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No estoy de acuerdo con el estado de emergencia en La Araucanía, de hecho, siguen cometiéndose los mismos delitos; no es un problema de orden público. Por cierto, condeno esos hechos delictuales, pero no son cuestiones de orden público.

Considerando que la mayoría de las figuras penales que contempla la Ley de control de armas son delitos de posesión, de peligro abstracto y de mera actividad, se restringe la posibilidad de acceder a penas sustitutivas (al menos si no se cumplen determinados requisitos). Ello podría afectar al principio de proporcionalidad de la pena si se considera que las penas sustitutivas proceden sin dichas limitaciones respecto de otros delitos de lesión que incluso tienen penas más gravosas.

Creo que las modificaciones que tuvieron que ver con la posibilidad de acceder a penas alternativas de la Ley N° 18.216, son un avance importantísimo, pero, dado que, se deja al arbitrio del Ministerio Público el reconocimiento de la atenuante especial del artículo 17 C de la Ley de Control de Armas, se puede avizorar un probable problema de constitucionalidad de dicha norma, conjuntamente con la modificación del artículo 1 de la Ley N°18.216.

Pienso que la nueva Constitución debiese definir al nuestro como un Estado social y democrático de derechos y, en lo dogmático, establecer un marco de derechos fundamentales económicos y sociales que establezca un piso común universal que haga que la ciudadanía no sea una calidad meramente formal para la mayoría de las personas.

Si bien es necesario se defiendan los derechos de las mujeres en el ámbito sexual y reproductivo, estamos olvidando los derechos fundamentales de la vida del que está por nacer. El proyecto adolece de un individualismo en la materia, centrándose solamente en proteger un derecho exclusivo y legítimo, pero invasivo respecto del otro derecho fundamental como es el derecho a la vida en cualquiera de sus concepciones.

No podría existir una constitución donde se reconozcan grandes prestaciones o los denominados derechos sociales sin reconocer y resguardar los derechos fundamentales de cada persona, pues bajo esa idea podemos caer en una lógica totalitaria.

Creo en general que los mecanismos de democracia directa fortalecen la democracia. El plebiscito dirimente puede ser una buena herramienta de desbloqueo que tiene que seguirse a través de la correcta implementación.

La temporalidad de los nuevos derechos a constituir no merece reproche de constitucionalidad, ya que el legislador tiene discrecionalidad para establecer los términos en que se otorgan los nuevos derechos si dicha norma aparece revestida de finalidad, legitimidad, racionalidad técnica y proporcionalidad.

Votar obligatoriamente creo que es una restricción a la libertad clara y conceptualmente, pero no la afecta negativamente por cuanto estimo que un voto es también plantearse el reto de informar y educarse.

Es un quórum alto, el cual si me lo hubiesen consultado antes hubiese recomendado uno más bajo, pero creo que es un quórum que en las condiciones actuales va a permitir el primer gran acuerdo político de los últimos 30 años.

No se establece limitación material alguna al ejercicio de su discrecionalidad. No se establece una fórmula de equilibrio entre los elementos reglados y la valoración del órgano, por lo que la decisión final podría basarse en una apreciación desproporcionada de algunos de los atributos, tales como la antigüedad o las calificaciones obtenidas.

El Tribunal Constitucional no alcanzó la mayoría requerida para declarar la infracción de la garantía de reserva legal por parte del artículo 318 del Código Penal.

El Tribunal Constitucional ha señalado que la regulación del derecho de reunión en lugares de uso público, a través de disposiciones generales de policía es una excepción al principio de reserva legal en la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales.

La interpretación absoluta de la doctrina y jurisprudencia acerca de la prohibición contenida en el artículo 76 de la Constitución Política, según la cual, la Administración del Estado no puede ejercer funciones jurisdiccionales, constituye un mecanismo de protección del individuo frente a la intervención de órganos administrativos subordinados al gobierno.

La responsabilidad del Estado administrador debe regularse dentro de la Constitución.

Los regímenes presidenciales latinoamericanos se fundan en el concepto de separación de poderes con el modelo de frenos y contrapesos de la Constitución de los Estados Unidos. El modelo propone complementar la división formal de poderes con dos elementos adicionales. Una distribución de poderes tal que permita a cada uno de los agentes estatales bloquear las decisiones de los otros, en ausencia de acuerdo entre ellos. La idea central de este mecanismo es mantener la separación mediante el equilibrio.

