Contrapunto · página 3

La directora ejecutiva de la Asociación Chilena del Rifle (ACDR) es la representante de la Iniciativa Popular de Norma que protege el derecho a defenderse y poseer armas de fuego para ejercer la legítima defensa, en los términos que una Ley de quorum calificado indique. Su principal argumento es que “Debemos abogar por los derechos de las personas que desean defenderse ante el alza de criminalidad que está azotando nuestro país".

Nosotros hombres y mujeres somos distintos, pensamos distinto, razonamos distinto y creo que somos complementarios. Hace mucha falta la mirada femenina en todo ámbito de la vida. Hemos dado muestras que nos podemos desempeñar en todo ámbito de la vida pública y privada en igualdad de condiciones.

La reforma permite que los actuales jubilados aumenten su pensión en cerca del 50% tomando en cuenta una persona que toda su vida ha ganado el sueldo mínimo. Entonces, hay varios ejemplos que son interesantes que demuestran que con un esquema que incorpora solidaridad y al mismo tiempo se aumenta la PGU, permite un aumento sustantivo de las pensiones. Por lo tanto, corrige la deficiencia severa del actual sistema. Ahora, para aumentar dicha pensión es un gran gasto y, en consecuencia, se requieren ingresos permanentes y desgraciadamente en marzo de este año la oposición rechazó la reforma trib

Si uno entiende a la subsidiariedad como lo ha entendido la doctrina chilena, como una especie de mandato para que el Estado no intervenga si puede haber algún privado que quiera intervenir, incluso en la provisión de derechos sociales, entra en contradicción con el Estado Social.

Es una buena decisión que el Comité de Ministros haya podido rechazar el proyecto. Chile pertenece a organismos internacionales y comisiones de conservación de biodiversidad, cuenta con metas nacionales y globales de protección de biodiversidad.

La Política Nacional de Inteligencia Artificial y la modificación al artículo 19 N°1 y N°4 han sido grandes avances y en su tramitación fueron transversalmente apoyadas. Por lo tanto, debieran perdurar en la nueva constitución, dada su relevancia y adecuación a las necesidades de nuestro tiempo.

En cuanto a su reconocimiento constitucional, mi opinión es que no constituye un tópico que deba tener reconocimiento de ese rango. Al tratarse de un tema tan innovador y disruptivo, siempre está la tentación de querer darle una connotación de rango constitucional. A mi entender sería innecesario.

Es necesaria mayor especialización, ya que quien representa a niños y adolescentes, debe también saber cómo tratarlos, cómo conversar con ellos, saber de psicología. Para poder comprenderlos, según la edad que tengan, se requiere de un abogado o abogada que pueda empatizar con lo que el niño le confiará. Además, de forma urgente, falta que haya normas jurídicas específicas sobre los derechos y obligaciones de los curadores ad-litem.

La efectividad de la norma y la relación de ello con tomar conciencia, son temas diferentes, ello porque la paternidad y la maternidad representan un compromiso mayor, y es difícil suponer que, a través de una ley, las personas tomen conciencia de sus obligaciones parentales.

El Derecho Penal debiera inclinarse hacia el uso de sistemas restaurativos, por el que entendemos parafraseando a Van Nessy Strong, cualquier acción individual o colectiva con objeto de restaurar las consecuencias de un crimen o conflicto, la resolución del mismo o la reconciliación de las personas afectadas por él. En base a los valores del proceso y resultados restaurativos: encuentro, reparación, reintegración y participación.

Esta ley, junto con la creación de una agencia nacional de ciberseguridad, acelerará el perfeccionamiento de la gobernanza en ciberseguridad, transformándola en un pilar fundamental, como es la seguridad física tradicional. Esperamos entonces que termine transformándose en una política de Estado a largo plazo.

Es beneficioso tener una Constitución que detalle de forma exhaustiva cada aspecto de su contenido, si se entiende la Constitución como un momento transformador de la sociedad, esta abrazará la pretensión de un pacto o acuerdo completo, que intente regular todas las controversias sociales fundamentales mediante el desarrollo de las normas.

En cuanto a las pólizas de seguro, lo considero una buena medida, ya que garantizaría el resarcimiento de los daños en las víctimas, sin embargo, considerando la lógica mercantil de toda concesionaria, esto lógicamente traería consigo un encarecimiento de los valores a cobrar por el uso de la autopista por parte de los conductores.

Una de las mayores virtudes de esta ley es que separa los roles administrativos de los roles de las policías propiamente tal y el hecho de que estos planes sean aprobados por el Ministerio del Interior van en la lógica que ya mencionamos de la subordinación del poder policial al poder civil algo que no se ha ejercido correctamente en Chile.

La agravante no guarda relación con el bien jurídico protegido en la norma que es precisamente la el patrimonio, las circunstancia de estar en una situación migratoria irregular se relaciona con aspecto de Derecho Administrativo que tiene a su vez sanciones establecidas para este tipo de situaciones. Por lo tanto, establecer esta calificante puede convertirse en un caso Non Bis In idem.

