África
Informe de la ONU insta a Botswana a clarificar concepto legal de “pueblos indígenas” para proteger a esta población
El informe destacó las dificultades en la definición jurídica del concepto “pueblos indígenas” en el país, lo que ha generado confusiones y obstáculos en la implementación de políticas públicas. Recogió testimonios sobre experiencias de discriminación, especialmente de la comunidad san, que representa cerca del 3% de la población. También subrayó retos vinculados a la tierra, la representación política y el acceso a servicios públicos. El informe será presentado formalmente al Consejo de Derechos Humanos en 2026.
El Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Albert K. Barume, concluyó una misión oficial en Botsuana que se extendió durante casi dos semanas. La visita incluyó desplazamientos a 12 ciudades y localidades, además de reuniones con el presidente Duma Boko, ministros y representantes de comunidades indígenas.
En la declaración emitida al finalizar la misión, Barume recomendó que se establezca un presupuesto específico y una estrategia clara para abordar la situación de los pueblos indígenas en el país. Según explicó, aunque se han registrado avances en la materia, persisten desafíos significativos en el reconocimiento y la implementación de sus derechos.
Uno de los puntos centrales del informe es la ausencia de una definición legal precisa del término “pueblos indígenas” en Botswana. De acuerdo con el Relator, esta falta de claridad genera confusión tanto en la opinión pública como en el diseño de políticas, puesto que la mayoría de la población se identifica como indígena. No obstante, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sostiene que no todos los grupos cumplen los criterios internacionales establecidos.
Durante los encuentros con comunidades, especialmente con el pueblo san —que constituye cerca del 3% de la población—, se recogieron testimonios sobre experiencias de discriminación. Entre ellos se mencionaron casos en los que niños y adolescentes habrían sufrido burlas en las escuelas por su lengua, acento o vestimenta. Los entrevistados manifestaron sentirse marginados e invisibles dentro de la sociedad botsuana.
El informe también subraya otros ámbitos en los que los pueblos indígenas enfrentan dificultades, como el acceso a tierras y recursos naturales, la representación en instancias gubernamentales y el reconocimiento de sus prácticas consuetudinarias. Asimismo, se reporta que sectores de estas comunidades perciben exclusión en el acceso a servicios básicos, en particular en educación y salud.
En este contexto, se valoró la reciente ratificación por parte de Botswana del Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece normas mínimas para la protección de los pueblos indígenas y tribales a nivel global. El Relator instó a consolidar en la constitución nacional el reconocimiento formal de estos grupos.
La administración actual ha conformado un comité interministerial para dar seguimiento a los desafíos identificados y ha considerado la posibilidad de levantar restricciones de caza para comunidades indígenas, dadas sus implicancias culturales y económicas.
El informe completo será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2026, ocasión en la que se evaluará el avance de las recomendaciones.
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