Varias ONG de derechos humanos demandan a gobierno de Trump por sanciones a la Corte Penal Internacional

Cuatro organizaciones internacionales dedicadas a la protección de los derechos humanos, como Human Rights Watch, presentaron una demanda ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York en contra del gobierno de Estados Unidos. Las entidades demandantes sostienen que las sanciones económicas y de visado dictadas por el gobierno restringen de manera ilegal sus actividades de representación jurídica, investigación y defensa humanitaria en el ámbito internacional.

La acción legal impugna un decreto ejecutivo promulgado en febrero de 2025, el cual autoriza al gobierno estadounidense a congelar bienes y denegar el ingreso al país a funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) y a personas extranjeras que colaboren en indagatorias contra ciudadanos de esa nación o de sus aliados sin consentimiento previo. La resolución presidencial fundamentó las medidas alegando que tales investigaciones constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior.

De acuerdo con lo expuesto en el libelo, el Departamento del Tesoro ha aplicado este marco sancionatorio contra el fiscal de la magistratura internacional, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados y tres entidades palestinas de derechos humanos. Las ONG afirman que esta normativa limita severamente su capacidad para comunicarse, colaborar y realizar tareas de investigación y litigio orientadas a la rendición de cuentas por crímenes internacionales.

El conflicto entre el gobierno y la CPI se intensificó tras la emisión de órdenes de detención contra el primer ministro israelí y su exministro de Defensa por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. Pese a que ni Estados Unidos ni Israel son estados partes del Estatuto de Roma, la Corte desestimó las impugnaciones de jurisdicción al determinar que ejerce competencia territorial sobre el territorio palestino.

Las ONG sostienen que el decreto viola la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Primera y Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense y la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa. Por su parte, un portavoz de la Casa Blanca defendió las medidas señalando que la actuación de la Corte atenta contra la soberanía de su país y de sus aliados.

Este litigio se suma a otras acciones presentadas recientemente, entre las que destaca la demanda interpuesta por tres juezas de la CPI contra las medidas presidenciales y la presentación efectuada por otras organizaciones civiles.

Vea texto de la demanda.