Responsabilidad penal empresarial y ética jurídica: ¿compliance real o cumplimiento meramente formal?

1.-¿Cómo evalúa la evolución de la responsabilidad penal de la persona jurídica en Chile desde su incorporación al ordenamiento jurídico?

La evolución ha sido, en lo sustancial, positiva, aunque marcada por una lógica expansiva más que reflexiva. La Ley N° 20.393 nació en 2009 como respuesta a compromisos internacionales asumidos por Chile en el marco de la OCDE, y su arquitectura original fue deliberadamente acotada: un catálogo cerrado de delitos y un modelo de imputación que exigía la comisión del hecho en interés o provecho de la persona jurídica por parte de sus dirigentes o subordinados, junto a la infracción de los deberes de dirección y supervisión.

Con la Ley N° 21.595 de 2023 y su entrada en vigencia en septiembre de 2024, ese esquema se modificó de forma significativa. Se amplió el catálogo de delitos base de manera sustantiva, se extendió el universo de sujetos responsables —incorporando empresas públicas creadas por ley, universidades estatales, partidos políticos y personas jurídicas religiosas de derecho público— y se flexibilizaron los presupuestos de atribución, eliminándose la exigencia del interés o provecho y bastando, en su lugar, que el hecho se vea favorecido o facilitado por la ausencia de un modelo de prevención adecuado.

Esta transformación abre oportunidades, pero también tensiones dogmáticas relevantes. La más aguda, a mi juicio, es la deriva hacia un modelo de imputación cada vez más objetivante, donde la responsabilidad penal de la persona jurídica tiende a asentarse sobre déficits organizativos antes que sobre una atribución normativa rigurosa. Desde la perspectiva que he venido trabajando en materia de autoría e imputación, esta es una línea que requiere prudencia: el derecho penal, incluso cuando se dirige a entes colectivos, no puede abandonar su matriz de imputación personal sin perder su legitimación.

**2.-**Desde su experiencia, ¿qué rol desempeña actualmente la ética jurídica en la prevención de delitos al interior de las organizaciones?

La ética jurídica cumple un rol que no puede ser reemplazado por la mera observancia formal del compliance. Los modelos de prevención funcionan sólo en la medida en que se sostienen sobre una cultura de integridad genuinamente asumida por quienes integran la organización; de lo contrario, se convierten en documentación burocrática desprovista de fuerza conductora.

En términos prácticos, la ética opera como el sustrato que da sentido a los protocolos. Un canal de denuncias funciona si quienes lo administran y quienes podrían utilizarlo confían en su rectitud; una política de conflictos de interés es eficaz si la dirección la aplica con la misma exigencia en casos incómodos que en casos triviales. Sin esa base ética, los mecanismos de control operan como cáscara: satisfacen auditorías, pero no previenen conductas.

Desde la docencia, insisto a mis alumnos en que la ética no es un ornamento del cumplimiento normativo, sino su condición de posibilidad. Un abogado que diseña un modelo de prevención sin convicción ética construye una pieza defensiva —útil, acaso, para litigar una eximente—, pero no una herramienta de prevención real.

3.-****¿En qué medida los modelos de prevención de delitos impactan en la organización, gestión y funcionamiento de las empresas?

El impacto ha sido profundo y se ha intensificado con la reforma de 2023. La Ley N° 20.393, en su redacción actual, exige que los modelos consideren, entre otros aspectos, la identificación de actividades con riesgo de conducta delictiva, el establecimiento de protocolos y canales seguros de denuncia, la asignación de responsables y la evaluación periódica por terceros independientes. Esto obliga a las empresas a incorporar el análisis de riesgo penal en su gobernanza cotidiana.

En la gestión, los modelos bien implementados introducen lógicas de accountability que trascienden lo penal: mejoran procesos de contratación, formalizan la relación con proveedores, ordenan los flujos de aprobación y generan trazabilidad documental. En rigor, un modelo serio termina siendo una herramienta de buena administración, aunque haya sido motivado por la amenaza de sanción.

