Reformas al proceso penal y endurecimiento de medidas cautelares ante la demanda ciudadana por mayor seguridad: ¿fortalecimiento del sistema acusatorio o retroceso en garantías?

1.- Frente al aumento de la delincuencia, ¿considera que el sistema penal está respondiendo adecuadamente o requiere reformas estructurales?

El sistema penal chileno enfrenta desafíos relevantes, especialmente ante nuevas formas de criminalidad organizada, delitos violentos y fenómenos delictivos que requieren investigaciones cada vez más complejas. En ese sentido, creo que sí se requieren reformas; sin embargo, no comparto

que la respuesta deba consistir necesariamente en restringir garantías, aumentar penas o endurecer de manera automática las medidas cautelares personales.

El problema de la delincuencia no se resuelve únicamente ampliando el uso de la prisión preventiva o recurriendo con mayor frecuencia al encarcelamiento anticipado de personas que aún no han sido condenadas. Si bien ese tipo de medidas puede generar una sensación inmediata de seguridad, no necesariamente mejora la calidad de la persecución penal ni produce una disminución real de la criminalidad.

A mi juicio, las reformas de fondo deben orientarse a fortalecer la investigación penal, dotar de mejores herramientas técnicas al Ministerio Público y a las policías, mejorar la coordinación institucional, modernizar los mecanismos de análisis criminal y asegurar que las decisiones judiciales se adopten sobre la base de antecedentes suficientes y estándares rigurosos.

Un sistema penal sólido no es aquel que priva de libertad preventivamente a más personas, sino aquel que investiga mejor, acusa cuando cuenta con evidencia suficiente, condena cuando corresponde y absuelve cuando los antecedentes no bastan. Esa es la diferencia entre una política criminal eficaz y una respuesta meramente punitiva o populista.

Por lo mismo, frente al aumento de la delincuencia, la discusión no debería centrarse únicamente en cómo endurecer el sistema, sino en cómo hacerlo funcionar mejor. Ello supone fortalecer la persecución penal, pero también robustecer las políticas de prevención, reinserción social, educación, formación laboral y recuperación de territorios afectados por exclusión y violencia. La seguridad pública exige una respuesta seria del Estado, pero esa respuesta debe ser compatible con las garantías que sostienen un proceso penal democrático.

2.- ¿Qué impacto tiene la preocupación ciudadana por la seguridad en las reformas legales actualmente en discusión?

La preocupación ciudadana por la seguridad tiene un impacto directo en la agenda legislativa. Es comprensible que la ciudadanía exija respuestas frente al aumento de determinados delitos, especialmente tratándose de criminalidad violenta, delitos de alta connotación pública o fenómenos

asociados al crimen organizado. Sin embargo, el riesgo está en que esa presión derive en reformas reactivas, simbólicas o meramente punitivas, más orientadas a entregar una señal inmediata de severidad que a mejorar efectivamente el funcionamiento del sistema penal.

Cuando se legisla desde el miedo, existe el peligro de confundir eficacia con dureza. Endurecer una norma no significa, necesariamente, que el sistema vaya a funcionar mejor. En materia penal y procesal penal, una reforma mal diseñada puede afectar garantías básicas, especialmente la presunción de inocencia, el derecho a defensa, la proporcionalidad de las sanciones y la excepcionalidad de las medidas cautelares personales.

Me parece que algunos de los proyectos actualmente en discusión reflejan precisamente esa tensión. Se advierte una tendencia a ampliar el margen de intervención punitiva del Estado, ya sea mediante la extensión de los plazos de prescripción, la restricción de salidas alternativas, el endurecimiento de penas, la ampliación del uso de la prisión preventiva o incluso la creación de registros asociados a la pérdida o suspensión de beneficios sociales frente a determinadas infracciones, delitos o incivilidades.

Este último punto me parece especialmente relevante, porque muestra que la discusión actual no es sólo técnica, sino profundamente político-criminal. El denominado proyecto de Registro de Vándalos e Incivilidades evidencia una orientación legislativa que busca responder al temor ciudadano mediante nuevas formas de sanción y control, incluso más allá de la pena penal tradicional. Sin perjuicio de que el Estado pueda y deba reaccionar frente a conductas que afectan la convivencia social, cualquier respuesta de esa naturaleza debe respetar estrictamente los principios de proporcionalidad, igualdad ante la ley, debido proceso y no discriminación.

El problema es que este tipo de medidas puede producir una sensación inmediata de seguridad, pero no necesariamente resuelve las causas ni las deficiencias estructurales de la persecución penal. Una política criminal seria no puede limitarse a ampliar castigos o restricciones; debe preguntarse si esas medidas son eficaces, si son constitucionalmente admisibles y si no terminan afectando con mayor intensidad a determinados grupos de la población.

