Gobierno de Estados Unidos anuncia sanciones a abogados que interpongan demandas “frívolas” en su contra.

El gobierno de Estados Unidos ha instruido a la fiscal general Pam Bondi, a través de un nuevo memorando, para que inicie procedimientos disciplinarios y solicite sanciones contra abogados y estudios jurídicos que presenten demandas que no cumplan con los estándares de fundamentación jurídica exigidos por la normativa vigente. Esta directriz se fundamenta en la necesidad de garantizar el cumplimiento de las Reglas de Conducta Profesional y la Regla Federal de Procedimiento Civil 11, las cuales establecen que las acciones legales deben contar con sustento probatorio y no estar motivadas por intereses ajenos a la legalidad.

El documento señala que ciertos profesionales del derecho han incurrido en prácticas que podrían ser contrarias a las normas éticas y procesales aplicables, particularmente en litigios contra el gobierno federal. En este sentido, enfatiza la necesidad de revisar la actuación de los abogados que representan casos de inmigración, en los cuales, según el memorando, existirían irregularidades que requieren una mayor supervisión. Asimismo, se dispone que cualquier conducta que no cumpla con los principios rectores de la profesión jurídica deberá ser reportada a las instancias disciplinarias correspondientes.

Entre las medidas previstas, la fiscal general deberá evaluar si la responsabilidad de los actos de abogados subordinados puede ser atribuida a los socios o a las firmas legales en las que prestan sus servicios. Adicionalmente, se dará prioridad a la investigación de aquellas conductas que puedan comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la integridad del sistema electoral.