Ministerio del Trabajo debe indemnizar a funcionaria pública que sufrió acoso laboral por parte de un superior jerárquico, resuelve un tribunal argentino.

La Cámara Federal de Salta (Argentina) amparó los derechos de una exfuncionaria pública que fue víctima de “mobbing” mientras trabajaba en el Ministerio del Trabajo. Constató que las autoridades incurrieron en una tardanza injustificada para pronunciarse sobre el pedido de traslado de la mujer, quien estuvo en una situación de provisionalidad debido a esta situación. Finalmente, la Cámara realizó alcances sobre el acoso laboral y la necesitad de cautelar los derechos de las trabajadores.

Una trabajadora demandó a su repartición y al Estado Nacional por acoso laboral, alegando haber sufrido humillaciones, insultos y expresiones discriminatorias por parte de su superior jerárquico en 2006. Como prueba, se acreditó la suspensión de dicho superior por 30 días y el posterior traslado de la actora. A pesar de que en 2009 se dispuso su pase definitivo, la trabajadora permaneció en situación de provisionalidad, lo que motivó una acción de amparo para que se resolviera su situación laboral lo antes posible, lo cual se concretó recién en 2013. En primera instancia, se condenó a la repartición al pago de $5.000.000 millones de pesos argentinos en concepto de daño moral y material.

La autoridad accionada apeló el fallo, aduciendo que no se podía condenar al Estado Nacional por un hecho personal de un funcionario, precisando que debería haberse integrado la litis el presunto acosador. En otro orden, puntualizó que la simple mora en el dictado de un acto administrativo, como fue el que dispuso el traslado definitivo de la mujer, era insuficiente para justificar la procedencia de la demanda.