La seguridad pública es un fin legítimo del Estado, pero debe perseguirse dentro de los límites del Estado de Derecho. El legislador debe hacerse cargo de la demanda ciudadana por seguridad, pero sin transformar el proceso penal ni el sistema sancionatorio en instrumentos de control social general. La respuesta no puede ser simplemente castigar más, encarcelar más o restringir más derechos, sino investigar mejor, fortalecer la prueba, mejorar la coordinación institucional y diseñar políticas criminales eficaces, proporcionales y respetuosas de las garantías fundamentales.

3.- En el contexto actual, ¿es razonable ampliar el uso de la prisión preventiva o existe riesgo de un uso excesivo de esta medida cautelar?

Existe un riesgo evidente de uso excesivo de la prisión preventiva. Esta medida ha ido perdiendo, en la práctica, su carácter excepcional y de última ratio. Muchas veces se discute como si fuera una consecuencia casi natural frente a la gravedad del delito imputado, cuando en realidad debe responder a una necesidad cautelar concreta, fundada y proporcional.

La prisión preventiva no puede decretarse para anticipar una pena ni para entregar una señal pública de severidad. Su finalidad no es castigar, sino asegurar fines específicos del procedimiento y resguardar riesgos determinados, conforme a los presupuestos que establece la ley. Por eso, la gravedad del delito puede ser un antecedente relevante, pero no puede sustituir el análisis particular del caso ni transformar la privación de libertad en una regla automática.

Me parece especialmente preocupante que se propongan fórmulas que presuman legalmente la peligrosidad del imputado o que trasladen a la defensa la carga de acreditar que otra medida cautelar resulta suficiente. En un sistema acusatorio, la carga de justificar una medida tan intensa como la prisión preventiva debe recaer en quien la solicita. Si se invierte esa lógica, la libertad deja de ser la regla general y la prisión preventiva comienza a operar como una forma encubierta de pena anticipada.

Esto colisiona directamente con la presunción de inocencia. Una persona formalizada sigue siendo inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme. Por lo mismo, el proceso penal no puede tratarla

anticipadamente como culpable bajo criterios generales de peligrosidad o alarma social. De lo contrario, se debilita el sistema acusatorio y se retrocede hacia lógicas más próximas a un modelo inquisitivo, donde la investigación y la sospecha justificaban restricciones intensas de libertad.

La Constitución reconoce que la libertad personal es la regla y que la prisión preventiva sólo procede cuando el juez la estima necesaria para la investigación, la seguridad del ofendido o la seguridad de la sociedad. Sin embargo, esa necesidad debe ser real, concreta y controlada judicialmente. No basta invocar la gravedad del delito ni la presión social existente en torno a la delincuencia.

A nivel interamericano, la CIDH ha insistido en que la prisión preventiva debe ser excepcional, legal, necesaria y proporcional, y que no puede funcionar como herramienta de control social ni como pena anticipada. Ese estándar es relevante, porque recuerda que la seguridad ciudadana no puede obtenerse a costa de vaciar de contenido la presunción de inocencia.

Por eso, no me parece razonable ampliar su uso como regla práctica. Lo razonable es fortalecer la investigación penal, mejorar la calidad de la prueba, asegurar audiencias cautelares bien fundadas y utilizar la prisión preventiva sólo cuando las demás medidas cautelares resulten insuficientes. Un sistema penal eficaz no es el que encarcela preventivamente a más personas, sino el que logra justificar racionalmente cuándo esa medida extrema es realmente necesaria.

4.- ¿Qué condiciones deberían cumplirse para endurecer las medidas penales sin afectar los derechos fundamentales de las personas?

En primer lugar, cualquier reforma respete los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad, excepcionalidad y control judicial. El Estado puede fortalecer su respuesta frente a la delincuencia, pero no puede hacerlo debilitando las garantías que limitan el ejercicio del poder punitivo.

También es fundamental distinguir entre penas y medidas cautelares. Las penas suponen una sentencia condenatoria; en cambio, las medidas cautelares se aplican respecto de personas que aún son jurídicamente inocentes. Por eso, cuando se trata de prisión preventiva u otras medidas restrictivas de libertad, el estándar debe ser especialmente estricto. No pueden operar como sanción anticipada ni como mecanismo general de neutralización social.

En tercer lugar, cualquier endurecimiento debe estar fundado en evidencia y no únicamente en percepción pública, presión mediática o demandas coyunturales de seguridad. No basta con afirmar que una medida será más eficaz; el legislador debe justificar qué problema concreto busca resolver, por qué la medida es idónea para enfrentarlo, si existen alternativas menos gravosas y cómo se evitarán efectos desproporcionados o regresivos.

