Tribunales por País · página 40

El imputado por homicidio, aun valiéndose del bate de béisbol, pudo haber dirigido su golpe a una zona no vital del cuerpo de la víctima, en lugar de su cabeza y de espaldas. El golpe fue asestado de forma artera, por detrás y con un objeto contundente, sin que la víctima pudiera advertirlo. Existía desproporción entre la contextura física del imputado y la víctima (quien pesaba solo 44 kilos), así como la existencia de opciones menos lesivas para defender sus bienes.

Confirmó una sentencia que rechazó el pedido de desindexación de contenidos vinculado a publicaciones que involucraban al actor en una supuesta denuncia por abuso sexual. El tribunal consideró que, pese al tiempo transcurrido y la inexistencia de imputación penal, los hechos relatados en las notas mantenían interés público, por tratarse de una denuncia sobre violencia contra una menor. En consecuencia, desestimó la pretensión de bloquear el acceso mediante buscadores.

Se condenó a cadena perpetua a un médico sirio por crímenes de guerra, lesa humanidad y homicidio, cometidos contra opositores al régimen de Bashar al Assad. La sentencia se dictó en aplicación del principio de jurisdicción universal y se sustenta en pruebas documentales y testimoniales que acreditan torturas, asesinatos y violaciones graves al derecho internacional humanitario.

Se confirmó la resolución que declaró en situación de incapacidad permanente total a una trabajadora agrícola, tras sufrir un episodio de anafilaxia desencadenado por la picadura de un abejorro. La Sala desestimó los recursos interpuestos por la empresa al considerar acreditado que la patología alérgica de la trabajadora constituye una limitación objetiva y definitiva para el ejercicio de su profesión habitual. El tribunal reconoció la calificación del suceso como accidente de trabajo y subrayó la imposibilidad de reubicación laboral.

Innovadora decisión prioriza eficacia y protección de grupos vulnerables. Acelera el proceso y optimiza recursos. Protege a mujeres en hogares monoparentales y menores. Tal forma de notificación no vulnera el derecho de defensa.

El viajero extendió su estadía en Nueva York debido a un diagnóstico de COVID-19. La empresa reembolsó gastos de hospedaje y vuelos, pero se negó a cubrir la alimentación. Cuando se contrata un servicio de asistencia al viajero se tiene en mira la protección efectiva ante riesgos sanitarios reales y previsibles, el cumplimiento del deber de buena fe contractual y el respeto por el derecho a la salud y la dignidad del consumidor contratante.

Propuesta laborista busca modificar ley vigente desde 1861 y eliminar sanciones penales hasta las 24 semanas de gestación. Actualmente, el aborto es un delito penal con excepciones establecidas en 1967. La enmienda principal cuenta con el respaldo de 162 parlamentarios. Una propuesta alternativa busca también eliminar la responsabilidad penal para terceros que faciliten el procedimiento.

Diversas entidades internacionales, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, han manifestado en ocasiones anteriores su rechazo a figuras legales de amnistía que puedan afectar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral.

La parte demandante alegó que el distrito escolar no ofreció adaptaciones razonables, resultando en una reducción sustancial del tiempo efectivo de instrucción. Los tribunales de primera y segunda instancia habían resuelto que la familia debía demostrar que las autoridades educativas actuaron con mala fe o incurrido en un error de juicio grave, criterio que la Corte Suprema rechazó.

Se ha acreditado debidamente, autoría y responsabilidad de la acusada, por el abandono de la educación de su hija, pues en forma consciente y voluntaria, y sabiendo de la obligación, que tenía, por ser la madre de la menor y en su calidad tutora, no la cumplió, con el deber de escolarizar a su hija, sin que existirá impedimento legítimo, para ello, y pese a contar con las acciones que fueron llevadas a cabo desde la institución.

El acceso a un mínimo vital de agua, en condiciones de calidad, asequibilidad, disponibilidad y cantidad, es una obligación del Estado, sin importar la ubicación de la residencia del accionante. Concretamente, no resiste un examen de constitucionalidad la afirmación según la cual el goce del derecho fundamental al agua está condicionado a que el terreno cumpla los requisitos legales para tender las redes de acueducto y alcantarillado.

Fallo ordena desbloqueo mutuo entre congresista y periodista, estableciendo criterios para abordar conflictos entre derechos fundamentales en el ámbito digital.

La ausencia de un procedimiento efectivo para determinar el riesgo a la vida de la madre viola el derecho a la vida privada.

La AEPD concluyó que los hechos descritos constituyen una infracción del Reglamento General de Protección de Datos, en lo relativo al tratamiento de datos personales sin base jurídica suficiente, y del derecho a la desconexión digital previsto en la normativa vigente.

Si bien el Parlamento británico había aprobado en 2022 la derogación de la referida ley, su vigencia se mantuvo en tanto no se estableciera un nuevo cuerpo legal que regulase las situaciones contempladas. En el período comprendido entre abril de 2022 y junio de 2024, se registraron 177 detenciones bajo esta normativa.

