Tribunales por país

determinó que debía otorgarse indemnización por daño moral, ya que, a raíz de las secuelas generadas por la intervención quirúrgica, la accionante experimentó malestar, debiéndose someter a cirugía correctora.

Según la Jurisprudencia de la UE, debe existir un objeto original que constituya una creación intelectual propia de su autor; y la consideración de obra se reserva a los elementos que expresan dicha creación intelectual.

Es necesario limitar el uso de los servicios y herramientas de rastreo sólo a los casos en donde se pone en peligro la seguridad pública de la Nación.

El Código Penal colombiano contempla una condena que va desde 12 hasta 20 años de prisión para quien sea condenado por acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.

Aunque la posición política del accionante pueda ser consultada abiertamente por cualquier usuario de Twitter, la Administración y la compañía accionada no están facultadas para publicar sus “datos sensibles” sin mediar su consentimiento expreso.

La sentencia recuerda que el proceso de electoral ha de cumplir con sus cometidos respetando los principios de neutralidad informativa y de respeto al pluralismo político y a la igualdad.

El actor arguyó que, las disposiciones del Código Procesal Penal cuya constitucionalidad cuestiona, desconocen los derechos de la defensa en contexto de un debido proceso, en la medida que no prevén informar o notificar previamente al tutor o curador.

El Máximo Tribunal colombiano señaló que no estaba probado que la presencia de las tropas de EE.UU. en Colombia tuviera como objetivo preparar un ataque contra Venezuela, como lo alegaba la demandante.

El Juzgado Constitucional declaró fundada en parte la demanda de amparo, al considerarse afectados los derechos a la dignidad, autonomía, libre desarrollo de su personalidad y la amenaza de no sufrir tratos crueles e inhumanos.

Según el precedente de la Corte Suprema, los agentes pueden ingresar a una casa sin una orden judicial cuando persiguen a un presunto delincuente.

Rodríguez señala que "corresponde advertir un procedimiento parlamentario de acusación constitucional (antejuicio político y/o juicio político como el Caso Vacunagate). Se deberán respetar todos y cada uno de los derechos contenidos en el debido proceso".

El Tribunal Supremo británico señaló que, en primer lugar, el Tribunal de Apelaciones erró en su consideración en cuanto a la procedencia de una apelación contra una decisión del Secretario de Estado para denegar a una persona un permiso de entrada.

“Los derechos humanos no son un monopolio de un pequeño número de países, y menos aún deberían utilizarse como herramienta para presionar a otros países e inmiscuirse en sus asuntos internos”

La declaración de derogación de la norma se suspendió durante dos años para permitir al Parlamento subsanar sus defectos

La norma, que aprobó el Parlamento el 29 de enero, se ve así bloqueada en espera de la sentencia judicial.

La libertad de expresión se puede limitar a través de medidas jurisdiccionales cuando tiendan a la protección del interés superior del niño y la protección de derechos personalísimos de los menores.

El Tribunal español prohibió a LIDL importar, publicitar o comercializar la máquina ‘Monsieur Cuisine Connect’, por vulnerar los derechos de exclusiva que se derivan de la patente.

Suponía la obligación para el trabajador con categoría de repartidor de aportar un teléfono móvil personal con conexión a Internet para usar en él aplicaciones informáticas de la empresa con el fin de facilitar su geolocalización durante el reparto.

Se afirma que hasta ahora la sentencia referencia, por la que se regía el Tribunal Constitucional, era la 258/2007, de 18 de diciembre. Esta imponía al recurrente probar de qué forma habría repercutido sobre el resultado de la sentencia condenatoria caso de haber podido hacer uso del derecho a la última palabra.

La BCN afirma que tanto en Australia como en Chile, al igual que en el resto del mundo, existe una desventaja en el área de las ciencias para las mujeres. En busca de frenar esta situación, la gran isla de Oceanía creó un plan que se extenderá durante diez años para incluir más la participación femenina.

El autor afirma que la autoridad sanitaria peruana (MINSA) ha cumplido con publicar oportunamente el Protocolo Sanitario que establece las medidas de seguridad y prevención contra la COVID 19 para las actividades de la campaña electoral en las Elecciones Generales 2021.

Al momento de la inscripción la demandante poseía una deuda cierta, exigible y no controvertida con el banco que fue inscrita en conformidad a derecho.

Ello a raíz de un proyecto de ley que presentó el gobierno que tenía por objetivo obligar a las plataformas tecnológicas a negociar con los medios de comunicación un pago por las noticias que subían a sus plataformas.

La recurrente no formalizó su vínculo matrimonial ni su relación de hecho en conformidad a las fórmulas que ofrece la legislación española.

Los delitos referidos a los servicios de telecomunicaciones deben ser sustanciados en el fuero federal.

El fallo da derecho a los conductores de Uber a recibir beneficios como vacaciones pagadas y el salario mínimo, lo que amenaza el modelo de negocio de Uber, pero además tiene implicaciones para la llamada economía de los trabajos precarios, en auge en los últimos años en sectores como el de los repartidores.

Irán y su controvertido programa nuclear son objeto de una reunión al más alto nivel entre tres potencias europeas y Estados Unidos. El objetivo es salvar el acuerdo que firmaron en 2015 seis países y la nación islámica. El expresidente estadounidense Donald Trump lo abandonó unilateralmente en 2018.

Tron había sido denunciado en 2011 por dos antiguas empleadas de la alcaldía de Draveil, un suburbio al sur de París del que es alcalde desde 1995.

A la luz del artículo 42 de la Constitución, los prestadores de servicios públicos deben guiar su acción velando por la vida y la salud de sus usuarios.

Los hechos acusados no constituyen una “penitencia religiosa”, ya que requieren de la libre voluntad y consentimiento previo de la persona que ofrenda su flagelo.