Tribunales Internacionales · página 9

Determinó que este hecho puede eximir a la aerolínea de pagar compensaciones por retrasos o cancelaciones. El fallo responde a una decisión prejudicial a solicitud de un tribunal austriaco en un caso contra Austrian Airlines, donde un vuelo sufrió un retraso de más de siete horas tras una inspección obligatoria de seguridad.

La decisión aclara que, según el Convenio de Montreal, la pérdida de un animal transportado en la bodega debe regirse por las normas aplicables al equipaje facturado, incluyendo los límites de responsabilidad previstos para indemnizaciones según la normativa vigente.

En un informe presentado recientemente, se detalla el uso de drones por parte de las fuerzas armadas rusas en ataques que afectaron a civiles en distintas regiones ucranianas. El documento advierte que estos ataques podrían constituir violaciones al derecho internacional humanitario y anuncia nuevas investigaciones en el corto plazo.

Determinó que Rusia debe pagar a Georgia más de 253 millones de euros como compensación por los perjuicios causados por la consolidación de las líneas fronterizas tras el conflicto armado de 2008. La decisión, adoptada por unanimidad, beneficia a cerca de 30.000 víctimas de diversas violaciones a la Convención Europea de Derechos Humanos. Georgia dispondrá de 18 meses para establecer un mecanismo de distribución de los fondos una vez efectuado el pago.

El Tribunal destacó que la magistrada, además de haber sido una autoridad interina, emitió un comunicado público sobre el caso mientras la investigación estaba pendiente, lo que comprometió la apariencia de independencia. Al considerar que el procedimiento no cumplió las garantías del artículo 6 del Convenio Europeo, la Tribunal dictaminó que el proceso disciplinario carecía de las debidas salvaguardias de objetividad e imparcialidad.

El último informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) revela que 5.7 millones de haitianos padecen inseguridad alimentaria aguda, mientras la expansión del control territorial de grupos armados agrava la crisis humanitaria. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una nueva fuerza internacional de 5.500 efectivos para intentar recuperar el control del país y restablecer el orden institucional.

El Tribunal consideró que los compradores de buena fe fueron sancionados sin haber sido parte del proceso penal incoado con anterioridad. Por este motivo, ordenó devolver los bienes confiscados y pagar indemnizaciones, subrayando que las confiscaciones urbanísticas deben respetar las garantías procesales y la proporcionalidad entre el interés público y los derechos individuales.

Este incumplimiento, que afecta al hábitat protegido de la tortuga Caretta caretta, representa un grave riesgo para la salud y el medio ambiente. El Tribunal subrayó la reiteración de Grecia en violar normas de gestión de residuos y su demora prolongada en cumplir las obligaciones impuestas por el Derecho de la Unión.

En el caso se evidenció una “laguna normativa” que dejó sin representación a los votantes de un movimiento político durante casi todo un período parlamentario. Pese a las reformas intentadas, los tribunales nacionales declararon inconstitucionales o retroactivas las soluciones propuestas. El TEDH consideró que la falta de acción de las autoridades frustró la voluntad popular expresada en las urnas en 2016.

Inició audiencias consultivas para determinar si el derecho de huelga se encuentra amparado por el Convenio Nº 87 de la OIT, relativo a la libertad sindical. El procedimiento, solicitado por la OIT en 2023, ha suscitado un amplio interés internacional con la participación de 21 Estados y organizaciones. Así, la Corte deberá pronunciarse sobre una cuestión que enfrenta a representantes de trabajadores y empleadores respecto del alcance jurídico del convenio.

Declaró culpable a Ali Muhammad Ali Abd-al-Rahman, conocido como Ali Kushayb, por 27 cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la región de Darfur entre 2003 y 2004. El fallo representa la primera condena vinculada al conflicto en esta región y fue emitido tras la revisión de los testimonios de 56 testigos. La sentencia, que podría alcanzar la cadena perpetua, se dará a conocer prontamente.

Concluyó que las autoridades nacionales no ofrecieron un recurso judicial efectivo para examinar el fondo de su reclamación, pese a que el demandante cumplía los requisitos legales y contaba con la recomendación del Consejo Judicial. La sentencia subraya la relación esencial entre la independencia judicial y la posibilidad de control judicial sobre las decisiones de nombramiento.

El tribunal concluyó que la UNRWA, como órgano subsidiario de la ONU, goza de inmunidad absoluta conforme a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas (CPIUN). La resolución también protege a los directivos demandados por su actuación en el marco de sus funciones oficiales. El fallo cierra definitivamente el caso, al declarar la falta de competencia del tribunal estadounidense.

El documento, basado en evidencias satelitales, testimonios y registros oficiales, señala la participación del Ministerio del Interior, la Policía de Fronteras (BGP) y diversas empresas en la utilización de terrenos y estructuras pertenecientes a la comunidad rohinyá, etnia musulmana perseguida en el país. La investigación plantea preocupaciones respecto al retorno seguro y sostenible de los desplazados y se vincula con los procedimientos judiciales en curso ante tribunales internacionales.

Luego de que adhirió al Protocolo 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos podrán solicitar opiniones consultivas sobre la interpretación o aplicación de los derechos y libertades definidos en el Convenio o sus protocolos, en el marco de asuntos que estén conociendo.