Si se implementaran varias medidas de orden político criminal y no las acompañamos de ajustes normativos, como puede ser por ejemplo el aumento de penas, eventualmente tampoco tendrían el impacto que se desea. Por lo anterior, considero que el aumento de las penas si puede ser una forma de disminuir la delincuencia en la medida que se acompañe de estrategias político-criminales que refuercen tal decisión.

En los términos que viene regulada la Corte Constitucional en la propuesta de nueva Constitución, soy crítico porque de partida cambia el nombre a esta Magistratura. Ello no es menor, pues importaría establecer, implícitamente, que la nueva Corte Constitucional no es la “continuadora constitucional” del actual Tribunal Constitucional, lo que traería un efecto práctico muy relevante: se “perdería” la jurisprudencia de este último, elaborada en los últimos 40 años, vale decir, más de doce mil sentencias.

Si podemos establecer que en aquellos países de nuestra región en que se ha alargado la duración del Presidente de la República por 2, 3 o hasta 4 períodos no han contribuido a fortalecer la democracia, sino que todo lo contrario.

Volver al sistema de voto obligatorio implica un retroceso importante, lo cual nos va a privar de la inmejorable oportunidad de empoderarnos como sociedad y de revertir el sesgo negativo que se le asigna a la actividad política. Esto es un proceso, que no se producirá de la noche a la mañana, pero sobre el cual podemos avanzar si es que nos enfocamos en el problema real y no el aparente.

Sin duda que es necesario para que existan nuevas obras y para que existan nuevas invenciones, un ambiente competitivo, un ambiente jurídico y social que permita a sus autores poder gozar de los beneficios que ello produzca y por lo tanto, se tiene que incentivar un mercado donde se favorezca y se garantice de forma robusta la propiedad, de tal manera que existan incentivos adecuados a la creación. Pero sin perjuicio de ello, no considero que sea estrictamente relevante para llevar a cabo lo anterior, una protección a nivel de rango constitucional.

El hecho que las bandas criminales y los delincuentes en general perciban debilidad en las instituciones es un factor que tiene a incrementar los niveles de delitos. Mano dura es ser eficientes en la persecución del delito. Es decir, que la probabilidad de ser detenido y condenado ante la comisión de un delito sea alta. Eso hoy día no ocurre en Chile.

El aborto debe ser considerado como un tema de salud pública sin consideraciones morales que impiden ampliar las discusiones a temas relevantes que van asociados a la responsabilidad que tiene el Estado para con las mujeres y personas gestantes. Quien está gestando tiene derechos que deben ser reconocidos por el Estado, es más, nuestro país ha suscrito múltiples tratados internacionales que así lo expresan.

Seguiría dejando este rango desde los 16 años para poder contraer matrimonio en Chile. La protección del menor considera que esta no tiene una causa esencial, que la vulneración de sus derechos sea la edad para contraer matrimonio, sino que existen otras que son mucho más graves y que resulta necesarios que los órganos públicos y privados aúnen fuerzas para prevenir y combatir.

Como se van a distribuir parte de los recursos de todas las personas, de todos los cotizantes, al sistema público -pues el seguro pretende ser universal- es probable que con los años el sistema público mejore muchísimo la calidad de sus prestaciones y de su infraestructura.

Los cuestionamientos a un Estado Plurinacional solo responden a ignorancia y racismo, ambas posturas funestas para una sana convivencia en Chile y la impostergable reconfiguración político-administrativa del territorio

El control preventivo presenta ventajas en términos de certeza jurídica e igualdad ante la ley que no se alcanzan mediante el control posterior.

La regla de la mayoría es consustancial a una democracia. Pero, en un país en que impere el Estado de Derecho y se honre la Constitución que se ha dado, la democracia no se reduce a quien tiene un voto más, sino que exige el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Si valoramos una Constitución, tiene que haber un tribunal que cuide de ella. La protección de las normas de una Constitución exige que un ente diferente de los órganos co-legisladores puedan descartar la aplicación de normas que la vulneren.

La denominación de “tercera cámara” se debe a la forma en que el Tribunal Constitucional ha operado en el ejercicio de una de sus competencias: el control preventivo de la ley de carácter sustantivo. Esto es evidente, por ejemplo, cuando se analiza su jurisprudencia sobre el derecho a la educación, titularidad sindical, entre otras.

El Tribunal Constitucional no es una tercera cámara porque el régimen de fundamentación de sus decisiones queda restringido por la necesidad de construir sus razonamientos a partir de enunciados constitucionales, con lo cual adquiere un carácter formalmente jurídico, a pesar de que el contenido de tales decisiones tenga una dimensión política.

La forma de gobierno ideal es un régimen presidencial en que el sistema de partidos no funcionalice tanto esta idea de fracción o de facción, o representación de formas oligárquicas, sino que pueda canalizar efectivamente en conjunto con otras instituciones o grupos sociales, una expresión política, con un poder judicial vigoroso, autónomo, no sesgado ideológicamente, que sea capaz de tutelar los derechos fundamentales y los derechos humanos.