Tribunales por País · página 48

No es aceptable el argumento de que nada hubiera cambiado con la pericia, pues ello supondría negar toda posibilidad de defensa, debiendo entonces el letrado, hoy recurrente, haber aconsejado bien un acuerdo extrajudicial o el allanamiento a la demanda lo que no hizo, recurriendo incluso la sentencia que daba la razón a la actora.

La demanda fue presentada por una mujer residente en Nueva York, quien sostiene que adquirió Reynolds Wrap en establecimientos comerciales bajo la creencia de que el producto era totalmente fabricado en los Estados Unidos. La demandante aduce que no habría realizado la compra de haber conocido el verdadero origen de los materiales utilizados en la fabricación.

Es crucial destacar que, en los casos de violencia contra las mujeres, la imputación de los delitos debe reconocer los patrones de discriminación y violencia de género. La autoridad debe tener en cuenta que el delito ocurrió en un contexto de discriminación estructural que facilita la violencia contra las mujeres y pone en riesgo su vida y su integridad.

El Consejo tuvo por acreditadas las conductas reprochadas con base en una valoración razonable de la prueba obrante en el expediente; que las encuadró en normas que se referían claramente a ese tipo de comportamientos, habilitaban una sanción como la que se impuso y, además, se encontraban vigentes al momento en que ocurrieron los hechos.

La vida en el mundo moderno requiere de ciertos derechos sociales mínimos en materia de servicios públicos, sin los cuales las personas no pueden tener una vida digna, ejercitar sus demás derechos, ni desarrollarse en sociedad. Entre ellos se puede incluir el acceso a agua potable y desagüe, a energía eléctrica y a internet, los cuales comparten una naturaleza prestacional y, por ello, un deber del Estado y la comunidad.

El deber de consulta es una obligación jurídica impuesta a los gobiernos federales y provinciales cuando una acción estatal puede afectar derechos o títulos aborígenes potenciales o reconocidos. Su fundamento radica en el principio del honor de la Corona, conforme fue establecido en el precedente “Haida Nation v. British Columbia (Minister of Forests)”, en el cual se determina que el gobierno debe actuar de buena fe en su relación con los pueblos indígenas.

De acuerdo con datos del Censo de los Estados Unidos, en un informe publicado en 2022, el número de hogares en los que no se habla inglés aumentó de 23,1 millones en 1980 a 67,8 millones en 2019. El informe también señala la existencia de más de 350 idiomas hablados en el país.

Se garantizó un amplio acceso a los elementos de prueba, incluso la misma prueba analizada por la Procuraduría General de la República, siendo pacífico el entendimiento de este Tribunal de que el denunciado se defiende de los hechos que le son imputados en la denuncia, con todos los elementos de prueba apuntados por el Ministerio Público adjuntos a los autos y a disposición de la defensa.

Es un supuesto cargado de violencia pues la intromisión en un área tan íntima como la aquí tratada es elocuente para catalogarlo como violencia de género. A ello se agrega que la víctima es una mujer que convivía con su hija menor de edad en el inmueble invadido y que el agresor era, en aquel momento, el esposo de la locadora, circunstancia que lo colocaba en una situación de poder respecto de la inquilina.

La interceptación selectiva de datos de la vida privada es inadmisible también en relación con personas que se encuentran en otros países. Esto significa que no se pueden utilizar términos de búsqueda relacionados con el núcleo de la vida privada contra dichas personas. La ley no es lo suficientemente específica y clara a este respecto cuando se trata de personas que se encuentran en otros países.

El usuario consumidor resulta la parte más débil de la relación, pues en los hechos no existe la mentada igualdad económica y social que permita la paridad de condiciones para negociar, hay un marcado desnivel que el derecho del consumidor pretende igualar protegiendo a la parte más débil. Esta protección fomenta cubrir las desventajas de quien es ajeno a las particularidades técnicas del negocio en cuestión y es forzado a creer y a aceptar los precios y calidades que se le ofrecen.

Personas expertas han recibido denuncias reiteradas de familiares, representación legal y organizaciones de la sociedad civil que buscan conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos y clientes, y que han informado que sus denuncias y recursos de habeas corpus no están siendo procesados, y en ocasiones, ni siquiera aceptados.

El conflicto entre AP y el gobierno de Estados Unidos se originó cuando el presidente Donald Trump expresó su desacuerdo con el uso del término "Golfo de México" por parte del medio, indicando que, a su criterio, debía denominarse "Golfo de América". Posteriormente, la Casa Blanca restringió la participación de AP en determinados eventos hasta que el medio “ajustara su guía de estilo en conformidad con la posición gubernamental”.

La mera circunstancia de que una cuestión litigiosa se torne abstracta como se decidió en la resolución apelada- no es un obstáculo para imponer las costas, desde que resulta preciso examinar las causas que condujeron a ese desenlace y las circunstancias en que tuvo lugar, como así también en qué medida la conducta de cada una de las partes influyó para que la controversia finalizara de esa forma.

La actuación negacionista y revictimizante que asumió el colegio, contribuyó al matoneo que se ejercía contra la adolescente. Además, al haberse negado a implementar un programa con ocasión de su diagnóstico de TDAH y del cuadro depresivo, socavó su derecho a una educación inclusiva. El daño emocional y pedagógico que ocasionó el colegio en ella al haberla dejado sola en su proceso educativo mientras ella sufría acoso escolar sistemático, es ciertamente irreversible.