El fallo destaca que la mera desproporción patrimonial no basta para justificar la medida y que la ausencia de correlación temporal entre los delitos cometidos y la adquisición de los activos vulnera las garantías de legalidad y proporcionalidad. La sentencia concluyó que no se alcanzó un justo equilibrio entre el interés general y los derechos individuales.

El documento señala que este fenómeno se manifiesta en distintas etapas, desde las investigaciones policiales hasta los procesos judiciales y posteriores a la condena. La ONU vinculó esta realidad con factores históricos y recomendó a los Estados adoptar medidas estructurales para erradicar el racismo institucional. El reporte incluyó propuestas específicas como el uso de datos desagregados, revisiones periódicas de sentencias y alternativas al encarcelamiento.

El tribunal europeo dictamina que negar acceso a ciertos libros viola la libertad de expresión de los presos.

Con 69 Estados firmantes, incluido Chile, el tratado establece un marco internacional para la protección de la biodiversidad marina en aguas internacionales. El instrumento incorpora evaluaciones de impacto ambiental, fomenta la investigación científica y busca regular actividades humanas en alta mar. Se destaca la relación del acuerdo con el derecho a un medio ambiente sano y los objetivos globales en materia de cambio climático, conservación oceánica y sostenibilidad.

Entre el colapso financiero y la esperanza de reforma, la organización enfrenta su mayor desafío desde su fundación.

El Tribunal concluyó que no hubo arbitrariedad ni motivaciones políticas en su condena y que las irregularidades denunciadas eran infundadas. La ausencia del hombre durante el testimonio de una testigo fue justificada, y las decisiones de los tribunales austriacos estuvieron suficientemente motivadas.

El documento recoge evidencias de muertes durante protestas, fallecimientos bajo custodia, detenciones masivas y casos de tortura. También destaca restricciones a la sociedad civil mediante nuevas leyes, así como denuncias de desapariciones forzadas y el arresto de menores de edad. El informe concluye que, ante la falta de investigaciones internas, la comunidad internacional debe apoyar a las víctimas.

La Comisión presentó ante la Corte Interamericana el caso de Pablo Rafael Galván contra el Estado argentino, denunciando la violación de sus derechos a apelar la condena, a la libertad personal y a la integridad. Galván fue detenido en 1996, condenado sin posibilidad real de revisión judicial y mantenido en prisión más allá del cumplimiento de su pena. La CIDH solicita reparación integral, reformas al sistema de casación y garantías judiciales efectivas para evitar nuevas violaciones a los derechos humanos.

Condenó a Italia por no proteger a la actora de la violencia doméstica sufrida durante nueve meses tras separarse de su pareja. Las autoridades italianas rechazaron medidas de protección urgentes, demoraron las investigaciones y minimizaron las denuncias de la víctima, calificando los abusos como simples conflictos familiares. El fallo declaró violados los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo, que garantizan la protección frente a tratos degradantes y el respeto a la vida privada. Italia deberá indemnizar a la demandante.

Se presentaron cargos contra el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, por presuntos crímenes de lesa humanidad vinculados a la campaña antidrogas implementada durante su mandato. Los antecedentes incluyen acusaciones de asesinatos sistemáticos cometidos tanto en su etapa como alcalde de Davao como en la presidencia. La Sala de Cuestiones Preliminares deberá decidir si acoge los cargos para que avance el proceso judicial.

El Tribunal subrayó la gravedad de sus delitos, su reincidencia y el riesgo para la sociedad, concluyendo que la restricción no fue desproporcionada. Recordó que, tras el caso Hirst, el Reino Unido introdujo medidas administrativas acogidas por el Consejo de Europa. Aunque se debatió ampliar el voto a presos con condenas menores, no se legisló al respecto. El Tribunal insistió en analizar la aplicación concreta de la norma y no su validez abstracta, ratificando así la compatibilidad con el artículo 3 del Protocolo n.º 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Presentó un recurso ante la Corte Internacional de Justicia contra Australia y los Países Bajos, cuestionando el fallo de la OACI que declaró su responsabilidad por el derribo del vuelo MH17. Rusia sostiene que la organización excedió su jurisdicción y que el Convenio de Chicago no rige en contextos de guerra. Además, objeta la investigación del JIT, y plantea que Ucrania no cerró su espacio aéreo. El JIT, en cambio, concluyó que el armamento utilizado provenía de una unidad militar rusa.

El pronunciamiento se enmarca en un contexto global de creciente aprobación de leyes que afectan a organizaciones no gubernamentales y medios independientes. Casos como el de Georgia, con su normativa sobre “agentes extranjeros”, reflejan una tendencia observada también en países como Rusia, Turquía, Egipto y Bielorrusia. Según el comunicado, el derecho a la protesta pacífica y a la acción colectiva debe garantizarse para fortalecer la participación ciudadana y el diálogo social.

La 80.ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas estará marcada por el reconocimiento de Palestina y las controversias diplomáticas derivadas, incluyendo la negativa de Estados Unidos a conceder visas a la delegación palestina y la oposición de Israel.

Estimó que la Comisión debía haber verificado si la adjudicación directa del contrato a una empresa rusa cumplía la normativa europea de contratación pública. El proyecto, financiado en gran parte con un préstamo estatal de Rusia, había sido cuestionado por Austria, cuyo recurso de casación fue acogido.