Contrapunto · página 2

Ambos procesos fracasaron porque los ganadores no supieron construir un juego común; si las reglas no se sienten justas, nadie quiere jugar. La Constitución debe ser ese terreno compartido donde todas las identidades se reconozcan.

[…] el avance hacia la imprescriptibilidad de ciertos ilícitos penales constituye un atentado directo a la seguridad jurídica […] que solo puede justificarse tratándose de ilícitos graves y excepcionales.

La IA en educación plantea oportunidades, pero también riesgos por su mal uso. Un proyecto de ley propone regular su uso ético en los establecimientos educacionales. Expertas en derecho y pedagogía analizan sus implicancias desde ambas perspectivas.

El cuidado me parece un hecho antropológico que sirve de presupuesto al ejercicio de los derechos y no un derecho autónomo

Este cambio normativo instala una nueva lógica: ya no basta con reaccionar ante la denuncia, sino que el empleador debe prevenir, generar ambientes seguros y asumir un rol activo en la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Ese enfoque preventivo, junto con la obligación de investigar y sancionar, tensiona positivamente a las organizaciones hacia un cambio cultural.

Más que ver la inteligencia artificial como una amenaza o un riesgo regulable, creo que debemos entenderla desde una perspectiva descriptiva, no normativa. Los derechos fundamentales no son conceptos estáticos, sino construcciones históricas que se adaptan a nuevos contextos. No se trata de temer a la IA, sino de repensar cómo definimos el Derecho mismo.

Son instancias para que las opiniones de las personas bajo un contexto específico y regulado se transformen en un diálogo respetuoso y necesario en diversas materias de interés público, uniendo esfuerzos del Estado con la sociedad civil.

Aunque la obligatoriedad es deseable, el enfoque debe ser progresivo: iniciar con empresas de alto impacto y permitir que pymes se adapten, incorporando participación comunitaria, fiscalización efectiva y evitando cargas desproporcionadas o burocracias paralizantes.

Creo que la violencia no se resuelve con mano dura ni copiando modelos extranjeros, sino con diagnóstico serio, políticas públicas integrales y respeto por los derechos fundamentales. Las sanciones ejemplares no previenen y la confianza se gana con coherencia, no con represión.

El proyecto de amnistía vulnera la Constitución, tratados internacionales y derechos de las víctimas, consolidando la impunidad en lugar de garantizar justicia, verdad y reparación.

Aunque los tribunales de familia cuentan con jueces calificados y han logrado restablecer derechos importantes, enfrentan grandes desafíos como falta de recursos, disparidad de criterios y vacíos legales que limitan una protección efectiva, especialmente para personas vulnerables como los adultos mayores

El examen de grado fue una experiencia extremadamente dura y exigente, tanto física como mentalmente. Aun así, valoro la modalidad oral porque me preparó para la realidad de la litigación profesional. Si pudiera rediseñarlo, optaría por un formato mixto que combine simulación práctica y evaluación escrita.

El uso obligatorio de uniformes en presos de alta peligrosidad busca erradicar la ostentación y evitar el ingreso de objetos prohibidos, contribuyendo así a la seguridad dentro de las cárceles. La medida está basada en criterios objetivos y no pretende estigmatizar, sino fomentar igualdad entre internos.

Desde una mirada crítica, el académico señala que aún persisten prácticas adultocéntricas que restringen la participación infantil bajo criterios discrecionales. Advierte que el ejercicio del derecho a ser oído debe asumirse como una obligación del sistema, y no como una facultad del tribunal. La representación jurídica especializada, el rediseño institucional y la formación judicial son pasos urgentes.

La doctrina mayoritaria aún considera que, el delito de violación sexual solo puede ser efectuado por personas que tienen órganos sexuales masculinos, lo cual genera diversas consecuencias jurídicas y sociales, y resulta discutible en atención a los fundamentos de la reforma del año 1999.