Asimismo, deben evitarse los automatismos legales. La gravedad del delito imputado puede ser un antecedente relevante, pero no puede reemplazar el análisis particular del caso. Si la ley establece presunciones amplias de peligrosidad o reduce el margen de control judicial, se corre el riesgo de transformar decisiones que deben ser fundadas y concretas en respuestas casi automáticas. Eso es especialmente delicado en materia de prisión preventiva, porque afecta directamente la libertad personal y la presunción de inocencia.

Por último, deben fortalecerse los controles judiciales. Una medida intensa, como la prisión preventiva, exige motivación estricta, revisión periódica y análisis individualizado de necesidad cautelar. El juez debe evaluar si la medida es indispensable y si otras cautelares menos gravosas resultan insuficientes. En un Estado de Derecho, la eficacia de la persecución penal no puede construirse sobre la base de debilitar el debido proceso, sino de mejorar la calidad de la investigación, la prueba y la fundamentación de las decisiones.

5.- ¿Hasta dónde puede fortalecerse la acción del Estado contra la delincuencia sin comprometer garantías como la presunción de inocencia y el debido proceso?

La acción del Estado puede fortalecerse ampliamente, pero siempre dentro de los límites que justifican el ejercicio legítimo del poder punitivo. El Estado puede —y debe— mejorar la investigación criminal, la persecución del crimen organizado, la protección de víctimas, la trazabilidad patrimonial y la coordinación entre el Ministerio Público y las policías. Todo eso es compatible con un sistema acusatorio y garantista.

Lo que no puede hacer es presentar las garantías como obstáculos para la persecución penal. La presunción de inocencia, el derecho a defensa y el debido proceso no son concesiones al imputado, sino condiciones mínimas de legitimidad del ius puniendi. Sin ellas, el sistema puede volverse más rápido o más severo, pero también más arbitrario.

Por eso, el límite está en no sustituir la prueba por sospecha, ni la sentencia por una medida cautelar. Fortalecer la persecución penal no debe significar debilitar los controles del proceso, sino mejorar la calidad de la investigación, elevar el estándar de fundamentación y asegurar que toda restricción de derechos tenga una justificación legal, concreta y proporcional.

6.- Algunos sostienen que el endurecimiento de las leyes puede debilitar el sistema de garantías. ¿Comparte esa preocupación?

Sí, comparto esa preocupación. El endurecimiento legislativo no es problemático por sí mismo; lo problemático es cuando se utiliza como respuesta automática frente a la inseguridad, sin evaluar su eficacia real ni sus efectos sobre los derechos fundamentales.

En Chile existe una tendencia a pensar que cada problema penal se soluciona aumentando penas, restringiendo salidas alternativas o ampliando medidas cautelares. Esa lógica puede desplazar el principio de ultima ratio y acercarnos a un modelo de expansión punitiva, donde el derecho penal deja de ser un instrumento excepcional para transformarse en la primera respuesta del Estado.

Mi mayor preocupación está en la prisión preventiva. Cuando esta medida se generaliza, pierde su naturaleza cautelar y comienza a operar como una pena anticipada. Eso afecta al imputado, pero también la legitimidad del sistema completo, porque se castiga antes de probar. En un Estado de Derecho, las garantías deben operar precisamente en los casos difíciles, cuando existe presión social por castigar.

7.- Desde su perspectiva, ¿las principales falencias están en la legislación vigente o en su aplicación por parte de jueces, fiscales y policías?

Creo que existen problemas en ambos niveles, pero las principales falencias están en la aplicación práctica y en la capacidad institucional del sistema. Muchas veces se atribuye a la legislación una ineficacia que en realidad proviene de investigaciones deficientes, falta de especialización, sobrecarga de trabajo, escasa coordinación interinstitucional o ausencia de recursos técnicos suficientes.

El Código Procesal Penal ya contempla herramientas relevantes para investigar, formalizar, solicitar cautelares y llevar los casos a juicio. El problema es que, cuando la investigación no es sólida, la respuesta no puede ser bajar los estándares ni ampliar automáticamente medidas más gravosas. Eso implicaría trasladar al imputado el costo de las deficiencias institucionales.

La solución no es debilitar garantías, sino mejorar la calidad de la persecución penal.

8.- En su opinión, ¿qué reformas considera prioritarias para mejorar la persecución penal y enfrentar la delincuencia de manera efectiva?

Priorizaría reformas orientadas a fortalecer la investigación y la capacidad institucional, no sólo a aumentar el encarcelamiento. Por ejemplo, unidades especializadas del Ministerio Público, mejores herramientas de análisis criminal, fortalecimiento de la persecución patrimonial, protección efectiva de víctimas y testigos, interoperabilidad de información entre instituciones y mayor capacidad técnica para investigar criminalidad organizada y delitos complejos.