Ahora bien, hay un riesgo que conviene señalar: la sofisticación creciente de los modelos eleva considerablemente los costos de cumplimiento, lo que puede impactar desproporcionadamente a empresas de menor tamaño. La ley exige adecuar el modelo al objeto social, giro, tamaño, complejidad y recursos de la persona jurídica, pero esa proporcionalidad requiere desarrollo jurisprudencial y criterios claros de parte del Ministerio Público para no transformarse en un estándar inalcanzable para la pequeña y mediana empresa.

**4.-**A su juicio, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan hoy las organizaciones en materia de cumplimiento normativo?

Identifico tres desafíos centrales. El primero es la adecuación sustantiva a la reforma de la Ley N° 21.595. La ampliación del catálogo implica que muchas organizaciones deben mapear nuevamente sus riesgos penales, lo que supone una revisión integral de matrices diseñadas bajo el régimen anterior. No basta con una actualización cosmética.

El segundo desafío es la internalización cultural del modelo. Es frecuente que las empresas cuenten con documentos robustos en el papel, pero que los mandos medios y los equipos operativos no comprendan cabalmente los protocolos ni se sientan llamados a aplicarlos. La brecha entre el modelo formal y el modelo vivido es, en muchos casos, el verdadero factor de riesgo.

El tercer desafío es la articulación del compliance penal con otras dimensiones regulatorias —protección de datos, libre competencia, prevención del lavado de activos, materia laboral y ambiental—. Una organización que aborda estos ámbitos de manera fragmentada multiplica costos y deja intersticios de riesgo. El desafío es construir sistemas integrados de cumplimiento, donde la ética jurídica opere como hilo conductor común.

5.-****¿Qué elementos considera esenciales para fortalecer una cultura de integridad al interior de las empresas?

Lo primero, y quizás lo más determinante, es el ejemplo de la alta dirección. Ningún modelo de prevención compensa un liderazgo que tolera atajos o incentiva resultados sin reparar en los medios. La cultura de integridad se construye desde arriba, con coherencia cotidiana entre el discurso y la práctica.

Segundo, canales de denuncia creíbles y efectivamente protegidos. Una organización en que el denunciante percibe represalias —directas o sutiles— ha vaciado de contenido su modelo, por impecable que sea su redacción.

Tercero, formación continua y no meramente inductiva. Las capacitaciones anuales de una hora, enfocadas en firmar asistencias, son insuficientes. La integridad requiere un trabajo formativo permanente, con análisis de casos propios del giro, discusión de dilemas reales y espacios donde los colaboradores puedan plantear dudas sin temor.

Finalmente, consistencia en la sanción interna. Una organización que investiga con igual rigor al gerente exitoso y al empleado de menor jerarquía transmite un mensaje inequívoco: las reglas obligan por igual. Esa consistencia es, probablemente, el test más severo de una cultura de integridad auténtica.

6.- ¿Qué relevancia tiene la formación ética de los abogados en el diseño e implementación de programas de compliance?

Es absolutamente central, y más de lo que suele reconocerse. El abogado que diseña un programa de compliance sin una formación ética sólida tiende a construir herramientas defensivas: piezas orientadas a la eventual eximente, pero estructuralmente incapaces de prevenir. Esta distinción es crucial. Un modelo diseñado para ganar un juicio no es necesariamente un modelo que evite la comisión del delito.

La formación ética permite al abogado identificar riesgos que escapan a una lectura puramente normativa: zonas grises en la relación con el sector público, prácticas culturalmente toleradas, pero éticamente reprochables, incentivos perversos en los sistemas de compensación. Esa mirada es difícil de adquirir si la formación se agota en el manejo técnico de la Ley N° 20.393.

Por eso, en mi trabajo docente me esfuerzo en transmitir que el derecho penal no se reduce a la técnica dogmática. La reflexión ética es condición de un ejercicio profesional serio, especialmente en áreas donde el abogado asume un rol preventivo. En el compliance, esta dimensión es insoslayable: el asesor ético es, en sentido estricto, el primer filtro de prevención de la organización.

7.- ¿Cómo se expresan las tensiones o complementariedades entre la regulación legal y la autorregulación empresarial en la prevención de la corrupción?

