Gobierno de EE.UU. sanciona a presidenta de la Corte Penal Internacional

El Gobierno de Estados Unidos anunció la aplicación de sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la magistrada japonesa Tomoko Akane, y contra el juez senegalés Abdoulaye Seye, quien se desempeña como sustituto del fiscal general del tribunal. La decisión se enmarca en las acciones impulsadas por la administración estadounidense respecto del funcionamiento de la Corte.

A través de una declaración pública, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que ambas autoridades participaron de manera directa en actuaciones dirigidas a investigar, arrestar, detener o enjuiciar a personeros pertenecientes a gobiernos que no reconocen la competencia de la corte. Estas determinaciones corresponden a la línea de acción adelantada por el propio Rubio en semanas previas sobre el tribunal con sede en La Haya.

Rubio calificó a la Corte como una entidad politizada que ha sobrepasado sus atribuciones legales, afirmando que su país no aceptará afectaciones a la soberanía de los Estados. Las medidas ordenadas por Washington disponen la prohibición de ingreso a territorio estadounidense y la inmovilización de bienes y activos financieros bajo jurisdicción norteamericana para los magistrados afectados.

Las disposiciones sancionatorias responden principalmente a los procesos y pesquisas desarrollados por el tribunal sobre las actuaciones de Israel, país considerado un socio estratégico de Estados Unidos en Medio Oriente. En la distribución de tareas de la corte, Tomoko Akane asume labores institucionales y de representación, mientras que Abdoulaye Seye supervisó indagatorias vinculadas al financiamiento de asentamientos en Cisjordania y la provisión de armamento.

La posición formal de Estados Unidos se fundamenta en que no es Estado parte del Estatuto de Roma, tratado constitutivo que tampoco ha sido ratificado por Israel, motivo por el cual sostiene que sus ciudadanos no están sujetos a la jurisdicción de la corte.

Frente a este escenario, la CPI emitió un comunicado donde advirtió que estas acciones debilitan el Estado de derecho y ponen en riesgo el orden legal internacional. El tribunal desestimó las presiones externas y confirmó que continuará ejerciendo sus labores con independencia, imparcialidad y estricto apego al Estatuto de Roma.

Vea orden ejecutiva.