Tribunales por País · página 50

Con independencia de las molestias que, indiscutiblemente, generan este tipo de actividades en las viviendas próximas durante su celebración, no se ha acreditado realmente cuál es el efecto concreto que ha causado en los recurrentes su integridad física y moral más allá, repito, de la lógica incomodidad que causa la música y el ruido existente en la calle. No consta ningún informe médico que avale su repercusión.

En la demanda, los fiscales generales alegan que la orden ejecutiva vulnera disposiciones constitucionales y genera el riesgo de que existan personas nacidas en Estados Unidos que carezcan de nacionalidad. Los demandantes sostienen que la medida afecta el principio de ciudadanía establecido en la Constitución.

Estando de por medio una relación de consumo, el principio de las cargas dinámicas es llevado a su máxima expresión. El proveedor tiene una obligación legal que consiste en colaborar con el esclarecimiento de la situación litigiosa. En consecuencia, todo silencio, reticencia o actitud omisiva, se constituirá en una pauta que afectará dicha obligación legal, con la consecuente presunción de certeza sobre la versión que sustenta la pretensión del consumidor.

La situación socioeconómica del barrio donde reside el progenitor no puede ser -sin aportar elementos que demuestren algún riesgo que ponga en peligro la integridad de niño- un motivo en sí mismo para impedir la concurrencia de su hijo al hogar paterno.

Que la actora subiera a la motocicleta sin ponerse el casco y estuviera colocándose el mismo cuando se inició la marcha no implica que podamos determinar una concurrencia de culpas dado que ella no controlaba la acción de la circulación. En consecuencia, consideramos que hay base suficiente para considerar que el accidente no habría tenido lugar de haber acomodado el conductor de la motocicleta su conducción a las circunstancias del caso.

No existen datos de los cuales poder deducir que la conducta sancionada queda acreditada por otro cauce diferente a la prueba practicada de videovigilancia; ya que el reconocimiento que se realiza de los hechos se lleva a cabo como consecuencia de una actuación de inmisión en el entorno intimo del trabajador, que vicia esa declaración de reconocimiento.

La demanda sostiene que las medidas generan un impacto negativo en las economías de los estados involucrados, además de contravenir los intereses económicos y ambientales que, según los demandantes, el Congreso reconoció como prioritarios al momento de promulgar la citada legislación.

La personalidad jurídica comprende todos aquellos elementos que distinguen a los sujetos y que demarcan su individualidad. Así, el reconocimiento de tal derecho implica, a su vez, el reconocimiento y la protección de los atributos mismos de la personalidad. Esta aseveración fue desarrollada por esta Corte como parte de comprender el alcance del derecho a la identidad personal como elemento determinante para un trato acorde con la identidad de género.

La habilitación de la feria judicial es una medida de carácter excepcional, que debe ser aplicada restrictivamente, sólo en aquellos casos que no admitan demora en su tratamiento. Únicamente corresponde acceder a la habilitación si alguna de las partes se presenta y demuestra que, de esperar a que concluya el período inhábil para proveer algún asunto podrían tornarse ineficaces las diligencias pendientes, frustrarse derechos u ocasionarse un grave perjuicio a los litigantes.

Terminar el contrato laboral porque la mujer está en estado de embarazo, vulnera el derecho a la autodeterminación reproductiva, porque conlleva una interferencia en la decisión libre de la mujer de decidir en qué momento de su vida quiere quedar en estado de gravidez, o cuántos hijos debe tener. En este escenario, la mujer se ve intimidada a no asumir un embarazo.

Lo resuelto no conforma lo que dispone el precepto y el conjunto de su articulado que, claramente y como indican tanto la parte recurrente cuanto el Ministerio Fiscal, especifica que ha de entenderse fijada la indemnización (solamente) cuando así resulte del acuerdo alcanzado por las partes o por resolución judicial. Circunstancia que no concurre ni en la sentencia recurrida ni en la de contraste.

El Estado de Utah fundamentó su posición en una interpretación particular del acuerdo de incorporación de Utah a la Unión en 1896. En ese momento, el Estado aceptó renunciar a todos los derechos sobre las tierras públicas no apropiadas dentro de sus fronteras como condición para adquirir la categoría de Estado. Por su parte, el Departamento de Justicia, en representación del gobierno federal, sostuvo que esta renuncia excluye cualquier posibilidad de reclamo sobre las tierras en cuestión.

La popular red social anunció que cesará sus operaciones hoy si no recibe garantías de que no será penalizada bajo la ley que exige su venta. La Corte Suprema y la presión política complican su futuro en el mercado estadounidense.