Desde la crisis social iniciada el 18 de octubre del año 2019 en nuestro país, la ciudadanía clamo entre sus demandas que el Estado garantizara más Derechos de naturaleza social. Sin embargo, ciertos actores políticos utilizaron esa demanda para señalar infundadamente que nuestra Constitución no garantizaba dichos derechos.

Es frecuente que golpes, guerras civiles, levantamientos sociales y otras crisis, se superen, precisamente, con un proceso constituyente legítimo que dé lugar a una nueva Constitución democrática.

¿El proyecto de ley “Aula Segura” debe mantener las propuestas presentadas, o las funciones de los directores deben limitarse? Me parece que son medidas de sentido común. El problema es cómo se aplican esas medidas, quién las va a aplicar. Me parece también necesario que existan todos los resguardos fundamentales para que se apliquen…

¿El proyecto de ley “Aula Segura” debe mantener las propuestas presentadas, o las funciones de los directores deben limitarse? Hoy en día el director tiene las facultades para expulsar a un alumno. Cada uno de estos aspectos está regulado en diversas normativas, y lo que se ha pretendido es, a mi juicio, un conjunto…

Desde el punto de vista de las municipalidades y del derecho público, vamos a tener que ver si es que Bienes Nacionales va a cumplir con tener en consideración la información que hay en los certificados de informaciones previas para otorgar las regularizaciones, porque si no lo considera, si solamente va a pedir el requisito de tener el certificado a la vista sin someterse a las normas de subdivisión predial, va a ser letra muerta ese artículo.

Nadie podría estar en contra de una Defensoría del Contribuyente, pero que se plantee como Defensoría. Que los que no tienen dinero para pagar un abogado, que tengan un litigio con el Servicio de Impuestos Internos, puedan tener entonces un abogado a través de la Corporación de Asistencia Judicial u otro mecanismo para que los patrocine en juicio.

Recientemente, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, envío al Congreso Nacional un proyecto de Ley por el cual se moderniza la legislación tributaria vigente con las miras de buscar un desarrollo integral, sustentable e inclusivo, que contenga reglas claras y certeras en materia tributaria. Así, es como en dicho proyecto de Ley, se establecen medidas pro crecimiento y pro inversión y varias otras iniciativas modernizadoras que pretenden simplificar el sistema tributario nacional, con la finalidad de brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.

Expongo tres razones principales. Primera, ese Pacto es el que hace obligatoria la intervención de la CIJ para los Estados firmantes, entre los cuales Bolivia. Segunda, con base en ese Pacto, soportamos una gruesa hipoteca en nuestra política exterior: llevamos una década invirtiendo energía y recursos en defendernos, con abogados funcionarios y abogados internacionales, ante los jueces multinacionales de la CIJ.

El paso de un procedimiento penal esencialmente escrito y secreto a uno oral y público significó, sin lugar a dudas, un decidido avance en el modo que por largo tiempo se administró justicia en sede penal, dando respuesta no sólo a exigencias internas, sino que a compromisos internacionales que habíamos asumido en cuanto al respeto de derechos fundamentales.

Por investigación es dudoso porque ahí opera el principio de presunción de inocencia, por lo tanto no podríamos aplicar una prohibición ex-ante. Respecto de las condenas el Estado obviamente tiene la facultad de prohibir el acceso de ingreso a esas personas.

Ciertamente, por ejemplo el tema de caudal ecológico, es un tema importante para todos nosotros, por nuestra parte queremos que el caudal ecológico sea para todos los derechos de agua, para todos los ríos ya que sin dejar esa cantidad mínima de agua en los ríos simplemente no puede cumplir las funciones ambientales, y no puede haber riego o sea no puede nada.

A mí me parece que es un avance que hoy en día un proyecto de ley como éste se esté discutiendo, sobre todo en un contexto en que la violencia contra la mujer ha ido creciendo y ha sido una temática problematizada por distintas mujeres que se han movilizado sobre este tema.

Es un beneficio importante. Primero por la democratización de las regiones. Particularmente importante para nuestro país en este proceso constante de perfeccionar la democracia. No obstante, lo que quiero recalcar es que no solo por el hecho de que se puedan elegir en un futuro cercano los intendentes, eso quiere decir que la regionalización tiene mayor realce.

De acuerdo con una perspectiva tradicional, las empresas, en todas sus formas y tamaños, no son apoyadas por medio del sistema público de atención jurídica gratuita, al obrar bajo la premisa de que estas organizaciones están en condiciones de pagar una asesoría especializada.