Tribunales por País · página 49

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ratifica la improcedencia de un despido tras el uso de una foto de perfil inapropiada en WhatsApp en un teléfono corporativo. La sentencia destaca la falta de pruebas y la inexistencia de perjuicio para la empresa.

El gobierno fundó la orden ejecutiva en el propósito de garantizar la responsabilidad de todas las agencias federales ante la ciudadanía, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución. Como fundamento jurídico, se citó el Artículo II, Cláusula 1, el cual dispone que "el Poder Ejecutivo recaerá en un Presidente de los Estados Unidos de América".

La obligación de seguridad impone a la entidad arbitrar todos los medios para evitar que el riesgo inherente al sistema se concrete en un daño para sus clientes. Ante la ocurrencia de este, el banco sólo podrá eximirse de responsabilidad probando la presencia de una eximente que tendrá que cumplir necesariamente con los requisitos de imprevisibilidad, inevitabilidad, ajenidad, etc.

Como fue valorado precedentemente, no se demostró que obedeciera a un motivo por el cual no debiera responder, en tanto no se probó que hubiera sido consecuencia de circunstancias climáticas que configuraran un supuesto de caso fortuito y de fuerza mayor por las que no debiera responder, ni tampoco que las medidas adoptadas a raíz del evento constituyeran una decisión razonable y justificada.

El jurista alemán Claus Roxin es reconocido mundialmente por sus fundamentales aportes al derecho penal y su influencia en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad. Su obra, que marcó un hito en la teoría jurídica, continúa siendo un referente indispensable para la evolución del derecho penal a nivel global.

La denuncia ha sido remitida al Supremo Tribunal Federal, donde será analizada por el relator del caso, el ministro Alexandre de Moraes. En caso de que la acusación sea admitida, se iniciará un proceso judicial en el que se determinará la responsabilidad penal de los imputados.

Es necesario precisar que el hecho de que los proveedores ofrezcan en el mercado un conjunto de remedios jurídicos -reparación, reposición y devolución del dinero -exigibles por el comprador de un determinado bien frente al vendedor- en caso de que el producto se revele defectuoso, inadecuado o de cualquier otro modo no conforme a lo convenido- no enerva el hecho de que el proveedor haya incurrido en una infracción al deber de idoneidad.

Se debe recordar a las autoridades la obligación que le asiste de consultar con los pueblos étnicos del territorio aquellos programas, directrices o normas susceptibles de afectarles directamente. Un espacio de consulta previa no solo responde a los mandatos constitucionales, sino que, a mediano y largo plazo, podría prevenir nuevos escenarios de conflicto locales, mediante consensos más amplios en torno al uso del suelo y el modelo de desarrollo.

Lo expuesto no significa que el demandante no tenga derecho a que se proteja su reputación, pero los requisitos de esta protección deben sopesarse frente a los intereses de la discusión pública abierta y blindada por la libertad de expresión; máxime además en contextos de contienda o conflicto, entre otros, de naturaleza laboral o sindical como subyace en el presente litigio.

De no producirse el control diligente de todas las operaciones por parte del establecimiento, es claro que tal actuación por parte del personal es negligente y por ello determina culpa por su parte en la producción del daño. Ahora bien ello no impide apreciar la existencia de culpa concurrente en el usuario que no observa la mínima diligencia y que con su actuación negligente determina también la producción del daño.

Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de odio, conforme al Código Penal, del que es autor el acusado, concurriendo en su conducta la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas extraordinarias. Por lo que dada la conformidad prestada por dicha persona y su defensa, y, vista la legalidad, naturaleza y duración de la calificación jurídica realizada y pena pedida por la acusación, procede dictar sentencia de estricta conformidad.

La norma implementó una política pública que no interfiere en el núcleo reservado a la iniciativa legislativa del Jefe del Poder Ejecutivo en lo que respecta a la organización y funcionamiento de la Administración Pública, la estructura de sus órganos o el régimen jurídico de los servidores públicos.

El Tribunal Constitucional de Perú declaró parcialmente fundada la demanda contra la Ley N°31313, anulando la tasa adicional del 100% sobre el impuesto predial, considerada desproporcionada, mientras que rechazó la inconstitucionalidad de la participación en el incremento del valor del suelo.

La cuestión que aquí se analiza versa sobre aspectos fundamentales del derecho a la salud, con reconocimiento explícito y raigambre constitucional a partir de la incorporación en 1994 de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El principio de igualdad no impide al legislador regular de forma diferente situaciones distintas ni establecer excepciones a la igualdad por razones de interés general, siempre que, en ambos casos, la diferencia de trato que resulte esté directamente relacionada con la finalidad de la ley que la establece.

El Estado debe adoptar medidas para asegurar que los derechos fundamentales de quien ejerce el rol de cuidador no se vean “grave y contundentemente” afectados con aquella labor. Asimismo, debe garantizar que las obligaciones de cuidado no sobrepasen la capacidad que tienen los miembros de la familia para proveer el apoyo emocional y físico requerido por el paciente.

