asocian transformándose en promotores de intervenciones terapéuticas propias de justicia de nueva era.