TC declara inaplicable norma que exige “antecedentes de buena conducta” para obtener el título de abogado

La sentencia observó que el artículo 523 N°3 del mismo Código ya establece como requisito para ser abogado no haber sido condenado ni encontrarse actualmente acusado por un crimen o simple delito que merezca pena aflictiva. A juicio del Tribunal, esa disposición ya incorpora una evaluación legislativa sobre determinadas conductas penalmente reprochables.

En cambio, la expresión “antecedentes de buena conducta” fue considerada excesivamente abierta y carente de parámetros suficientes para determinar qué comportamientos pueden impedir la obtención del título. Esa falta de precisión, señaló el fallo, dificulta que los postulantes conozcan anticipadamente qué conductas serán consideradas incompatibles con la profesión y abre la posibilidad de aplicar criterios distintos o desproporcionados.

El Tribunal añadió que el requisito presenta una diferencia relevante respecto de quienes ya poseen el título de abogado. Mientras la “buena conducta” opera como una condición para ingresar a la profesión, una persona que ya obtuvo el título no lo pierde simplemente por ser considerada de mala conducta, sino únicamente en las situaciones expresamente establecidas por la ley.

Por ello, concluyó que resulta desproporcionado establecer para el acceso a la profesión un estándar más intenso y abierto que aquel aplicable a quienes ya la ejercen. También descartó que esta exigencia pueda justificarse por las facultades disciplinarias de la Corte Suprema, ya que estas se ejercen respecto de abogados y auxiliares de la administración de justicia por conductas vinculadas al ejercicio de sus funciones, mientras que la norma impugnada permite evaluar a personas que todavía no poseen el título profesional.

La sentencia cuestionó además la facultad entregada a la Corte Suprema para practicar las averiguaciones que estime necesarias respecto de los antecedentes personales del postulante. Para la mayoría, una autorización de esa amplitud, sin criterios o límites fijados por la ley, puede extenderse a aspectos pertenecientes a la esfera privada de una persona y afectar su dignidad y privacidad.

El Tribunal también consideró infringido el principio de reserva legal. La Constitución dispone que corresponde a la ley determinar las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones necesarias para ejercerlas. Sin embargo, al exigir simplemente “buena conducta” sin establecer parámetros para determinar su contenido, el legislador dejó entregada esa definición al órgano encargado de otorgar el título, permitiéndole incorporar en la práctica exigencias que no aparecen claramente establecidas por la ley.

Para la mayoría, esa indeterminación también afecta la igualdad ante la ley, porque permite distinguir entre postulantes con o sin “antecedentes de buena conducta” sin criterios objetivos y razonables previamente establecidos. Añadió que existe un tratamiento diferente entre quienes aspiran al título y quienes ya son abogados, pues los primeros quedan sometidos a un control ético más intenso y menos definido que el aplicable a profesionales titulados.

La sentencia incorporó otro elemento relacionado con la práctica profesional obligatoria. Observó que el Estado había considerado al postulante apto para realizar gratuitamente labores de atención jurídica durante su práctica profesional, pero posteriormente desconoció esa idoneidad ética al momento de permitirle ejercer la profesión en beneficio propio. A juicio del Tribunal, esa diferencia resulta difícil de justificar.

La mayoría del Tribunal Constitucional estimó que la norma permitió calificar al postulante como éticamente inapto mediante un juicio de valor sin parámetros legales suficientemente claros, restringiendo su acceso a la profesión de abogado de manera inconstitucional.

Por ello, acogió el requerimiento y declaró inaplicable el artículo 523 N°4 del Código Orgánico de Tribunales en el recurso de protección pendiente ante la Corte Suprema. Además, dejó sin efecto la suspensión del procedimiento decretada durante la tramitación del requerimiento.

La decisión contó con los votos en contra de los ministros Héctor Mery y Mario Gómez, quienes estimaron que la exigencia de buena conducta es una condición legítima de idoneidad para obtener el título de abogado.

La disidencia sostuvo que el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas no otorga automáticamente el título profesional y que la Constitución permite establecer requisitos adicionales, incluso vinculados con aspectos morales, cuando responden al interés general. Por ello, consideró constitucional que la Corte Suprema pueda examinar los antecedentes personales del postulante.

Los ministros aclararon que esta conclusión no implicaba pronunciarse sobre si la Corte Suprema actuó correcta o injustamente al rechazar la solicitud de juramento en este caso.

Vea sentencia Tribunal Constitucional Rol Nº17.324-26-INA y expediente.