Tribunal Constitucional · página 2

Se solicitó al Tribunal Constitucional declarar inaplicable por inconstitucionalidad el artículo 4° de la Ley N°20.720, sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, en el marco de un recurso de apelación pendiente ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Se solicitó al Tribunal Constitucional declarar inaplicable por inconstitucionalidad el inciso segundo del artículo 273 B de la Ley N°20.720, que permite al juez denegar una solicitud de Liquidación Voluntaria cuando estime insuficiente o incumplido alguno de los requisitos o antecedentes…

Se solicitó al Tribunal Constitucional declarar inaplicable por inconstitucionalidad el artículo 456 del Código del Trabajo, en cuanto, según sostiene la requirente, “autoriza, tolera o permite la integración del principio pro-operario en la valoración probatoria fáctica”.

La Corporación Educativa Grasp presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 73, letra f), de la Ley N°20.529, disposición que contempla como sanción la revocación del reconocimiento oficial del Estado de un…

El Tribunal Constitucional recibió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad mediante el cual se solicita que se declaren inaplicables, para la resolución de un juicio civil seguido en contra de la Municipalidad de Punta Arenas, el inciso primero del artículo transitorio de la…

El Tribunal Constitucional desestimó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por la Tesorería General de la República respecto del artículo 28, inciso segundo, de la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública, al producirse un empate de cuatro votos contra…

El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Municipalidad de Santiago respecto del artículo 358 N°5 del Código de Procedimiento Civil, norma que declara inhábiles para declarar como testigos a los trabajadores y dependientes…

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovido respecto del artículo 394 del Código Civil, norma que establece que la venta de los bienes de una persona sometida a tutela o curaduría debe efectuarse mediante pública subasta. La…

Se presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de dos disposiciones legales que inciden sobre una misma deuda derivada del Crédito con Aval del Estado (CAE), aunque desde ámbitos diferentes. La primera impugnación se dirige…

Se solicitó al Tribunal Constitucional que declare inaplicable por inconstitucionalidad los números 1 y 2 del artículo 194 del Código de Procedimiento Civil, específicamente en cuanto establecen que las apelaciones contra resoluciones dictadas contra el demandado en juicios ejecutivos y contra…

Un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad fue presentado ante el Tribunal Constitucional en representación de las directivas y familias agrupadas en la 3ª Coordinadora de Pobladoras y Pobladores de La Pintana, organización que integra a 44 comités de vivienda de la comuna, con…

Una deudora del Crédito con Aval del Estado presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de dos expresiones contenidas en el artículo 35 del Decreto Ley N°1.263, con el objeto de impedir que sean aplicadas en un recurso de…

El Tribunal Constitucional acogió parcialmente –por mayoría- un requerimiento de inaplicabilidad presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) respecto de determinadas frases del artículo 186 Código Procesal Penal, en el marco de una investigación por posibles actos de tortura…

El Ejecutivo impugnó el artículo 31 del proyecto de reconstrucción, que obliga a empresas eléctricas, sanitarias y de gas a reconectar gratuitamente a usuarios afectados por cortes por no pago en zonas de catástrofe. Sostiene que la disposición fue incorporada mediante una indicación parlamentaria sin relación directa con las ideas matrices de la iniciativa, en infracción del artículo 69 de la Constitución.

Por mayoría, el Tribunal Constitucional descartó que la improcedencia del abandono vulnere la igualdad, el plazo razonable o la seguridad jurídica. La disidencia sostuvo que una paralización superior a diez años sin consecuencias procesales puede contradecir el mandato de una pronta y cumplida administración de justicia.

El Tribunal Constitucional concluyó que determinar si la resolución que rechazó un incidente de nulidad y dejó firme la decisión de no perseverar es apelable corresponde a la Corte de Apelaciones de Santiago, al tratarse de una cuestión de legalidad. Advirtió además que declarar inaplicable el artículo 370 del Código Procesal Penal podría perjudicar a la propia empresa, pues eliminaría la norma en que sustenta la procedencia de su recurso.

La mayoría sostuvo que el artículo 472 del Código del Trabajo configura legítimamente el régimen recursivo de la ejecución laboral y no afecta el derecho al recurso en su esencia. Tres ministros disintieron y estimaron que impedir la revisión superior de una decisión con efectos patrimoniales podía vulnerar las garantías de un procedimiento racional y justo.

