Tribunales por País · página 46

El derecho al trabajo no se limita al acceso y la permanencia en un empleo, sino que implica trabajar en condiciones dignas y justas, sobre todo en el caso de grupos vulnerables, como las madres cabeza de familia.

Elimina distinción entre hombres y mujeres para puestos de inspector en el Cuerpo de Policía Penitenciaria.

El derecho internacional establece la obligación de los Estados de remediar las irregularidades en los procesos de adopción internacional. Dichas obligaciones incluyen el derecho de acceso a la verdad, la implementación de procedimientos para la revisión y posible anulación de adopciones irregulares, el derecho a la reparación y la creación de mecanismos de esclarecimiento.

En línea anteriores sentencias, declara que el interés del menor no puede confundirse con el interés del padre comitente, esto es, el varón que, mediante el contrato de gestación subrogada, aportando su material biológico, encargó a una mujer que gestara y diera a luz para él a dos niñas.

En el último mes, el gobierno federal emitió órdenes ejecutivas dirigidas contra cuatro bufetes de abogados, aduciendo que sus actividades eran contrarias a intereses estratégicos del país. Entre las medidas adoptadas, se encuentran la suspensión de autorizaciones de seguridad, la rescisión de contratos con entidades gubernamentales y la restricción del acceso a instalaciones federales.

La autoridad penitenciaria no puede evadirse de dicha responsabilidad invocando recursos económicos y materiales limitados, ya que el Estado en su función de garante debe diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas que pondría en peligro los derechos fundamentales de los internos en custodia.

El derecho al olvido surge pues con la finalidad de que el desarrollo tecnológico, cualquiera que sea las variantes que adopte, se realice de forma tal que no implique por efectos del tiempo una intervención arbitraria que, producto de la exhibición o difusión de la información personal a través de los sistemas informáticos, pueda producir lesividad permanente en el ejercicio de derechos fundamentales esenciales para desarrollar una vida en dignidad.

El mobbing o acoso laboral implica para el trabajador un sometimiento a diferentes agresiones dentro del ambiente de su empleo que se extienden desde descalificaciones hasta actos discriminatorios por razones de sexo, religión, raza, entre otras y que le provocan un desequilibrio emocional produciendo una merma en su capacidad productiva que concluye –o así puede suceder- con la pérdida del trabajo e incluso con perjuicios graves a su salud.

El modelo social de discapacidad exige de las autoridades, las instituciones educativas, las familias y la sociedad un esfuerzo articulado que permita reestructurar prácticas, políticas, actitudes y condiciones de accesibilidad, para la efectiva participación e inclusión de las personas con discapacidad.

La ley reconoce que los autores gozan del derecho exclusivo a autorizar la recitación, representación y ejecución pública de sus obras, así como la difusión pública por cualquier medio, entendiéndose por tal a aquélla que se efectúe -cualesquiera que fueren los fines de la misma- en todo lugar que no sea un domicilio exclusivamente familiar y, aún dentro de éste, cuando la representación o ejecución sea proyectada o propalada al exterior.

El memorando también contempla una revisión de la conducta de los profesionales del derecho que han intervenido en litigios contra el gobierno federal en los últimos ocho años. De encontrarse irregularidades, la fiscal general deberá recomendar medidas adicionales al presidente, las cuales podrían incluir la revisión de autorizaciones de seguridad otorgadas a los abogados involucrados o la suspensión de contratos federales.

Las universidades deberán garantizar condiciones adecuadas para el derecho a la educación superior libre de violencia y/o discriminación de las y los estudiantes. La diligencia como un criterio considerará también el derecho al debido proceso de las/los docentes involucrados en los procesos internos de la universidad. Esto, dentro de un plazo razonable a partir de que la universidad tuvo conocimiento del hecho.

El principio de responsabilidad por el hecho exige que el derecho penal, la actuación del ius puniendi del Estado, se fundamente en el hecho realizado por el autor y nunca en la determinación de la responsabilidad penal por la forma o por la conducción en la vida de la persona a la que se imputa un hecho delictivo.

Resulta evidente que el fallo impugnado importó una clara restricción, sin límite temporal alguno, de los derechos de la recurrente y que, dada la índole de los derechos involucrados, ella es susceptible de causar perjuicios de imposible, muy difícil o insuficiente reparación ulterior. De ese modo, la desestimación del recurso basada en la supuesta ausencia de una decisión de fondo resulta de una rigurosidad excesiva e incompatible con el adecuado servicio de justicia.

La resolución se adoptó en virtud de lo dispuesto en la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024, la cual otorga facultades al Secretario de Estado para designar, de manera pública o privada, a funcionarios extranjeros y sus familiares directos como personas no elegibles para ingresar a los Estados Unidos.

Es innegable el papel formativo que desempeña la determinación, defensa y respeto a los símbolos patrios, ya que estos concretan la idea de patria como una experiencia cotidiana y consolidan el sentimiento de identidad común. Los mismos se encuentran presentes en la formación de toda persona, así como también como distintivo en las entidades públicas y como parte de diversas personas jurídicas de derecho público y privado con el fin de acreditar su vinculación con el Estado.