No toda realización por parte del donatario de una conducta reprobable que revista los caracteres de delito y que pueda afectar a la persona, honra o bienes del donante puede ser considerada causa de revocación por ingratitud, porque para que esa conducta pueda ser calificada como tal la misma debe ofender al donante en su gratitud, es decir, ha de poner de manifiesto la ingratitud del donatario para con el donante que compense la gratitud de aquel.

Frente al reconocimiento liso y llano del abogado, se puede concluir que su obrar no fue de buena fe, pues resulta poco convincente que siendo un profesional instruido no conozca el alcance de firmar una declaración jurada en blanco, o que, si se la completó un empleado, no tenga la precaución de revisar la veracidad de los datos consignados antes de suscribirla, por lo cual no puede justificarse el argumento de que él no completó con su puño y letra el formulario.

La Corte Suprema de Hawái había determinado previamente que la aplicación de las leyes estatales en este caso no estaba en conflicto con la legislación federal, ya que el objeto de las demandas era el supuesto comportamiento negligente de las empresas, y no la regulación directa de las emisiones. Dicho tribunal concluyó que la jurisdicción estatal era competente para conocer del asunto, al tratarse de una controversia que involucraba aspectos de responsabilidad civil conforme a las leyes locales.

Los defensores del proyecto sostienen que la normativa busca preservar la integridad de los deportes femeninos y evitar que hombres compitan en estas categorías, afirmando que ello protege tanto la seguridad como la equidad en las competencias deportivas.

La propuesta se alinea con las normativas anteriores de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio, que en octubre de 2022 emitió una regulación inicial enfocada en las exportaciones de artículos avanzados de computación y fabricación.

La jurisprudencia social tradicional tiene dicho que no basta con la mera constancia de la comisión de una falta laboral para declarar la procedencia del despido, sino que es igualmente necesario que pueda calificarse como un incumplimiento grave y culpable del trabajador, tal como se deduce del estatuto de los trabajadores.

La garantía de estabilidad ocupacional reforzada no elimina la facultad de terminar la vinculación, sino que obliga a que se use a la luz de la Constitución. De allí que, tal extensión puede imponer cargas importantes a los empresarios, pero su intensidad no es de tal magnitud que justifique la desprotección y discriminación de un grupo que ostenta el derecho a una especial protección constitucional.

En la medida en que los demandados tengan alguna autoridad residual, ciertamente no tienen poder para suplantar la voluntad del electorado estatal a favor de la suya propia. Si bien decidimos este caso según la doctrina de la supresión, amonestamos enérgicamente a los demandados por exceder su autoridad según la Constitución estatal.

La legislación incluye incentivos destinados a promover la industria de la energía eólica marina y la generación de empleo. Asimismo, asegura el derecho de las personas y comunidades afectadas a ser consultadas de manera previa e informada antes del inicio de cualquier proyecto de desarrollo en áreas marinas.

Para garantizar un estado de conservación favorable para el delfín común, el delfín mular y la marsopa común, el Consejo confirma la necesidad de una medida que cierre la pesca durante un período suficiente. Considera adecuado el cierre durante 4 semanas, así como la prohibición impuesta únicamente a los barcos de más de 8 metros de eslora.

Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

Para que se produzca el riesgo de asociación, deben presentarse dos circunstancias: que el consumidor asocie los productos o servicios distinguidos con los signos en conflicto (a pesar de no existir vinculación o conexión competitiva) y que éstos presenten semejanza o identidad, lo cual no ocurre en el caso.

En su solicitud judicial, el Departamento de Justicia busca obtener una orden que prohíba a las empresas demandadas continuar con las prácticas señaladas o implementar mecanismos similares en el futuro. Según el escrito de la demanda, estas medidas buscan restablecer las condiciones de competencia en el mercado de alquiler de bienes inmuebles residenciales.

Se argumenta que las prácticas descritas resultan en decisiones arbitrarias que afectan especialmente a sectores en los cuales las empresas chinas mantienen una ventaja competitiva global significativa, tales como la energía renovable, la infraestructura y los equipos de transporte.

La autenticidad de los mensajes de WhatsApp -como documentos electrónicos- se refuerza sobre la base de la existencia de un mecanismo complementario de firma electrónica, que permitirá generar una mínima presunción acerca de quién fue su autor: el número de teléfono vinculado a la cuenta de usuario y el código IMEI del dispositivo comunicacional.

El tribunal colombiano reafirmó la importancia de las redes sociales como espacios de debate público y condenó las prácticas que limitan el acceso a información y restringen la libertad de expresión en estos entornos digitales.

La cuestión jurídica planteada dice relación con la extensión de la inmunidad que protege a un presidente en funciones frente a procesos penales, si puede extenderse a un presidente electo durante el período de transición. El tribunal de primera instancia rechazó esta interpretación, argumentando que la inmunidad presidencial no aplica fuera del ejercicio formal del cargo.