Tribunales Internacionales · página 10

Entre sus principales hallazgos destacan la aplicación ampliada de la pena de muerte, el trabajo forzoso en diversos sectores, la vigilancia intensiva sobre la población y las limitaciones en el acceso a información externa. La investigación, basada en más de 300 testimonios, sitúa estos hechos en el marco de la política exterior de Pyongyang, marcada por su creciente acercamiento a Rusia y el impacto en la seguridad regional. El documento también plantea recomendaciones a la comunidad internacional y a las autoridades norcoreanas.

La decisión distingue entre demandas iniciadas antes y después de la resolución: las primeras no afectan al procedimiento ni generan riesgo retroactivo. Además, el TJUE reconoce que estos derechos se consideran «vencidos» o «devengados» aunque no exista aún sentencia firme, garantizando así la tutela judicial efectiva. Esta interpretación tampoco compromete la estabilidad financiera ni obstaculiza la sucesión bancaria.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por los ataques a la Corte Constitucional del Ecuador, tras la suspensión provisional de artículos de leyes impulsadas por el Ejecutivo. Llamó al Estado a garantizar la seguridad de sus integrantes y el ejercicio independiente de la justicia constitucional.

El informe destacó las dificultades en la definición jurídica del concepto “pueblos indígenas” en el país, lo que ha generado confusiones y obstáculos en la implementación de políticas públicas. Recogió testimonios sobre experiencias de discriminación, especialmente de la comunidad san, que representa cerca del 3% de la población. También subrayó retos vinculados a la tierra, la representación política y el acceso a servicios públicos. El informe será presentado formalmente al Consejo de Derechos Humanos en 2026.

El informe de 72 páginas, elaborado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, acusa a las autoridades israelíes de perpetrar asesinatos, causar graves daños físicos y psicológicos, y generar condiciones de vida dirigidas a la destrucción parcial o total de la población gazatí. La comisión señala además declaraciones de altos funcionarios como evidencia de incitación al genocidio. Israel rechazó las conclusiones, cuestionando la imparcialidad del organismo y alegando que el reporte omite crímenes cometidos por Hamás.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa se reúne esta semana en Estrasburgo para revisar el cumplimiento de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 22 países, en un proceso clave para garantizar la justicia y el respeto a los derechos fundamentales en la región. Las decisiones serán publicadas el 18 de septiembre.

En el Día Internacional de la Democracia, la CIDH advierte sobre el creciente hostigamiento a organizaciones de la sociedad civil en América Latina. Legislaciones restrictivas, vigilancia arbitraria y estigmatización pública ponen en riesgo su labor esencial para la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento democrático en la región.

La decisión surge a raíz del caso de una dirigente de ETA entregada a España tras cumplir condena en Francia. Así, estimó que corresponde a la Audiencia Nacional de España determinar si los hechos son los mismos, haciendo observancia del principio non bis in ídem para cautelar el debido proceso.

El fallo responde a una consulta del Tribunal de Casación italiano, surgida tras la negativa de un empleador a establecer de forma permanente adaptaciones en el horario laboral de una trabajadora encargada del cuidado de su hijo con discapacidad. Según la decisión, los empleadores están obligados a adoptar medidas razonables que permitan a estos trabajadores compatibilizar su vida laboral y familiar, siempre que ello no suponga una carga desproporcionada para la empresa.

El informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas señala que las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido serían responsables de ataques masivos contra la población civil, incluyendo asesinatos, violencia sexual, persecuciones étnicas y el uso de la hambruna como método de guerra. Se solicitan medidas internacionales urgentes para sancionar estos crímenes.

La sentencia establece, por primera vez, que los tribunales nacionales deben examinar de oficio si procede oír a los niños en casos de sustracción internacional. El TEDH subrayó que la opinión de los menores es un elemento esencial para evaluar si existe un “riesgo grave” en su retorno. Grecia deberá indemnizar a los demandantes por daño moral y pagar costas procesales.

Subraya que las opiniones y puntos de vista personales están necesariamente vinculados a la identidad de quien los emite. Además, precisa que la identificabilidad de los datos debe evaluarse desde la perspectiva del responsable del tratamiento y en el momento de la recogida. La obligación de informar a los interesados se mantiene incluso antes de transferir los datos, independientemente de la seudonimización posterior.

Esta decisión se enmarca en un litigio en Polonia, donde una sala del Tribunal Supremo anuló en 2021 una sentencia firme de 2006 sobre revistas de crucigramas. El TJUE recuerda que el principio de primacía del Derecho de la Unión impide que la normativa interna limite el control judicial de la composición de los tribunales.

El Tribunal constató que el acusado mezcló deliberadamente la esfera privada con el marco profesional, hostigando y amenazándo a la víctima con acabar con su carrera. Estimó que los tribunales nacionales consideraron probados esos hechos de acoso, aunque incurrieron en diversos errores al valorar las circunstancias del caso y sus consecuencias.

Resolvió que la negativa de un Estado miembro a ejecutar una orden de detención europea (ODE) con el fin de asumir en su territorio la ejecución de la pena impuesta por otro Estado, exige el consentimiento del Estado de emisión. Si este consentimiento no se otorga, el Estado emisor mantiene el derecho a ejecutar la pena y, en consecuencia, a conservar la vigencia de la ODE. La decisión reafirma la primacía del principio de reconocimiento mutuo y la necesidad de una cooperación leal entre los Estados miembros para evitar la impunidad.

Expresó profunda preocupación por la persistencia de formas contemporáneas de esclavitud en el país, que afectan especialmente a pueblos indígenas, afrodescendientes, trabajadoras domésticas, migrantes y refugiados. Señaló que estas modalidades de explotación están vinculadas a actividades como la deforestación y la minería ilegal en la Amazonía. Reconoció la existencia de marcos institucionales robustos, pero advirtió que persisten desafíos estructurales.

