Tema
Confianza legítima y probidad administrativa
El máximo tribunal concluyó que la investigación penal y el sumario administrativo por posibles delitos funcionarios eran antecedentes suficientes para afectar la confianza e idoneidad exigidas en los cargos, pese a los casi veinte años de servicio de las recurrentes.
28 de julio de 2026
Carrera funcionaria
La funcionaria judicial acudió al Tribunal Constitucional luego de que su inasistencia a una evaluación, motivada por una urgencia médica de su padre, fuera calificada con puntaje cero y provocara la eliminación de una nota anterior de 15 puntos. Alega que la medida afectó su carrera funcionaria, el mérito, la igualdad ante la ley y el derecho humano al cuidado.
27 de julio de 2026
Empleo público municipal
Concluyó que los empleos a contrata tienen carácter transitorio y que la protección derivada del principio de confianza legítima solo opera respecto de funcionarios que acrediten más de cinco años de desempeño continuo en el cargo.
23 de julio de 2026
El presente artículo analiza los fallos de la Corte de Apelaciones de Arica y de la Corte Suprema que rechazaron un recurso de protección deducido por dos ex funcionarias a contrata del Ministerio de Bienes Nacionales, en el que se discutió la aplicación del principio de confianza legítima frente a la decisión de no renovar sus contratas por existir una investigación penal y un sumario administrativo en curso. Se examina, en particular, la tensión entre dicho principio, la probidad administrativa y la presunción de inocencia, a la luz de los antecedentes procesales del caso.
22 de julio de 2026
Confianza legítima
El máximo tribunal revocó el fallo que había ordenado reincorporar a la funcionaria de la Municipalidad de Maipú, al resolver que el período servido como suplente en un cargo directivo no puede computarse para completar los cinco años de contrata exigidos para invocar el principio de confianza legítima.
17 de julio de 2026
Contrata municipal
El máximo tribunal rechazó el recurso de un funcionario de la Municipalidad de Valparaíso, al concluir que su vínculo terminó automáticamente el 31 de diciembre y que no estaba protegido por la confianza legítima, pues no completó cinco años continuos a contrata.
15 de julio de 2026
Contrata municipal
El máximo Tribunal revocó lo resuelto por la Corte de Santiago y rechazó el recurso de protección de una funcionaria, al estimar que el decreto alcaldicio se encontraba debidamente fundado en razones presupuestarias y en la necesidad de ajustar el gasto en personal a contrata. Sin perjuicio de ello, ordenó remitir los antecedentes a la Contraloría para que verifique los fundamentos invocados por el municipio.
14 de julio de 2026
Empleo público y confianza legítima
Concluyó que el principio de confianza legítima no resulta aplicable cuando el funcionario a contrata ya percibe una pensión derivada de un empleo público anterior, pues en ese caso la contrata no constituye su única fuente de ingresos provenientes del Estado.
10 de julio de 2026
La columna cuestiona el criterio de la Corte Suprema que rechazó una acción de protección destinada a obtener el cumplimiento de dictámenes de Contraloría que ordenaban reincorporar a una funcionaria pública, y advierte que esa decisión debilita el control judicial sobre la Administración y la tutela efectiva de los derechos fundamentales.
08 de julio de 2026
Límites de la acción de protección
Concluyó que la controversia debía resolverse mediante la acción judicial prevista en el Estatuto Docente, por lo que el recurso de protección no era la vía idónea para discutir la legalidad de la decisión.
07 de julio de 2026
Probidad administrativa
El máximo tribunal rechazó el recurso de casación deducido por el postulante seleccionado y mantuvo firme la invalidación del concurso para proveer el cargo de Subdirector Regional de Ñuble, al estimar que tuvo acceso a información privilegiada, intervino en antecedentes vinculados a la vacante y no se abstuvo de participar en el proceso
06 de julio de 2026
Confianza legítima
La Corte de Santiago acogió el recurso de protección presentado por un piloto analista de la Dirección General de Aeronáutica Civil que prestó servicios durante casi 15 años, concluyendo que la autoridad no justificó suficientemente la decisión de poner término a su contrata pese a encontrarse amparado por el principio de confianza legítima. La sentencia ordenó su reincorporación y el pago íntegro de las remuneraciones dejadas de percibir.
03 de julio de 2026
Cómputo de servicios a honorarios
Concluyó que los servicios prestados a honorarios no pueden computarse para configurar la confianza legítima sin que previamente se determine, en sede laboral, la existencia de una relación de trabajo.
30 de junio de 2026
Contrata en Aduanas
La Corte de Valparaíso descartó ilegalidad y arbitrariedad en el término anticipado de la contrata, al estimar que el acto fue debidamente fundado. El fallo consideró que la funcionaria no tenía un derecho indubitado a permanecer en el cargo y que la controversia también fue llevada ante la Contraloría mediante un reclamo de legalidad pendiente.
