¿Fin a la potestad de gracia?: El debate técnico sobre la supresión del indulto presidencial y la separación de poderes

1.- ¿Es constitucionalmente adecuado traspasar esta facultad de “conmutación” a la Corte Suprema, como propone el proyecto, o debe permanecer en el Jefe de Estado por su naturaleza política?

Responderé desde la politología. La pregunta asume que el indulto tiene una «naturaleza política» que lo vincula de forma inevitable al Ejecutivo. Pero esa naturaleza no es una virtud, es precisamente su defecto estructural. En un régimen presidencial como el chileno -y aun cuando su fuerza ha ido disminuyendo con un cierto parlamentarismo de facto en los últimos años- conferir al Presidente una facultad sin fundamentación exigible, sin bilateralidad y sin control judicial efectivo no es un atributo del sistema, es una anomalía histórica que sobrevivió por inercia institucional.

Por otra parte, el indulto es una prerrogativa que afecta la coherencia del principio de separación de poderes, permitiendo al Ejecutivo intervenir directamente en el ámbito del Poder Judicial, dejando sin efecto o alterando sustancialmente el ejercicio de la función jurisdiccional. Que sea «política» no lo legitima: en democracia, las facultades políticas sin accountability son exactamente el tipo de poder que los diseños constitucionales modernos buscan eliminar o acotar. Sin ir más lejos, el mejor ejemplo de ello son los regímenes iliberales, como el del derrotado Primer Ministro Víktor Orbán, que solo cuentan con una forma democrática, pero con un fondo político autoritario es decir, con una forma política que carece de legitimidad e implica un diseño constitucional débil y que fracasa en la contención del autoritarismo. Por tanto, la pregunta correcta no es dónde radicar la facultad, sino si debe existir en esta forma en absoluto.

2.- El proyecto argumenta que el indulto interfiere en la facultad exclusiva de los Tribunales para “hacer ejecutar lo juzgado”. ¿Constituye el indulto una vulneración a la cosa juzgada o debe entenderse como una norma de clausura del sistema penal que opera fuera de la lógica jurisdiccional?

Llamarlo «norma de clausura» es una racionalización post hoc de lo que en términos politológicos es simplemente una intervención unilateral del Ejecutivo sobre decisiones del Poder Judicial. El hecho de que esta facultad no modifique formalmente la sentencia no cambia su efecto real: vacía de contenido el cumplimiento de la pena impuesta por un tribunal competente.

Así, el indulto presidencial constituye una anomalía persistente dentro del diseño institucional chileno, al permitir que el Ejecutivo intervenga en el cumplimiento de penas impuestas por sentencia a firme, materia que corresponde a los tribunales de justicia en virtud del artículo 76 de la Constitución. Desde la teoría de la separación de poderes, no existe ninguna razón de fondo —más allá de la tradición— para que el Ejecutivo pueda neutralizar el trabajo del Judicial sin pasar por algún filtro. La «válvula de escape» que supuestamente ofrece el indulto tiene un costo institucional que sus defensores rara vez cuantifican, erosiona la credibilidad del sistema de ejecución penal en su conjunto. De hecho, basta con revisar la prensa desde los años noventa y siguientes, para darse cuenta que la facultad de indulto presidencial solo genera críticas cuando ha sido ejercida.

3.- Desde la teoría del acto administrativo, ¿cómo se concilia la discrecionalidad de la potestad de gracia con el principio de igualdad, dado que el indulto carece de la exigencia de fundamentación y bilateralidad propia del estándar jurisdiccional?

No se concilia. Y ahí radica exactamente el problema. La discrecionalidad sin estándares verificables no es una característica neutral de la institución: es su núcleo. Al ser una facultad discrecional, el indulto propende a la vulneración de derechos fundamentales y a la posible infracción de normas de derecho internacional, con consecuencias negativas en la aplicación de justicia cuando se ejerce de manera arbitraria o abusiva.

Desde la ciencia política, la igualdad ante la ley es un bien que el Estado debe producir de manera institucionalizada y predecible. Una facultad que permite al Presidente exceptuar a un individuo específico del cumplimiento de una pena, sin exigir fundamentos verificables — salvo algunos que expresamente se contemplan en la ley — y sin posibilidad de contraste con casos similares, produce desigualdad estructural por diseño. No es un riesgo: es el funcionamiento normal de la institución. La evidencia chilena lo confirma: los indultos históricamente han respondido a afinidades políticas, presiones corporativas o cálculos electorales, no a criterios humanitarios objetivos. Y al procederse de esta manera, se erosionan los fundamentos no sólo del Estado de Derecho sino de la convivencia social.

4.- Respecto de la disposición transitoria sobre la pena de muerte: ¿Es técnicamente coherente radicar una facultad de conmutación en el pleno de la Corte Suprema? ¿Podría esto generar una confusión entre la función de juzgar y la función de clemencia en el máximo tribunal?

La disposición transitoria sobre la pena de muerte es, efectivamente, la parte más débil del proyecto. Sin embargo, conviene separar ese punto específico de la cuestión de fondo. La incoherencia de esa disposición transitoria no invalida el argumento central: que la facultad general de indulto particular no debe existir en su forma actual o bien derechamente debería eliminarse.