Los hechos que originaron el litigio ocurrieron en 2017, cuando un equipo SWAT del FBI ejecutó por error una orden de registro en una residencia particular ubicada en una zona suburbana de Atlanta, Georgia. El operativo incluyó el uso de una granada aturdidora que resultó en la inmovilización temporal de los ocupantes de la vivienda. El objetivo original era un supuesto escondite de pandillas.

La evaluación conjunta de la prueba reseñada, a la luz de la sana crítica, permite verificar un falso escenario desplegado por el imputado, mediante el cual logró la disposición dineraria de la víctima en la errada convicción de que le sería devuelto en el marco de la relación profesional, y que de otro modo no hubiera realizado, todo lo cual evidencia el dolo requerido.

Las redes sociales no pueden servir de escudo para incorporar mensajes que, amparados en la generalidad de una u otra reflexión, escondan un recordatorio a una persona protegida por decisión jurisdiccional. Lo verdaderamente determinante no es -frente a lo que alega la defensa- que los 'pensamientos o reflexiones' deban entenderse como simples enunciados que no están dirigidos a una persona concreta, sino que esas palabras, una vez contextualizadas, tengan un destinatario respecto del que existe una prohibición judicial de comunicación.

La violencia obstétrica –constitucionalmente prohibida- es un tipo de violencia ejercido contra la mujer en el contexto de las relaciones de poder entre la paciente y el personal de un establecimiento de salud. Este tipo de violencia yace en el prejuicio de poner sobre el personal sanitario mayor valor que sobre la mujer, por considerar que quien ostenta el conocimiento en el campo de la salud actúa con la razón en este ámbito, aun cuando las prácticas se realizan en el cuerpo y salud de ella.

El derecho de prensa no ampara los agravios, la injuria, la calumnia, la difamación. No protege la falsedad ni la mentira, ni la inexactitud cuando es fruto de la total y absoluta despreocupación por verificar la realidad de la información. Ampara, sí, a la prensa, cuando la información se refiere a cuestiones públicas, a funcionarios, figuras públicas o particulares involucrados en ella, aún si la noticia tuviera expresiones falsas o inexactas.

La calificación de zona en la que se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o en la que sea probable que existan se basa en la presencia verificada o posible de especies protegidas y en las características del ecosistema propiamente dicho. Esto garantiza su protección frente a los significativos efectos adversos de los artes de fondo en general.

La consulta popular impulsada por la oposición no alcanzó el 50% de participación requerido. El Gobierno de Giorgia Meloni había llamado a la abstención. También se rechazaron propuestas laborales respaldadas por sindicatos.

Estamos frente a una clara situación de violencia económica por razón del género, pues el alimentante no sólo ejerce violencia contra la madre de su hija sino que además vulnera los DDHH de la mujer pues impone a la progenitora mayor esfuerzo y desgaste personal en pos de atender sola las necesidades de la niña y con ello priva al grupo familiar al goce pleno de sus derechos dada la privación de recursos.

La valoración integral de la situación del cuidador no desconoce el principio de solidaridad de la familia, el cual ha sido central en el desarrollo de la jurisprudencia constitucional sobre este servicio. Si bien existe un deber de apoyo a los familiares este no es absoluto, por lo que el Estado y la sociedad deben apoyar a la familia cuando para ella es desproporcionado asumir las cargas de solidaridad y cuidado por sí solas.

La resolución judicial recuerda las posibles consecuencias asociadas a la presentación de documentos con información inexacta o fabricada con inteligencia artificial, entre las que se incluyen la desestimación de solicitudes procesales, la imposición de sanciones disciplinarias, el inicio de procedimientos por desacato al tribunal, e incluso la remisión a las autoridades policiales.

Existe, sin ningún atisbo de duda, el menosprecio a la situación del actor por parte de al empresa, al comunicarse con él estando en situación de IT, y, por tanto, privándole de la tranquilidad y reposo necesario para la recuperación. Menosprecio y vulneración que permite deducir, sin grandes esfuerzos, su voluntad de que el actor continuara prestando servicios desde casa a pesar de la citada situación médica, objetivada por un facultativo a través del correspondiente parte médico de baja.

Se debe aplicar un estándar uniforme, sin distinciones basadas en la pertenencia del demandante a una clase mayoritaria o minoritaria. El análisis debe centrarse exclusivamente en si existen elementos suficientes que permitan inferir discriminación en el marco del empleo, conforme a los criterios tradicionales del Título VII.

La propuesta normativa contempla la habilitación de una vía sumarísima mediante la cual cualquier persona que considere que determinada información difundida a través de medios de comunicación, cualquiera sea su formato, resulta inexacta o lesiva para su intimidad, reputación o dignidad, pueda requerir judicialmente su rectificación, aclaración o supresión, según corresponda.

El Parlamento francés adoptó una nueva legislación que establece prisiones de alta seguridad, una fiscalía nacional contra el crimen organizado y medidas de aislamiento para narcotraficantes, inspiradas en el modelo italiano.

Se ha valorado que la lesión precisó para su sanación, además de una primera asistencia facultativa, la sutura de sus heridas. Sobre este punto insistieron ambos testigos agentes de la Policía Nacional que declararon toda vez que les llamó la atención que hubiera cinco o seis personas cosiendo y también que la víctima se hallaba "fatal" y que ni siquiera estaba para hablar, como los mismos facultativos expresaron.