Inteligencia artificial y educación: ¿herramienta de aprendizaje o riesgo para la formación académica?

1.- Con el avance actual de la inteligencia artificial, ¿debería permitirse su uso libre por parte de los estudiantes? ¿Debiera existir una diferencia entre enseñanza media y educación superior?

Creo que el uso absolutamente "libre" o desregulado es inviable e ineficiente si buscamos optimizar el capital humano. En educación media, donde las funciones cognitivas y el pensamiento crítico aún están en etapa de maduración, la libertad total genera dependencia y atrofia la capacidad de lectoescritura y abstracción, la idea es que la Inteligencia Artificial sea una herramienta, mas no queremos que esta reemplace el cuestionamiento ni proceso de cognición del estudiante.

Ahora bien, tratándose de la educación superior, la IA debe ser incorporada de forma guiada, alineada con los perfiles de egreso y las competencias profesionales reales del mercado laboral actual. No se trata de prohibir lo cual genera un costo de oportunidad altísimo sino de pasar del "uso libre" al "uso estratégico y asistido", lo ideal a mi parecer es la implementación de aplicaciones enfocadas en el aprendizaje y organización de estudio, dotadas de IA complementaria, tales como lo es el uso por ejemplo de Notebook LM de Google, en ese sentido resulta más productivo que un “chatbot” que solo responda tus preguntas y “te haga la tarea”.

2.- ¿La inteligencia artificial debería incorporarse a la educación? ¿Cómo y con qué límites?

Respecto de este aspecto, y de la mano con lo anterior, creo que esta gran herramienta como lo es la IA, debe implementarse bajo un enfoque matricial y de diseño instruccional, dividiéndose en dos grandes áreas:

• Para el docente (Eficiencia Operativa): Como un copiloto para la planificación, automatización de tareas administrativas y personalización de evaluaciones, lo que libera tiempo de calidad para la interacción directa con el alumno.
• Para el estudiante (Palanca Cognitiva): No para reemplazar la generación de respuestas, sino para organización como mencioné anteriormente, o en su defecto para sofisticar las preguntas. La IA debe usarse como un tutor socrático interactivo, un simulador de casos complejos y una herramienta de retroalimentación en tiempo real.

3.- ¿Qué riesgos enfrenta el sistema educativo chileno si no regula el uso de inteligencia artificial? ¿Es más riesgoso prohibirla o dejarla sin control?

El costo de no implementar una IA regulada es la obsolescencia estructural de nuestro sistema educativo y la profundización de la brecha de productividad país. Estaríamos formando profesionales para un mundo que ya no existe.

Por otro lado, el riesgo del uso indiscriminado es el fraude académico sistémico y la pérdida de habilidades analíticas básicas. La regulación no debe entenderse como un freno, sino como “los rieles que permiten que el tren avance a máxima velocidad” de manera segura, maximizando el bienestar social y la equidad del sistema. 4.- ¿Tiene el Estado la obligación de capacitar a docentes y estudiantes en inteligencia artificial, o basta con recomendaciones generales?

El Estado chileno sí tiene la obligación jurídica. El artículo 19 N° 10 de nuestra Constitución mandata que la educación tiene como objeto el "desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida", y asigna al Estado el deber de garantizar un sistema de calidad. Hoy, una educación de calidad es indisociable de la competencia digital. Dejar esto en manos de la autorregulación institucional generaría una fragmentación inaceptable: colegios y universidades con recursos capacitarían a sus docentes, mientras que los sectores vulnerables quedarían postergados, lo que vulnera el principio de igualdad ante la ley y la equidad del gasto público, aumentando la brecha existente en la educación Estatal V/S Privada.

5.- ¿El uso excesivo de inteligencia artificial puede afectar el pensamiento crítico, la creatividad o la formación profesional de los estudiantes?

La permisividad ciega, tal como señalé anteriormente, sí lo compromete, pero la integración metodológica lo potencia. Si la evaluación tradicional sigue midiendo la mera retención de información, la IA destruye ese indicador porque puede redactar un ensayo estándar en segundos. Por ende, la "Educación de Calidad" hoy debe redefinirse: ya no mide cuánto sabe el estudiante, sino qué es capaz de hacer con lo que sabe, cómo evalúa críticamente los sesgos de la máquina y cómo resuelve problemas complejos de manera ética y sistémica, existiendo el cuestionamiento respecto del estudiante, si entiende realmente la materia o solo la aprendió y repitió por una evaluación en específico.

6.- Si un estudiante usa inteligencia artificial para realizar trabajos académicos, ¿se pone en riesgo el valor del título profesional?

Este es uno de los mayores desafíos ético-jurídicos. El título profesional otorgado por una institución del Estado, o reconocida por este, es un instrumento que certifica competencias ante la sociedad (fe pública). Si un estudiante obtiene su habilitación legal habiendo tercerizado por completo su razonamiento académico a un Modelo de Lenguaje (LLM), la fe pública se vacía de contenido, poniendo en riesgo a terceros (usuarios, clientes, pacientes).

Para proteger la integridad del título, las universidades deben migrar de manera urgente hacia evaluaciones de proceso, defensas orales rigurosas y metodologías de auditoría del aprendizaje.

7.- ¿La inteligencia artificial en educación puede aumentar la desigualdad por las diferencias de acceso a tecnología?

Sin una intervención estatal distributiva, la IA es un catalizador masivo de desigualdad. Existe una falsa premisa de que la IA es democrática porque es accesible a internet. Sin embargo, la verdadera brecha ya no es de conectividad, sino de calidad de acceso y competencias cognitivas.