La propia iniciativa reconoce que la Corte Suprema debería conocer en pleno y resolver fundadamente las solicitudes de conmutación de pena de muerte, suspendiendo la ejecución mientras se tramita la solicitud. Esto es imperfecto, pero responde a una situación excepcional y residual —la pena de muerte en la justicia militar— que el proyecto no puede ignorar. La pregunta relevante no es si la Corte Suprema es el órgano ideal para este caso límite, sino si el Presidente de la República debe tener la facultad de perdonar condenas penales a discreción. Y la respuesta es no.

5.- Países con sólidas tradiciones constitucionales, Francia, Alemania, España, conservan la figura del perdón ejecutivo. ¿Existen razones de técnica constitucional chilena que justifiquen una ruptura con esta tendencia comparada en pos de un diseño de separación funcional más?

Sí, y son de peso. El argumento comparado —Francia y Alemania lo tienen, entonces Chile también debería— ignora diferencias estructurales decisivas. En los sistemas parlamentarios o semipresenciales europeos, el jefe de Estado que ejerce el indulto es una figura con funciones predominantemente simbólicas y escaso poder ejecutivo real (el presidente francés es una excepción parcial). En Chile, el Presidente concentra un poder ejecutivo sustantivo sin equivalente en esos sistemas.

Entonces, como señala la moción, la posibilidad de que una sola persona pueda dejar sin efecto lo resuelto por el Poder Judicial en un proceso válidamente tramitado, sin contrapeso efectivo, es propio de una forma de gobierno donde la soberanía se encarnaba en un único individuo —un soberano absoluto sin contrapeso constitucional democrático— no de una república democrática. Chile tiene además una historia específica de indultos políticamente controversiales— que van desde los debates sobre los indultos realizados por el ex Presidente Frei Ruiz-Tagle, hasta los indultos del Presidente Boric— y que proveen evidencia empírica, no sólo teórica, del problema. De esta manera, podemos colegir que el derecho comparado es una herramienta, no un mandato: si la evidencia local apunta en otra dirección, esa evidencia tiene primacía.

6.- Dado que el Recurso de Revisión ya corrige el error judicial, ¿se justifica mantener una potestad de indulto no taxativa y discrecional, o es técnicamente superior transitar hacia una “justicia de ejecución de penas” con causales humanitarias estrictamente regaladas?

El argumento de que el indulto cubre casos que el Recurso de Revisión no cubre es real, pero sus implicancias van en sentido contrario a lo que sus defensores pretenden. Si hay situaciones humanitarias genuinas no cubiertas por los mecanismos existentes —enfermedad terminal, reinserción excepcional, desproporcionalidad sobrevenida— la respuesta institucionalmente correcta es crear instrumentos reglados para esos casos: una justicia de ejecución de penas con causales objetivas, accesible a cualquier condenado en igual situación, tramitada ante un órgano imparcial.

El proyecto reafirma que la ejecución de las penas debe regirse por la ley y ser resuelta por los tribunales de justicia, y que los errores judiciales deben corregirse mediante mecanismos jurisdiccionales extraordinarios, no a través de decisiones políticas. El indulto presidencial, tal como existe hoy, no es un mecanismo humanitario: es una facultad de amplio espectro que puede usarse humanitariamente o para cualquier otro propósito que el Presidente estime conveniente. Esa amplitud (o amplísima discrecionalidad) es inaceptable en un Estado de Derecho. Si lo que se quiere proteger son casos humanitarios, deben crearse instituciones para eso; no debiendo ser preservada una facultad omnímoda bajo el pretexto de esos casos.

7.- ¿De qué manera la supresión del indulto fortalece la certeza jurídica en la ejecución de las penas? ¿Es la eliminación de esta potestad excepcional un requisito técnico para alcanzar un sistema penal plenamente coherente, con un Estado de Derecho democrático contemporáneo?

Sí, en las condiciones institucionales chilenas, la fortalece. La certeza jurídica no es solo predecibilidad formal de las normas, es también la confianza ciudadana en que las sentencias firmes se cumplen, independientemente de consideraciones políticas o de cualquier otra índole. Cada indulto presidencial discrecional erosiona esa confianza, porque transmite el mensaje de que el sistema penal tiene una salida paralela accesible solo para quienes tienen acceso al poder político o bien tienen capacidad de presionar a quien detenta el poder.

La institución del indulto no tiene cabida en una democracia liberal republicana, afectando la separación de poderes, siendo cuestionable hasta qué punto es tolerable que la verdad judicial sea controvertida por el Presidente mediante el indulto, lo que puede constituir una afectación institucional. Desde la politología, la legitimidad de un sistema penal depende en parte de su carácter universalista: la ley se aplica igual a todos. Una facultad que permite al Ejecutivo crear excepciones individuales sin criterios públicos verificables no es un complemento humanizante del sistema: es una grieta en su estructura igualitaria. En el contexto chileno, con la historia reciente de su ejercicio, suprimir esta facultad en su forma actual no es un maximalismo reformista. Es una corrección institucional necesaria.