Si bien el pretenso querellante deslizó que parte de esos fondos le pertenecerían, lo cierto es que ninguna constancia acompañó en aval de esa aislada afirmación. Tampoco puede acceder a dicho rol en su condición de administrador, pues más allá del poder general presentado, no aportó, de momento, uno especial que lo habilite a ejercer la pretensión punitiva en representación de aquél.

El caso se enmarca en los acontecimientos ocurridos en diciembre de 2024. El día 14 de dicho mes, la Asamblea Nacional, con mayoría opositora, aprobó una moción de destitución contra el entonces presidente Yoon Suk Yeol en respuesta a la declaración de la ley marcial. En virtud del Artículo 71 de la Constitución de Corea del Sur, Han asumió la presidencia interina tras la destitución de Yoon.

El reconocimiento del derecho del perjudicado funcional o por analogía exige que el progenitor incumpla sus deberes legales (que deje de prestar sustento económico y emocional), hasta el punto de que con ello desaparezca el vínculo afectivo, y, correlativamente, que sea la persona que ejerce las funciones del padre incumplidor en lugar de este la que, con su conducta continuada, cubra las necesidades económicas y emocionales de la víctima hasta su fallecimiento.

En aplicación del principio de prevención, resulta procedente ordenar a la municipalidad que arbitre los medios materiales y/o jurídicos necesarios para evitar dar continuidad al daño ya provocado (existente) al medio ambiente, como así también evitar la quema a cielo abierto de los residuos depositados. En efecto, las conductas perpetradas por la demandada lesionan intereses colectivos.

Puede que el acto sexual sea permitido en un inicio por ambos, pero si luego uno de los intervinientes se niega a seguir manteniendo intimidad o, en otras palabras, ya no consciente dicho acto, lo correcto es que la otra persona no debe sobrepasar dicha decisión. El quebrantar ello vulnera el libre consentimiento que toda persona ostenta en uso exclusivo de su derecho a la libertad sexual.

Las afirmaciones que devienen estigmatizantes para la contraria, y en modo alguno podían conmover la suerte del proceso, lo que irónicamente sí podía lograr la prueba de ADN, ergo, no puedo más que asumir que traer a colación tal cuestión, y eludir sin motivo alguno la concreción del examen biológico, solo conlleva una afrenta a la vida íntima y a la dignidad de una mujer, cuyo legítimo reclamo expuso en la demanda, en representación de su hija menor de edad.

El régimen sancionador previsto en el anteproyecto establece multas que oscilan entre los 7,5 y los 35 millones de euros, o entre el 2 % y el 7% del volumen de negocio anual, con especificidades para pymes. La supervisión de estos sistemas estará a cargo de distintas entidades, entre ellas la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo General del Poder Judicial, la Junta Electoral Central y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.

La utilización, en principio, de un medio audiovisual de telecomunicaciones para la comparecencia de todas estas personas detenidas, por una parte, ante el juez de instrucción, para todos los actos de investigación que requieran dicha comparecencia, causaría una vulneración desproporcionada de los derechos de defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio justo.

El Tribunal italiano declara inconstitucional la norma que impedía la adopción internacional por parte de personas solteras, un fallo que abre la posibilidad de adoptar a menores extranjeros en situación de abandono.

Dados los diferentes objetivos del derecho civil y la legislación sobre protección de la maternidad, es posible que los tribunales consideren que «dar a luz», en el contexto de la legislación sobre protección de la maternidad, también incluye los abortos espontáneos, o que consideren dicha interpretación necesaria a la luz de la protección especial de la maternidad establecida en el artículo 6.4 de la Ley Fundamental.

La CAADCA fue aprobada por la legislatura estatal con el propósito de establecer protecciones para la privacidad y seguridad de los menores en el ámbito digital. En 2023, NetChoice presentó una solicitud de medida cautelar contra la aplicación de dicha ley pues vulneraría la libertad de expresión, la cual fue concedida en primera instancia.

No se desconoce que la medida en cuestión pudiera implicar una restricción a derechos fundamentales de la mujer. Sin embargo, y en lo que aquí interesa nada impide que se la ordene, toda vez que el propio interés jurídico tutelado (derecho alimentario) así lo justifica por su prioridad y preeminencia. Es que no existen derechos absolutos y frente a un interés superior ha de ceder su ejercicio regular hasta el cese del acto u omisión dañosos. Es un simple remedio disuasivo que durará hasta que se verifique un cumplimiento en tiempo y forma por parte del principal obligado.

El artículo 13 del Convenio de la Haya de 1980 dispone que la autoridad administrativa o judicial no está obligada a ordenar la restitución si se demuestra que el retorno pondría al niño, niña o adolescente en grave riesgo de sufrir daños físicos o psíquicos. En ese orden, se debe garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho de la niñez a un ambiente de bienestar.

Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito leve contra el mercado y consumidores tipificado tipificado en la norma. En este caso el tipo penal considerado exige en primer lugar que se utilicen los equipos o programas a que se refiere la normativa, no bastando la mera posesión, sino su utilización efectiva, pero también se exige que el acceso no esté autorizado y que la conducta del autor abarque la conciencia o intencionalidad de realizar ese acceso a servicios.