La Primera Sala escuchará alegatos en una causa en que propietarias de tres predios de Padre Las Casas cuestionan la aplicación del artículo 2.514 del Código Civil, al estimar que el cómputo de la prescripción desde 1960 podría impedirles obtener una indemnización por una servidumbre eléctrica que continúa afectando sus terrenos. CGE pide declarar inadmisible el requerimiento, argumentando que la controversia corresponde a la judicatura ordinaria y que las requirentes incurren en contradicciones respecto de la exigibilidad de la obligación.

El Tribunal Constitucional rechazó, por empate de votos y al no alcanzarse la mayoría necesaria, un requerimiento contra el artículo 472 del Código del Trabajo. El trabajador buscaba que un tribunal superior revisara la resolución que declaró abandonado el procedimiento de cobranza. Mientras cuatro integrantes estimaron que la restricción de la apelación responde al diseño célere de la ejecución laboral, otros cuatro consideraron que impedir la revisión de una resolución que pone término al procedimiento podía vulnerar el debido proceso.

El Tribunal Constitucional estimó que la norma que reserva a los cónyuges y herederos la acción de nulidad de un matrimonio celebrado en artículo de muerte responde a una opción legislativa razonable, orientada a proteger la estabilidad del vínculo y evitar impugnaciones de terceros sin una relación jurídica suficiente. La madre de la fallecida cuestionaba el matrimonio celebrado cuatro días antes de su muerte.

El Tribunal Constitucional estimó que el requerimiento perdió objeto porque Kaiser ya había dejado el cargo al finalizar su período parlamentario y concluyó que no correspondía aplicar de manera autónoma la inhabilidad de dos años. La decisión contó con votos disidentes que estuvieron por acoger la acción y declarar configurada la causal del artículo 60 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de una empresa y declaró inaplicable el artículo 470, inciso primero, del Código del Trabajo en una cobranza laboral, al estimar que, en las circunstancias particulares del caso, la limitación de excepciones impedía discutir si la carta utilizada por los trabajadores constituía realmente un título ejecutivo, generando una privación sustancial del derecho a defensa. Para la disidencia los elementos del caso pueden ser valorados por el juez laboral al resolver las excepciones ya interpuestas.

El Tribunal Constitucional declaró inaplicable el artículo 206 del Código Civil al estimar que su aplicación podría impedir el reconocimiento del origen biológico del demandante, establecer una diferencia arbitraria y limitar su acceso a la justicia. La decisión contó con tres votos en contra y una prevención fundada exclusivamente en la igualdad ante la ley.

La magistratura impuso una suspensión de un mes para ejercer la profesión y una multa tras concluir que diversas referencias incorporadas en una presentación de inaplicabilidad no correspondían a las fuentes señaladas, vulnerando el deber de buena fe procesal.

El Tribunal Constitucional rechazó la acción del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental que cuestionaba la aplicación de los conceptos “sentencia definitiva” en la Ley de Tribunales Ambientales y el Código de Procedimiento Civil. Concluyó que el requerimiento se sustentaba en una hipótesis futura y que no existía una vulneración efectiva a garantías constitucionales. Voto disidente; impedir revisión por la Corte Suprema en causa ambiental afecta el derecho al recurso.

Una enfermera matrona sostiene que la sanción se aplicó automáticamente, sin ponderar que la licencia era auténtica, el reposo era relativo y el viaje respondió a una emergencia familiar. El requerimiento alega falta de proporcionalidad, motivación e igualdad frente a otros funcionarios sancionados con multas.

El requerimiento sostiene que la decisión del Ministerio Público de no perseverar en una causa no formalizada dejaría a las víctimas sin posibilidad de acusar ni recurrir. También denuncia un eventual conflicto de interés, pues uno de los querellados sería integrante del organismo persecutor.

El requerimiento sostiene que la universidad declaró vacante el cargo basándose en el uso prolongado de licencias médicas, sin respetar el juicio técnico de la COMPIN, garantizar un procedimiento previo de defensa ni evaluar medidas menos gravosas, como la adaptación o reubicación laboral.

El requerimiento de inconstitucionalidad sostiene que el procedimiento sancionatorio fue regulado mediante un auto acordado, pese a tratarse de materias reservadas a la ley. También cuestiona que la sanción impuesta a un funcionario fuera agravada mientras se encontraba pendiente su apelación, sin audiencia previa ni posibilidad de formular observaciones.

La Magistratura estimó que el requerimiento no planteó un conflicto constitucional concreto, sino una discrepancia sobre la interpretación de normas procesales y el mérito de resoluciones judiciales desfavorables.