Legisladores de California (EE.UU) aprueban ley que regula uso de IA por parte de profesionales del derecho

El parlamento estatal de California (Estados Unidos) aprobó una normativa pionera a nivel estatal que fija pautas claras y restricciones obligatorias para los profesionales del derecho que empleen herramientas de inteligencia artificial generativa en sus labores. La iniciativa legislativa superó con éxito las votaciones en ambas cámaras legislativas y quedó a la espera de que el gobernador Newsom decida si la promulga como ley o ejerce su facultad de veto.

La propuesta legislativa surge a raíz de la creciente incorporación de herramientas digitales en los estudios jurídicos y de sucesivos incidentes en los que diversos tribunales aplicaron sanciones a litigantes por adjuntar escritos judiciales con jurisprudencia inventada o antecedentes incorrectos generados por programas automatizados sin haber sido debidamente revisados. Ante esta realidad, el texto legal establece formalmente la prohibición absoluta de traspasar el ejercicio propio de la abogacía a sistemas de inteligencia artificial generativa.

De acuerdo con las exigencias del proyecto, los profesionales deberán implementar medidas razonables para corroborar la precisión de cualquier material elaborado con estas tecnologías, con especial énfasis en las citas legales, obligándolos a subsanar todo error o resultado falso generado por estas plataformas. Asimismo, impone el deber de informar a los jueces cada vez que se presenten documentos redactados mediante estas herramientas, prohibiendo el ingreso de datos confidenciales o no públicos en determinados programas, restricción que rige del mismo modo para los árbitros, quienes no podrán ceder su facultad de resolución.

La autoría del texto legal correspondió a quien encabeza el comité judicial del senado estatal, quien argumentó que los abogados persisten en presentar textos judiciales con datos falsos o anomalías atribuidas indebidamente a las máquinas, afectando la confianza del sistema. Desde su perspectiva legislativa, el funcionamiento de la administración de justicia depende de la integridad de quienes representan a las partes ante los tribunales, por lo que este estatuto eleva los estándares de rigor y otorga a los magistrados nuevas atribuciones disciplinarias frente a eventuales incumplimientos.

El marco normativo se sustentó en los deberes vigentes que rigen los juicios civiles locales, tales como la exigencia de respaldar cualquier alegato en el derecho vigente, y tomó como modelo una directriz previa aplicada a jueces y personal de tribunales por el organismo rector de las políticas del poder judicial estatal. Dicho ente resolvió abstenerse de emitir pronunciamientos o valoraciones respecto del articulado una vez despachado por el poder legislativo.

Pese al avance de la propuesta, diversos profesionales locales observan que los preceptos aprobados replican mandatos y responsabilidades que el gremio ya debe acatar conforme a los códigos de conducta procesal. En una línea similar, la dirección ejecutiva del centro especializado en derecho y tecnología de la escuela de derecho de la Universidad de California sostuvo que los mandatos consagrados en la nueva regulación resultan en gran parte redundantes frente a los estándares éticos que rigen actualmente a la profesión.

Vea texto de la ley.