Tribunales por País · página 47

De la filmación de la doma acompañada, surge clara y objetivamente, una situación de maltrato animal, entendiendo por tal una situación de hostilidad, agresividad y heridas a un animal, en un espectáculo público. Las imágenes hablan por su elocuencia y, el testigo reconoce a la persona del incurso como el agresor y, el propio imputado reconoce su presencia en el lugar mas, trata de quitar la valoración negativa de los hechos.

Los pantallazos de WhatsApp no han sido autenticados, desconociéndose su origen, destinatario y hora y día y no son revisables en suplicación, pues su valoración es facultad exclusiva del órgano judicial, se realiza discrecionalmente por el juzgador a quo aplicando las reglas de la sana crítica, lo que supone una apreciación razonada, motivada y responsable de tal prueba, tal y como aquí ha acontecido.

La demanda por estudiar Derecho en Estados Unidos ha alcanzado cifras récord, impulsada por factores económicos, salarios altos y un contexto político que genera interés en el cambio social. Las facultades enfrentan el desafío de un número de solicitudes sin precedentes.

El estándar de "más allá de toda duda razonable" es un principio fundamental del derecho penal canadiense, garantizado por el artículo 7 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que establece que ninguna persona puede ser privada de su libertad sin un debido proceso. De este modo, la Corte estableció un nuevo criterio para los procedimientos disciplinarios en el contexto penitenciario, con observancia de disposiciones constitucionales.

Con el apoyo de los conservadores, los socialdemócratas y Los Verdes, el Parlamento alemán aprobó una reforma histórica que permitirá mayores gastos militares y la creación de un fondo de 500.000 millones de euros para infraestructuras y protección del clima, una medida clave ante la creciente amenaza rusa y la reconfiguración geopolítica global.

La omisión del médico demandado de prestar la asistencia conforme a los principios de la ciencia y del arte de curar es lo que da a lugar a la responsabilidad contractual, porque el profesional se compromete en una obligación de medios para satisfacer la natural expectativa del paciente para recuperar la salud o mejorar su estado. Su obligación es comprometerse a atender al paciente con prudencia y diligencia.

Si, en estas circunstancias, la demandante no denunció penalmente ni acudió al sistema institucional de protección frente a la violencia de género, ello no se puede considerar como una actuación irrazonable, y menos como una prueba excluyente de la violencia de género cuando todos los demás datos indiciarios apuntan hacia su existencia.

La ley viene a reconocer derechos y obligaciones incluso después de cesada la convivencia de los adultos, ya que no puede supeditarse el interés de un niño o adolescente a presupuestos de hecho en lo que no puede tener injerencia, como es la decisión de personas mayores de edad de convivir o no, sino que aquí lo que verdaderamente nos debe interesar es el vínculo de ese niño o adolescente con el cónyuge o la pareja de su progenitor.

La decisión de restablecer controles se basa en graves amenazas al orden público y a la seguridad interior, vinculadas por una parte al riesgo de terrorismo y por otra a la actividad de redes criminales de traficantes de personas que facilitan los flujos migratorios ilícitos en el norte de Francia. Estas dos amenazas, el "terrorismo" y la "delincuencia organizada grave", están claramente mencionadas en el reglamento "Schengen" como capaces de justificar el restablecimiento temporal de los controles fronterizos.

Consideró que la ausencia de fundamentos sólidos en la argumentación del gobierno repercute en su capacidad para demostrar que la suspensión de la medida cautelar sería favorable al interés público. Se tomó en cuenta el impacto que podría generar la aplicación anticipada de la orden ejecutiva en contraste con el marco normativo vigente, así como la estabilidad de los criterios administrativos empleados históricamente en relación con la ciudadanía por nacimiento.

Los demandantes, exempleados de varias agencias gubernamentales, citaron informes elaborados por la Oficina del Asesor Especial (OSC) y la Junta de Protección del Sistema de Méritos de los Estados Unidos (MSPB), en los cuales se concluye que despidos análogos podrían constituir prácticas de personal prohibidas conforme a la normativa aplicable.

La lesión a su interés en este campo, puede surgir no solo de cláusulas contractuales en sí mismas, sino de los modos de aplicación de estas o, simplemente, de conductas no descriptas en el contrato, pero que constituyen una derivación de la imposición abusiva de ciertas prácticas. Es por ello que, con el fin de preservar la equidad y el equilibrio en estos contratos, la legislación contempla previsiones tuitivas en su favor.

La propuesta reduce de diez a cinco años el tiempo de residencia legal necesario para que un extranjero pueda obtener la ciudadanía italiana.

Los peritos han afirmando que el facultativo, antes de proceder a la exodoncia, debe realizar siempre una inspección visual del instrumental y el dentista declaró que así lo hizo. Los peritos han afirmado también que el defecto no era visible. No se aprecia que haya actuado contraviniendo la lex artis, descartando la mala praxis.

La Corte italiana deberá decidir próximamente sobre la constitucionalidad de una ley que excluye a las mujeres solas de la fecundación asistida. La Asociación Luca Coscioni ha instado a la Corte a derogar esta legislación.