Los estudiantes de mayores ingresos acceden a modelos de pago avanzados (con mayor precisión y sin alucinaciones) y poseen el capital cultural para formular prompts complejos. Los sectores postergados quedan relegados a modelos limitados y un uso meramente superficial. El mercado por sí solo no corregirá esta asimetría; se requieren políticas públicas de acceso equitativo y función informativa que fomente un uso eficiente.

8.- Considerando que Chile aún no tiene una ley sobre inteligencia artificial, ¿cuál es el principal desafío para regular su uso en educación?

El vacío legal específico en IA genera incertidumbre, pero no estamos en la anarquía. El mayor desafío es evitar la arbitrariedad algorítmica y la vulneración de derechos fundamentales en las aulas. Mi recomendación técnica es recurrir al Derecho Común y a marcos de Compliance robustos. Debemos aplicar por analogía los principios de la reciente Ley de Protección de Datos Personales que entra en vigencia precisamente este año, exigiendo "privacidad desde el diseño" en las herramientas EdTech y adoptando evaluaciones de impacto algorítmico internas en cada institución, emulando las mejores prácticas internacionales mientras se tramita una legislación general.

El mayor desafío es la incertidumbre regulatoria en un escenario de adopción tecnológica acelerada. Las instituciones educativas están implementando herramientas de IA sin una matriz clara de gestión de riesgos, lo que puede derivar en la vulneración de derechos fundamentales de los estudiantes, como la privacidad, la no discriminación algorítmica y el derecho a la explicabilidad.En este sentido debo hacer mención al proyecto de ley, Boletín N° 16821-19, un proyecto de ley que busca regular los sistemas de Inteligencia Artificial en Chile y que ya se encuentra en su segundo trámite constitucional. Este proyecto chileno sigue de manera muy estrecha el modelo pionero del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (EU AI Act). La similitud fundamental radica en que ambos textos abandonan una regulación puramente sectorial y adoptan un enfoque basado en el riesgo. En lo personal, recomiendo poner bastante atención a dicho proyecto que sienta las bases de como nos relacionaremos con estos modelos de IA. 9.- ¿La inteligencia artificial cambiará la forma en que entendemos el conocimiento y el aprendizaje?

El conocimiento enciclopédico y memorístico ha perdido valor, y eso es positivo si nos permite transitar hacia el desarrollo del pensamiento crítico y práctico. La memoria de almacenamiento ya la tiene la máquina; nosotros debemos entrenar la memoria de trabajo y el discernimiento.

Respecto a si Chile tiene las herramientas para esta transición: a nivel macro, el Ministerio de Educación ha emitido lineamientos valiosos, pero a nivel micro, la brecha de capacitación e infraestructura en el sistema público rural y municipalizado sigue siendo un freno severo. Las herramientas teóricas están; la capacidad de despliegue real es el cuello de botella.

10.- Frente al uso de sistemas automáticos de evaluación, ¿qué derechos deberían tener los estudiantes?

Frente al auge de sistemas automatizados de corrección o de vigilancia (como el proctoring), los estudiantes gozan de garantías constitucionales implícitas en el debido proceso y la protección de la vida privada:****

• Derecho a la explicabilidad: Saber exactamente bajo qué parámetros y criterios el algoritmo emitió una calificación o detectó una presunta copia.
• Derecho a la revisión humana: Ninguna decisión académica sancionatoria o de alto impacto puede quedar indexada exclusivamente a una respuesta automatizada.
• Derecho a la no discriminación algorítmica: Garantizar que los sistemas no perpetúen sesgos socioeconómicos o de género

Sin embargo, hay que ser categóricos en el diagnóstico técnico: de momento, en el ordenamiento jurídico chileno, no existe ninguna norma legal expresa, que respalde o tipifique estos derechos, de forma directa en el ámbito educativo. Ante esta fijeza del legislador, la protección de los estudiantes no puede quedar en el limbo. Actualmente, la integración, vigencia e implementación de estas garantías, dependen exclusiva y directamente de la autonomía y de los Reglamentos Internos de cada institución educativa. Es a través de la potestad reglamentaria de las universidades, institutos y colegios donde se debe materializar este estándar de protección, a lo menos de momento.

Mientras no contemos con una ley (como la que se proyecta en el Boletín N° 16821-19), el Reglamento Académico o de Convivencia de cada institución es la única norma positiva vinculante capaz de consagrar el derecho a un "debido proceso institucional" frente a la IA. La recomendación urgente es que las instituciones auditen sus reglamentos internos y declaren explícitamente estas garantías, transformando la autorregulación en una ventaja de Compliance y un compromiso real con la educación de calidad.

11.- ¿La regulación de la inteligencia artificial en educación debiera centrarse en prohibiciones o en reglas claras para su uso? ¿Quién debiera regularla?

Debe ser un modelo híbrido y descentralizado. Una regulación puramente sancionadora asfixiaría la innovación pedagógica; una basada solo en principios abstractos sería ineficaz.

Corresponde al Legislador fijar el marco de orden público, los límites éticos y las garantías fundamentales del estudiante.

Al Mineduc le compete traducir ese marco en políticas públicas operativas, estándares de calidad y orientaciones técnicas.

Finalmente, corresponde a los propios establecimientos en virtud de su autonomía e identidad institucional dictar sus reglamentos internos de convivencia y honestidad académica, operando como la primera línea de cumplimiento (Compliance).