26 de junio de 2026
Confianza legítima
El tribunal concluyó que la decisión de no renovar la contrata para 2026 carecía de una motivación clara y suficiente, pues mezclaba razones relativas al término de proyectos institucionales, desempeño laboral, licencias médicas y conflictos internos sin identificar cuál justificaba efectivamente la medida, ordenando la reincorporación de la trabajadora y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir.
26 de junio de 2026
Confianza legítima
El máximo tribunal reconoció que el funcionario estaba amparado por el principio de confianza legítima, pero concluyó que el municipio justificó adecuadamente el término de la contrata en la necesidad de reducir gastos y ajustarse a los límites legales de contratación. Voto en contra; fundamentación del decreto es insuficiente para justificar el término de la contrata de un funcionario protegido por la confianza legítima. Los antecedentes aportados por el municipio no acreditaban adecuadamente las razones invocadas para adoptar la medida
19 de junio de 2026
Confianza legítima no asegura mantener grado ni funciones
Determinó que la modificación de las funciones desempeñadas por una funcionaria a contrata permitía ajustar el grado asignado a su cargo, precisando que el principio de confianza legítima no garantiza la mantención de una función específica ni de un determinado nivel remuneracional.
18 de junio de 2026
Contraloría debe velar por el cumplimiento de sus dictámenes
Determinó que el recurso de protección no constituye la vía idónea para obtener la ejecución de pronunciamientos de la Contraloría, pues el propio organismo cuenta con facultades legales para velar por su cumplimiento.
11 de junio de 2026
Sanción administrativa
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la reclamación de Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. en contra de la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) y dejó sin efecto la multa de 76 ingresos mínimos mensuales que le había sido aplicada por un supuesto incumplimiento de la obligación de reserva de cobre destinada al abastecimiento…
04 de junio de 2026
Término anticipado de contrato por incumplimiento
Concluyó que el incumplimiento del proveedor no obedeció a fuerza mayor ni caso fortuito y que la decisión de poner término anticipado al contrato fue proporcional, fundada y ajustada a las Bases de la licitación y a la normativa de compras públicas
03 de junio de 2026
Corte de Apelaciones — Derecho Administrativo Minero
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de reclamación interpuesto por Compañía Minera Teck Quebrada Blanca y dejó sin efecto una multa de 76 ingresos mínimos mensuales. El tribunal estimó que la Comisión Chilena del Cobre incurrió en cambio injustificado de criterio interpretativo sobre prescripción.
03 de junio de 2026
Límites a la confianza legítima de funcionarios a contrata
Confirmó el rechazo del recurso presentado por dos funcionarios de la Subsecretaría de Bienes Nacionales y sostuvo que la existencia de una investigación por presuntos delitos funcionarios y de un sumario administrativo constituían antecedentes suficientes para descartar una expectativa protegida de continuidad en el cargo.
31 de mayo de 2026
Contrata y confianza legítima
Concluyó que la decisión administrativa se encontraba suficientemente motivada, al fundarse en la formalización penal del funcionario, su prisión preventiva y el impacto que tales antecedentes generaban sobre la confianza pública y la imagen institucional del servicio.
30 de mayo de 2026
Descartó vigencia actual de beneficio histórico municipal
La sentencia concluyó que el beneficio remuneracional creado por un decreto alcaldicio de 1996 fue posteriormente revocado válidamente por la Municipalidad, descartando la actual exigibilidad jurídica de la asignación pese a existir antecedentes de pagos históricos y aplicación práctica del sistema.
29 de mayo de 2026
Recurso de protección acogido
La Corte de Santiago concluyó que el Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria vulneró el principio de confianza legítima al no renovar la contrata de un funcionario con más de cinco años de servicio, sin una fundamentación suficiente ni un procedimiento disciplinario previo.
26 de mayo de 2026
El caso Wadalafken reabrió el debate sobre el alcance de las facultades de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero bajo la Ley Lafkenche, cuestionando si una reducción sustancial de un ECMPO equivale materialmente a un rechazo parcial y qué estándar de fundamentación debe cumplir la autoridad al limitar espacios respecto de los cuales CONADI acreditó uso consuetudinario indígena.
24 de mayo de 2026
En esta columna, el autor responde al análisis de Héctor Sebastián Díaz O´kuinghttons sobre la denominada “ley de amarre”, profundizando el debate jurídico en torno al régimen de las contratas, el alcance del principio de confianza legítima y la necesidad de una reforma estructural al empleo público.
12 de enero de 2026
El autor analiza el dictamen de la Contraloría General de la República Nº E561358-2024, que calificó como “asunto litigioso” lo relativo a la aplicación del principio de confianza legítima a los funcionarios públicos a contrata (habida consideración la “desalineación” en relación a esta materia entre la jurisprudencia administrativa y la jurisprudencia judicial), absteniéndose de pronunciarse al respecto, en lo sucesivo; así como también, la sentencia de la Corte Suprema Rol Nº 9.184-2025, primera que validó dicho criterio.
09 de enero de 2026