El respeto a la dignidad humana adquiere especial relevancia en contextos donde las personas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, como es el caso de los docentes que solicitan traslados por razones de salud mental. La dignidad humana implica que el docente debe ser tratado con el respeto y la consideración que merece su situación, atendiendo cada faceta de la dignidad.

La actuación del órgano de administración, al modificar sorpresivamente la forma en que se había venido convocando a los socios a la junta, supuso en la práctica impedir la asistencia a la junta de quien tenía derecho a asistir y votar, por lo que la tesis de que la impugnación debe desestimarse porque los acuerdos hubieran sido igualmente aprobados aunque el socio demandante hubiera asistido y votado en contra, no es correcta.

El artículo 51(XXXI) de la Constitución establece que la adquisición de propiedad por parte del Estado Libre Asociado debe realizarse en “términos justos”. En este sentido, el Clan Gumatj argumentó que la facultad del Parlamento de la Commonwealth no podía extenderse a la adquisición de propiedad sin cumplir dicha condición.

Cándido Conde-Pumpido señala que la jurisdicción constitucional debe ser entendida como un acto de sometimiento del poder a la razón, durante un acto en el que se presentó la obra "Comentarios a la Constitución Española. En homenaje a Pablo Pérez Tremps".

La controversia se centra en determinar la legislación aplicable al caso, la californiana o la española. Conforme al derecho californiano, los demandantes podrían recuperar la obra; sin embargo, la legislación española reconoce la titularidad de la Colección Thyssen-Bornemisza.

No se trata de una publicación de difusión popular, ni se utiliza la imagen indiscriminadamente para fines diversos al consentido. Ni se ha probado que resulte afectado el derecho a la intimidad. La imagen de un tercero puede utilizarse libremente con fines informativos y con fines culturales, que justifique el uso de una imagen ajena. Los fines culturales deben ser apreciados ampliamente, alcanzando aspectos informativos, artísticos, científicos, o similares.

El Tribunal, al pronunciarse sobre la cuestión de fondo, determinó que las relaciones entre personas del mismo sexo han existido con anterioridad a la regulación legal del matrimonio y que el reconocimiento de dichas relaciones constituye un interés jurídico fundamental vinculado a la dignidad personal.

La propuesta, busca reformar el Código Civil para aclarar que la "comunidad de vida" entre cónyuges no debe ser interpretada como una obligación de mantener relaciones íntimas.

El proyecto de ley ha sido presentado en el contexto de una serie de reformas orientadas a la protección de los derechos de las mujeres y la mejora de las condiciones de igualdad. Entre las consideraciones señaladas en el informe gubernamental que acompaña la propuesta, se menciona el impacto de la medida en la prevención de delitos de género y la necesidad de reforzar el marco sancionador en este ámbito.

La información sobre asuntos de relevancia pública, cuyo contenido sea fiel y verazmente atribuido a una fuente, no compromete la responsabilidad del medio. Así, la doctrina “Campillay” se ubica con toda precisión dentro del ámbito de las causas de justificación, como factor que enerva la antijuridicidad.

Dada la conformidad prestada por el acusado en el acto del juicio oral respeto de los delitos de detención ilegal y de conducción temeraria en concurso con el delito de lesiones imprudentes, no excediendo la pena solicitada del límite para que pueda producirse la conformidad, según lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede dictar, sin más trámites, sentencia de conformidad, respecto de los delitos de detención ilegal y de conducción temeraria en concurso con un delito de lesiones imprudentes.

Cuando se trata de decidir conflictos procesales, en caso de duda debe preferirse la solución orientada a salvaguardar más intensamente el derecho de defensa en juicio, como también, privilegiarse la que aspire a lograr el triunfo de la verdad material por sobre la verdad meramente forma.

El juez de distrito al conceder la orden de restricción temporal, concluyó que los demandantes tenían una alta probabilidad de éxito en su impugnación. Entre sus fundamentos, señaló que la suspensión total de los fondos podría ser considerada arbitraria y carente de justificación suficiente, en la medida en que no se tomó en cuenta el impacto sobre los beneficiarios y las organizaciones que dependen de dichos recursos.

El apelante no ha demostrado durante el proceso que el ataque de la mascota se haya producido y que debido a ello realizó los dos disparos que alega, pues su dicho es sólo argumentativo, y no se encuentra sustentado con medio probatorio alguno; más aún, que su dicho de haber realizado sólo dos disparos a la mascota no se ajusta a lo señalado por el efectivo policial que constató de forma inmediata en el lugar de los hechos

No puede condenarse a la accionada al pago de los salarios reclamados, en tanto no existió contraprestación del trabajo, y la causa impuesta por el empleador para así decidirlo se encontraba más que justificada, no sólo por las circunstancias excepcionales detalladas, sino también, por la injusticia y falta de equidad que pudiera haber implicado abonar igual salario a quienes debían poner efectiva e inevitablemente su fuerza de trabajo a disposición del empleador por encontrarse vacunados.