La ley perjudica a las víctimas al determinar que los agresores del delito de violación sexual son exclusivamente los hombres, perpetuando estereotipos de género y reforzando nuestro modelo patriarcal, pues se trata como menos gravoso el daño sufrido cuando el delito fue efectuado por una mujer.

Rivera afirma que "inclinarse por una rama jurídica que esté mejor preparada para enfrentarse a este fenómeno puede ser infructuoso, puesto que yo creo no hay que estudiar este fenómeno desde una única rama del Derecho en particular, sino que debemos estar preparados para enfrentar a los Dark patterns como un desafío multidisciplinario que implica la interrelación necesaria entre el Derecho, con sus diversas ramas, y la tecnología".

López Díaz, considera apropiado y necesario el uso de estos conceptos, especialmente en el derecho del consumo, para brindar una protección adecuada a quienes se encuentran en situaciones de desventaja estructural o circunstancial.

Aunque ocasionalmente surgen ciertos reclamos, en Chile existe una amplia libertad religiosa, garantizada por ley y respetada socialmente, siendo respaldada por instituciones como la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos.

El autor analiza las falencias del sistema penal acusatorio chileno, destacando su impacto en la impunidad y la crisis de seguridad. Se propone fortalecer la investigación y revisar las garantías para lograr un equilibrio justo.

Para el autor, “se hace necesario regular el ejercicio de los derechos colectivos de los funcionarios públicos: permitir la sindicación, la negociación colectiva y la huelga a la mayoría de ellos".

El académico aborda la violencia intrafamiliar como un fenómeno social de larga data, visibilizado recientemente. Critica el enfoque centrado solo en violencia de género y propone un abordaje más integral, con leyes equilibradas y profesionales mejor capacitados.

Más que considerar que Chile está retrasado, es más adecuado decir que el país se encuentra en una etapa de construcción y fortalecimiento de su enfoque en materia de inteligencia artificial. La existencia de una Política Nacional de Inteligencia Artificial, actualizada en 2024, refleja un compromiso institucional con el desarrollo de esta tecnología, y el proyecto de ley en discusión marca un paso importante hacia la futura elaboración de un marco normativo más robusto.

El SAE ha reducido la segregación, pero no soluciona los problemas estructurales del sistema. Sin una mejora integral en la educación, la equidad seguirá siendo un desafío.

La confianza legítima presenta contrastes debido a que ella en principio pretende dar elementos de estabilidad y certeza a un vínculo laboral que no reconoce igualdad de condiciones entre los cocontratantes, pero que también puede generar distorsiones al ser vista como una pseudo inmunidad que asiste a los contratas.

Un conflicto de interés daña la independencia y la capacidad de tomar decisiones. Si un abogado decide actuar a pesar de conocer la existencia de este potencial conflicto, su lealtad hacia el cliente se verá afectada, al igual que su actuación de buena fe. Esto no solo perjudica su reputación personal, sino también la imagen de la profesión en general.

No hay que olvidar que la política no siempre opera como el mundo de la empresa privada. En muchas ocasiones, el capital político de una persona pesa más que sus calificaciones técnicas.

Efectivamente la intervención de la corte suprema produce un problema de falta de independencia en las cuestiones propias de la administración nombramiento promoción y capacitación de los miembros de los tribunales superiores de justicia.

El problema actual es que no todos los abogados pertenecen a un mismo colegio (la mayoría, no pertenece a ninguno). La Colegiatura obligatoria única corrige ese problema de legitimidad.

El abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile profundiza en los principales riesgos que representa el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas policiales desde el punto de vista de su pertinencia técnica: “Mientras su reglamentación no se ajuste a otros nuevos objetivos y doctrinas, la acción militar carecerá de directrices responsables y practicables y las fuerzas militares así desplegadas podrían representar un riesgo mayor que el peligro para el cual se les pretende usar”. Frente a la propuesta de militarización de la seguridad ciudadana, el académico p