Lo que se demuestra es que ya estaba curado de su trastorno de ansiedad, y que podía perfectamente incorporarse a su trabajo, siendo así que con su actuación demuestra que está incurriendo en fraude, pues uno de los requisitos de la Incapacidad Temporal (I.T.) además de recibir asistencia sanitaria de la Seguridad Social, es estar impedido para el trabajo, y según se evidencia con la actuación musical del actor, es claro que su dolencia no le impedía trabajar.

Entre las reformas propuestas, la norma elimina la exención aplicable a los robos en comercios cuando el valor de los bienes sustraídos no supera las 200 libras esterlinas (unos 240.000 pesos), con el propósito de garantizar su persecución penal. Asimismo, incorpora medidas de protección para los trabajadores del sector minorista ante agresiones y establece la posibilidad de imponer restricciones de acceso a espacios urbanos a personas reincidentes en conductas tipificadas como antisociales.

El TS establece que el uso de esta expresión con connotación peyorativa contra una persona homosexual no puede ampararse bajo el derecho a la libertad de expresión, considerándola una manifestación de homofobia.

El fundamento de la legislación radica en las capacidades cognitivas avanzadas de los pulpos, su capacidad de aprendizaje y la necesidad de condiciones específicas de enriquecimiento ambiental, las cuales no pueden garantizarse en sistemas de cría intensiva.

Toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad”, lo que implica que “deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones”. La satisfacción de este derecho es de interés no solo de los familiares de las víctimas, sino también de la sociedad en su conjunto.

La idea de que el personal policial deba ejecutar órdenes “sin dudas ni murmuraciones” es incompatible con los principios fundamentales de un Estado de derecho y contrario al propio y razonable sentido común, pues la disciplina no puede convertirse en un instrumento que neutralice la responsabilidad personal ni en un pretexto para justificar violaciones flagrantes al derecho.

En el contexto actual, el tribunal determinará la remisión del caso a la Policía Federal para la continuidad de la investigación. En decisiones previas, el Tribunal ya había aplicado sanciones económicas a la empresa en contextos similares, levantando posteriormente las restricciones una vez efectuado el pago correspondiente.

Si bien sus declaraciones no sobrepasan los límites de la libertad de expresión garantizada por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, los mensajes que difunde, de carácter radical y unívoco, en sus cuentas en redes sociales, de comentarios particularmente agresivos y de odio dirigidos, bajo la apariencia de atacar a los «sionistas», contra la totalidad de los ciudadanos israelíes de confesión judía son discriminatorios y ofensivos.

La crítica es realizada en términos generales puesto que se limita a señalar una supuesta conculcación a principios de política ambiental contenidos en la ley pero no ha desarrollado con claridad el motivo en que funda su recurso. Interesa destacar, que la sentencia al referirse a la Mesa de Trabajo señala que la misma se ha constituido para atender de manera integrada, interdisciplinaria y articulada la interacción de las infraestructuras y tendidos eléctricos con las especies avifauna.

El Tribunal Supremo ratifica la condena a dos años de prisión para Joaquín, quien grabó a mujeres sin su consentimiento en baños públicos, tras descubrirse más de 70 archivos en sus teléfonos que evidencian un patrón de voyeurismo digital.

No puede hablarse, además, de ninguna clase de imprudencia porque, producido el abandono de la vivienda y dejando encerrado y a su suerte al animal, respecto de las lesiones y también respecto del resultado muerte concurre, al menos, dolo eventual, puesto que se asumió por el acusado dicho resultado y se siguió adelante con el abandono a sabiendas de su altísima probabilidad de producción.

Debe tenerse en cuenta también, que la situación sanitaria existente en el momento de los hechos (enero de 2022) ya no era de una extrema gravedad que hiciera necesarias grandes restricciones de los derechos de los pacientes para evitar la propagación del virus, teniendo así que prevalecer el derecho a la salud pública frente a éstos últimos. La situación existente en dicho momento justificaba una cierta flexibilización de las medidas de prevención sanitarias que se adoptaban.

Debe reiterarse que es doctrina de este Tribunal que este tipo de entidades no pueden evaluar la conveniencia o no de una prestación acordada por el médico de cabecera del paciente, cuando éste justifica debidamente su necesidad para el tratamiento de la enfermedad que padece, y es el responsable de las prescripciones que emite.

Una interpretación más amplia de la excepción podría derivar en un aumento de litigios contra gobiernos extranjeros en tribunales estadounidenses, lo que a su vez podría generar medidas recíprocas en otras jurisdicciones contra los intereses de Estados Unidos. En este sentido, rechazó el argumento de los demandantes de que permitir a los gobiernos extranjeros depositar los fondos de bienes confiscados en cuentas generales del tesoro facilitaría la elusión de la excepción de expropiación.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia desestima el recurso de apelación contra la sentencia que reconoce la paternidad de dos menores nacidas en 2015 y 2017, basándose en la negativa del demandado a someterse a la prueba de ADN, lo que se considera un indicio clave en el fallo.