La relación es, en mi opinión, más complementaria que tensa, aunque hay puntos de fricción que conviene reconocer. El modelo chileno vigente —y esto se refuerza con la Ley N°21.595— descansa sobre un esquema de corregulación: el legislador fija estándares mínimos y la empresa los desarrolla y adapta a su realidad concreta. Esta lógica reconoce que el Estado no está en condiciones de microgestionar el cumplimiento al interior de cada organización, pero sí de establecer los criterios sobre los cuales se evaluará su suficiencia.

La tensión surge cuando la autorregulación se concibe como sustitutiva del control público en lugar de subordinada a él. Un modelo de prevención no es un espacio de inmunidad: es un instrumento que, cuando se implementa efectivamente, permite exculpar a la persona jurídica, pero no neutraliza la persecución penal cuando el modelo es deficiente o meramente aparente. La judicatura, en este sentido, tiene por delante la tarea de desarrollar criterios rigurosos sobre cuándo un modelo es verdaderamente adecuado y cuándo es una construcción cosmética.

Por otra parte, la autorregulación tiene la virtud de permitir una adaptación que la norma legal no podría alcanzar: cada sector tiene riesgos específicos, y los protocolos de una empresa minera no pueden ser idénticos a los de una institución financiera. En esa capacidad de ajuste fino reside el principal valor del modelo de corregulación, siempre que no se deforme en un ejercicio meramente formal.

8.- ¿Cuáles son, en su opinión, las principales proyecciones y reformas necesarias en el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica en Chile?

Las proyecciones más urgentes se vinculan, a mi juicio, con tres frentes.

Primero, la consolidación dogmática del modelo. La reforma de 2023 expandió el sistema en términos cuantitativos —ampliando sustantivamente el catálogo de delitos base y los sujetos responsables—, pero dejó abiertos problemas conceptuales serios sobre el fundamento de la imputación a la persona jurídica. ¿Se trata de responsabilidad por hecho propio o derivada del hecho de la persona natural? ¿Qué exige, en términos normativos, la «falta de implementación efectiva» de un modelo adecuado, que hoy opera como presupuesto de la responsabilidad? La jurisprudencia y la doctrina deberán decantar estas preguntas en los próximos años, y del rigor con que lo hagan dependerá que el sistema no derive hacia una atribución puramente objetivante. En esta línea, la categoría de delitos de posición, que ha ido consolidándose en la dogmática nacional, ofrece herramientas útiles para pensar la responsabilidad de quienes ocupan ciertas funciones dentro de estructuras organizacionales complejas.

Segundo, la coordinación normativa aún pendiente para la aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de colusión. La Ley N° 21.595 suspendió expresamente esa responsabilidad mientras el legislador no articule la concurrencia entre las penas, sanciones y medidas aplicables a la persona jurídica tanto por la infracción del artículo 3° del DL 211 como por el delito del artículo 62 del mismo cuerpo legal. Tras esta suspensión subyace una discusión que excede lo meramente técnico: si conviene trasladar la colusión al régimen general de la Ley N° 20.393 o si el estatuto especializado de libre competencia —con su articulación entre el TDLC y la jurisdicción penal— ofrece ya herramientas más refinadas para abordar la complejidad de estas conductas. Es una cuestión abierta, que amerita reflexión pausada antes que urgencia legislativa.

Tercero, el desarrollo de criterios de proporcionalidad que permitan adecuar las exigencias del modelo de prevención al tamaño y complejidad real de cada organización. El artículo 4° de la Ley N° 20.393, en su redacción vigente, establece que el modelo debe considerarse en la medida exigible a su objeto social, giro, tamaño, complejidad, recursos y actividades. Esa proporcionalidad requiere desarrollo jurisprudencial y criterios operativos claros para que no se transforme en un estándar inalcanzable para las pequeñas y medianas empresas, sin un correlato claro en términos de prevención efectiva.

En definitiva, el sistema chileno ha madurado, pero enfrenta una etapa en la que la expansión normativa deberá ir acompañada de refinamiento dogmático y de desarrollo jurisprudencial. El derecho penal de las personas jurídicas es, todavía, un ámbito en construcción, y su legitimación dependerá de que logre articular exigencias rigurosas sin renunciar a los principios que dan sentido al derecho penal en general.