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Diario Constitucional

Opinión.

«El caso vacunagate: Antejuicio y juicio político», por Rafael Rodríguez Campos, artículo publicado por La Ley (Perú).

Rodríguez señala que "corresponde advertir un procedimiento parlamentario de acusación constitucional (antejuicio político y/o juicio político como el Caso Vacunagate). Se deberán respetar todos y cada uno de los derechos contenidos en el debido proceso".

Por Redacción·01 de marzo de 2021·6 min de lectura
Imagen: agoraabierta.lamula.pe
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En una reciente publicación titulada «El caso vacunagate: Antejuicio y Juicio político», por Rafael Rodríguez Campos (*), publicado por La Ley(Perú), el autor comenta que el pasado 22 de febrero, en el marco de su XVI Sesión Virtual Ordinaria, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso resolvió declarar procedentes cuatro Denuncias Constitucionales: 422, 423, 424 y 427, presentadas por trece parlamentarios contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo, expresidente de la República, Pilar Elena Mazzetti Soler, ex ministra de Salud y Esther Elizabeth Astete Rodríguez, ex ministra de Relaciones Exteriores por haberse vacunado contra el COVID 19 de manera irregular.

Las referidas Denuncias Constitucionales fueron declaradas procedentes a través de la aprobación de dos Informes de Calificación: 1) Informe de Calificación 60-2021-SCAC/CP/CONG que resolvió la procedencia de las Denuncias Constitucionales 422 y 424, que deberán ser tramitadas en un antejuicio político; y 2) Informe de Calificación 61-2021-SCAC/CP/CONG que resolvió la procedencia de las Denuncias Constitucionales 423 y 427, que deberán ser tramitadas en un juicio político. Cabe puntualizar que tanto el Antejuicio Político como el Juicio Político, respectivamente, operan en el marco del procedimiento de acusación constitucional, el mismo que se encuentra regulado en el artículo 89° del Reglamento del Congreso.

Al respecto, tomando como referencia lo expuesto en los Informes de Calificación mencionados, aprovecha la oportunidad para precisar el contenido y alcances de instituciones constitucionales tales como: antejuicio político, juicio político y acusación constitucional; para luego, volver sobre el caso concreto, y dar a conocer los delitos e infracciones constitucionales presuntamente cometidos por Vizcarra, Mazzetti y Astete.

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