Los fiscales generales argumentan que DOGE y su personal han ejercido facultades que no se encuentran dentro de las atribuciones de un departamento federal. Entre las acciones citadas en la demanda se incluyen la intervención en las operaciones de catorce agencias gubernamentales, la suspensión de pagos del Departamento del Tesoro a determinados Estados y la pretensión de cierre de USAID.

Cuando los tratamientos médicos coercitivos administrados en un hospital producen daños evitables, no existe ningún interés superior protegido por el derecho constitucional que justifique obligar a las personas afectadas, en una situación en la que son más vulnerables, a tolerar daños graves a su integridad física que podrían evitarse.

No basta la plasmación de otra hipótesis alternativa fáctica, hipótesis que el acusado no recoge en su recurso, para entender conculcado el derecho a la presunción de inocencia, como resulta de la propia jurisprudencia constitucional: sólo cabe considerar vulnerado el derecho a la presunción de inocencia en este ámbito de enjuiciamiento cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas.

La protección de los consumidores frente al riesgo de ser inducidos a error mediante el uso de denominaciones distintas de las denominaciones legales, consistentes en términos propios de los sectores de la carnicería, la charcutería y la pescadería para designar, comercializar o promocionar productos alimenticios que contengan proteínas vegetales en lugar de proteínas de origen animal, incluso en su totalidad, y, por tanto, se oponen a que un Estado miembro adopte medidas nacionales que regulen o prohíban el uso de dichas denominaciones.

Recalca que "ninguna mujer" debe "soportar el deseo de un hombre de realizar actos de tocamientos sexuales, por mínimo que sea".

Se solicita al tribunal que declare que la aplicación de medidas de control migratorio en las inmediaciones de lugares de culto constituye una carga sustancial para el ejercicio de la religión, lo que, a su juicio, vulnera la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa.

Al comportamiento asumido por la progenitora, en cuanto a obstaculizar el vínculo con el padre e influir negativamente en el mismo, cabe recordar que, en consonancia con la finalidad del interés superior del niño, se tienen que respetar los derechos y la condición personal del menor, entre los que se encuentra el de mantener relaciones, comunicación, trato y contacto permanente con ambos padres.

La Comisión no vulneró el Derecho de la Unión al cobrar las cantidades adeudadas. En particular, ni la jurisprudencia del Tribunal Constitucional polaco ni la entrada en vigor de la Ley de 9 de junio de 2022 permiten cuestionar la existencia de la propia deuda. Por consiguiente, no podían afectar a la legalidad de las decisiones de compensación.

La empresa no tuvo en cuenta las necesidades particulares del accionante como persona en situación de discapacidad visual, ni tampoco cumplió con el deber de realizar los ajustes razonables para que pudiera adelantar sus entrenamientos en igualdad de condiciones. Además, los perros guía tienen un rol fundamental en el derecho a la accesibilidad de las personas en situación de discapacidad, pues les permiten conservar su independencia y autonomía.

Los tribunales españoles, al ordenar la internación obligatoria de la mujer, no hicieron ninguna referencia a sus necesidades terapéuticas o médicas ni a la necesidad de evitar, por ejemplo, que se hiciera daño a sí misma o a otros. La medida de seguridad fue impuesta sin que se cumplieran las condiciones mínimas requeridas.

Los elementos requieren una mayor indagación por parte de la instrucción, pero en principio no observo una desproporción, desde que el legislador nacional no requiere una equivalencia absoluta (máxime si se tiene en cuenta cómo fue el primer ataque y el extremo de que el cuchillo era portado en forma permanente por el acusado).

Los solicitantes argumentaron que, si bien la legislación de los Estados Unidos establece que los tribunales conservan la competencia sobre las solicitudes de habeas corpus incluso después de una transferencia a Guantánamo, la aplicación de dicho principio en el caso concreto resultaba incierta. Además, manifestaron que un eventual traslado restringiría sustancialmente su acceso a representación legal.

Los hechos cometidos por el trabajador en absoluto pueden considerarse como constitutivos de una infracción laboral grave, pues, aunque su conducta es a todas luces inadecuada, cuando en la empresa no existen instrucciones o protocolos respecto a la utilización del teléfono móvil, ni código ético o de conducta, y tampoco consta que se haya causado perturbación o molestia de cualquier tipo a ninguno de los restantes trabajadores, o se haya originado cualquier perjuicio a la imagen de la empresa, no cabe su conceptuación como falta laboral sancionable, toda vez que dicho comportamiento no tiene

El proyecto de ley se enmarca en las reformas para la regulación de la inmigración de trabajadores cualificados y establecía medidas dirigidas a reducir las entradas no autorizadas y la migración por razones de asilo. Entre sus disposiciones, se incluía la suspensión temporal de la reunificación familiar para beneficiarios de protección subsidiaria.