Emitieron una declaración conjunta en la que reafirmaron la necesidad de mantener la perspectiva de género como eje en las políticas internacionales sobre igualdad y no discriminación. El pronunciamiento subraya la importancia de considerar la interacción entre sexo, género, orientación sexual e identidad de género en la configuración de normas jurídicas y políticas públicas. Asimismo, el texto remite a la obligación de los Estados de cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del derecho internacional y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el Objetivo 5 relativo a la

La condena penal por portar un "arma de protección" durante una protesta pacífica viola la libertad de reunión si no se justifica el riesgo ni se evalúa el carácter no violento del acto. Aunque esté prevista por ley y tenga fines legítimos, resulta desproporcionada si carece de la justificación reforzada que exige el uso del derecho penal en contextos de protesta y no cumple con el estándar de necesidad en una sociedad democrática

Resolvió que Grecia vulneró el derecho a un proceso equitativo y a un recurso efectivo, al constatar la duración excesiva de un procedimiento civil iniciado en 2001 y concluido en 2020. El fallo precisó que el recurso compensatorio vigente no permitía examinar la duración global del proceso ni ofrecía una reparación adecuada. Asimismo, se estableció que las demoras acumuladas en tres instancias judiciales superaron el estándar de “plazo razonable” previsto en el artículo 6 del Convenio.

Determinó que estas designaciones, de carácter organizativo y acotadas en el tiempo, son legítimas si responden a motivos objetivos y respetan la adscripción original del juez. Además, señaló que el incremento de la carga laboral o la falta de especialización no afectan la validez de la medida. Tampoco lo hacen, por sí solas, la ausencia de consentimiento de los jueces ni la inexistencia de un recurso contra la designación. El fallo precisa que, aunque las designaciones provengan de autoridades nombradas irregularmente, ello no basta para poner en entredicho la compatibilidad de las formacione

Por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce formalmente los impactos que sufren los familiares de personas privadas de libertad y llama a los Estados a garantizar sus derechos mediante políticas penitenciarias inclusivas y con enfoque diferencial.

Tres de las medidas se vinculan con las órdenes de arresto dictadas contra autoridades israelíes y una con la investigación sobre operaciones militares en Afganistán. La Corte sostiene su competencia en virtud de crímenes cometidos en territorios de Estados parte, lo que ha generado fricciones con Estados Unidos e Israel. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que sancionar a funcionarios judiciales internacionales podría afectar la protección del estado de derecho.

El fallo estableció que un juez del Tribunal participó en la revisión de un recurso pese a haber intervenido previamente en las instancias del caso, lo que generaba dudas objetivamente justificadas sobre su neutralidad. La sentencia subraya que la imparcialidad debe apreciarse tanto desde un punto de vista subjetivo como objetivo.

Resolvió que el Estado polaco incumplió su obligación de investigar de manera efectiva el móvil homofóbico del ataque. Destacó que las autoridades deben desplegar esfuerzos suficientes para esclarecer motivaciones discriminatorias, ya que tratarlas como delitos comunes equivale a desconocer su especial gravedad. En este caso, los indicios de prejuicio no fueron debidamente considerados, lo que derivó en la falta de una protección judicial adecuada, violándose los artículos 3 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Audiencias públicas y deliberaciones marcarán la agenda del tribunal del 18 de agosto al 3 de septiembre de 2025

El texto fue presentado por el presidente del Comité Intergubernamental de Negociación ante 184 países. Entre las principales objeciones se señalaron la ausencia de límites a la producción y de disposiciones relativas a aditivos químicos. Las posiciones divergentes entre países productores y otros Estados dificultaron la consecución de un consenso. Las negociaciones para la adopción de un tratado continuarán dentro del marco de la ONU.

La decisión se dictó en razón de los recursos de casación interpuestos por Francia y la Comisión Europea contra una sentencia del Tribunal General. Este último había concluido que la Comisión cometió un error manifiesto al basarse en un estudio científico considerado insuficiente. El TJUE desestimó los recursos, manteniendo la anulación del etiquetado y clasificación controvertidos. La resolución reafirma que el Comité de Evaluación del Riesgo de la ECHA no tuvo en cuenta todos los elementos relevantes en su análisis.

La violencia sexual se utiliza sistemáticamente como arma de guerra y represión política, afirma el más reciente informe de la ONU sobre el tema, que verificó miles de denuncias de abusos contra mujeres, niñas, hombres y niños en 21 países. La publicación advierte de patrones de violencia sexual en los territorios palestinos ocupados por parte Israel y por Rusia en Ucrania.

La decisión se sustentó en que el solicitante no acreditó contar con medios económicos propios suficientes, ya que su sustento provenía exclusivamente de prestaciones sociales de carácter público, lo que incumplía los requisitos legales. El Tribunal observó que los tribunales nacionales valoraron la situación personal y familiar, incluyendo la dependencia y necesidades especiales del menor, y concluyeron que existían otras alternativas de cuidado a cargo de la madre, también residente en España.

El cuadragésimo primer informe del Fiscal de la Corte Penal Internacional, presentado en cumplimiento de la Resolución 1593 (2005) del Consejo de Seguridad, da cuenta de progresos en las investigaciones sobre crímenes cometidos en Darfur, así como en procesos relacionados con hechos ocurridos desde 2003. El documento detalla avances probatorios, cooperación internacional y obstáculos que persisten en la persecución penal de sospechosos, incluidos altos exfuncionarios sudaneses.