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Diario Constitucional

Sanción se extiende a su núcleo familiar y a un exministro.

Gobierno de Estados Unidos prohíbe entrada al país a Cristina Fernández de Kirchner por actos de corrupción durante su gobierno.

La resolución se adoptó en virtud de lo dispuesto en la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024, la cual otorga facultades al Secretario de Estado para designar, de manera pública o privada, a funcionarios extranjeros y sus familiares directos como personas no elegibles para ingresar a los Estados Unidos.

Por Redacción·27 de marzo de 2025·2 min de lectura
imagen: latercera.com
Referencial

El Departamento de Estado de Estados Unidos dictaminó la prohibición de ingreso al territorio estadounidense de la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y del exministro de Planificación Federal Julio Miguel De Vido. La medida se fundamenta en la presunta participación de los mencionados en actos tipificados como “corrupción significativa”, de acuerdo con la normativa vigente. La restricción también se extiende a los familiares directos de los involucrados.

La resolución se adoptó en virtud de lo dispuesto en la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024, la cual otorga facultades al Secretario de Estado para designar, de manera pública o privada, a funcionarios extranjeros y sus familiares directos como personas no elegibles para ingresar a los Estados Unidos cuando existan elementos de convicción sobre su participación en hechos de corrupción o graves violaciones a los derechos humanos.

En el caso de Fernández de Kirchner, en diciembre de 2022 un tribunal argentino dictó una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras considerarla responsable del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. La condena se vinculó a la adjudicación de contratos de obra pública a un empresario cercano. En 2024, un tribunal de apelación argentino confirmó la sentencia.

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