También considero fundamental fortalecer la defensa penal. Un sistema adversarial sólo funciona correctamente si existe equilibrio entre persecución y defensa. La defensa no es un obstáculo para la justicia; es una garantía de que el Estado pruebe correctamente sus imputaciones y de que ninguna persona sea condenada o privada de libertad sin fundamento suficiente.

En materia cautelar, más que ampliar la prisión preventiva, deberían fortalecerse medidas alternativas eficaces, mecanismos de supervisión, control periódico y fundamentación estricta. La pregunta no debería ser cómo encarcelar más rápido, sino cómo asegurar los fines del procedimiento respetando la presunción de inocencia.

9.- ¿Cómo puede el legislador compatibilizar una mayor seguridad ciudadana con el respeto irrestricto de los derechos y garantías fundamentales?

El legislador puede compatibilizar ambos objetivos si diseña reformas desde una política criminal seria, fundada en evidencia, proporcionalidad y control judicial. La seguridad ciudadana y las garantías fundamentales no son conceptos incompatibles; por el contrario, una persecución penal legítima requiere que el Estado actúe eficazmente, pero dentro de los límites que impone la Constitución y el debido proceso.

En ese sentido, el legislador debe evitar soluciones automáticas, especialmente en materia de prisión preventiva. La gravedad del delito imputado puede ser un antecedente relevante, pero no puede sustituir el análisis concreto de la necesidad de cautela. Cada caso exige una decisión fundada, individualizada y revisable, porque la libertad personal es la regla y la privación anticipada de libertad debe ser excepcional.

También me parece necesario avanzar en mayor transparencia judicial y pedagogía pública del sistema penal. Muchas veces la ciudadanía percibe que el sistema es injusto o excesivamente garantista porque sólo observa decisiones aisladas, sin comprender los estándares probatorios, las cargas de la persecución penal ni la diferencia entre una persona imputada y una persona condenada. Del mismo modo, también existen casos en que personas privadas de libertad mediante prisión preventiva terminan posteriormente absueltas o sobreseídas por falta de antecedentes suficientes. Esa realidad debe transparentarse, porque demuestra por qué la presunción de inocencia no es una formalidad, sino una garantía esencial frente al error estatal.

Por eso, la compatibilización entre seguridad y garantías no depende sólo de endurecer o no endurecer leyes. También exige educación cívica,

formación constitucional y mayor comprensión ciudadana sobre los derechos que nos asisten. Sería importante incorporar estos contenidos en espacios educacionales, laborales e institucionales, porque la Constitución no es un texto ajeno a la vida cotidiana: es la base que estructura el poder del Estado y protege a las personas frente a eventuales excesos.

Una política criminal democrática debe proteger a la ciudadanía sin renunciar a los principios que limitan el poder punitivo. La seguridad legítima no se construye debilitando garantías, sino fortaleciendo instituciones capaces de investigar, probar y sancionar conforme a derecho, y explicando a la ciudadanía por qué esos límites son indispensables en un Estado de Derecho.

10.- Pensando en los próximos años, ¿cuál cree que es el principal desafío que enfrenta el sistema procesal penal chileno?

El principal desafío del sistema procesal penal chileno será responder a fenómenos delictivos cada vez más complejos sin erosionar las bases del modelo acusatorio. La criminalidad organizada, los delitos violentos, la prueba digital, el lavado de activos y las estructuras transnacionales exigen mejores capacidades investigativas; pero esa necesidad no autoriza a debilitar la presunción de inocencia, el derecho a defensa ni el control judicial de las medidas intrusivas.

Desde una perspectiva técnica, el desafío está en equilibrar eficacia investigativa y garantías procesales. Esto implica fortalecer al Ministerio Público y a las policías, mejorar la producción y conservación de prueba, especializar unidades investigativas, perfeccionar la persecución patrimonial y robustecer la coordinación interinstitucional. Pero todo ello debe realizarse bajo estándares de legalidad, contradicción, proporcionalidad y jurisdiccionalidad.

En materia cautelar, el desafío será preservar la naturaleza instrumental de la prisión preventiva. Esta medida no puede transformarse en una respuesta anticipada al delito ni en una forma de neutralización general del imputado. Su legitimidad depende de que siga siendo excepcional, necesaria, proporcional y fundada en antecedentes concretos del caso.

Por eso, el futuro del sistema procesal penal no debería medirse sólo por cuántas personas logra encarcelar preventivamente, sino por la calidad de sus investigaciones, la solidez de sus acusaciones, el respeto de sus garantías y la legitimidad de sus decisiones.