Tribunales por País · página 39

Revoca condena y critica debilidades en la investigación fiscal. La perspectiva de género no implica flexibilizar los estándares probatorios ni la presunción de inocencia.

Declaró extinguida la pensión alimenticia que un padre abonaba a su hija mayor de edad. La joven había finalizado un grado superior, accedido al mercado laboral y suscrito un contrato indefinido que ella misma rescindió. El tribunal considera que ya había alcanzado una formación profesional suficiente para su inserción laboral, lo que excluye la prolongación de la pensión conforme a la normativa vigente.

El fallo concluye que dicho muro no posee valor patrimonial, que su remoción fue legal y que incluso cuenta con respaldo de la Unesco. La sentencia subraya el carácter público de la plazuela y exhorta a las partes a llegar a un acuerdo que garantice la seguridad del entorno y el acceso libre al espacio cultural.

Resolvió que la exportación de piezas del caza F-35 desde el Reino Unido hacia Israel no vulnera las obligaciones internacionales del país. La decisión se enmarca en el contexto del Programa de Cazas de Ataque Conjunto, liderado por EE. UU., y responde a una demanda interpuesta por una ONG palestina con apoyo de organizaciones internacionales de derechos humanos. El fallo subraya la competencia del poder ejecutivo en cuestiones de política exterior y defensa.

Eleva a $3 millones la condena al Teatro Astral por negar accesibilidad y maltratar a espectadora con discapacidad. Se acreditó que se le proporcionó información errónea sobre la accesibilidad de las butacas, obstruyó el acceso al asiento asignado, se la reubicó forzosamente en la parte trasera del teatro y fue agredida por parte del personal de seguridad.

Reconoció el derecho de los padres a excluir a sus hijos de contenidos educativos que consideren incompatibles con sus creencias religiosas. La sentencia versa sobre un litigio iniciado por familias de diversas religiones, que impugnaron la obligación de sus hijos de asistir a clases con libros de temática LGBTQ.

Se reconoció la triple filiación de una joven concebida mediante técnicas de reproducción asistida, tras un proceso iniciado por su madre no biológica. El fallo se basó en el respeto al derecho a la identidad y a la voluntad procreacional, en un caso que desafía la normativa binaria vigente que regula la filiación en Argentina.

Rechazó las impugnaciones contra el decreto y la circular que implementan el programa EVARS, destinado a la educación en emociones, relaciones y sexualidad en el sistema escolar francés. Confirmó que se ajusta a la legislación vigente y que respeta principios fundamentales como la neutralidad educativa, la libertad de conciencia y la autoridad parental. Además, aprobó que los contenidos se basen en el “estado actual del conocimiento científico y jurídico”.

La demandante cuestionó la imparcialidad del magistrado por haber ejercido funciones como ministro de la Eucaristía, considerando su vínculo con la Iglesia Católica —parte demandada— como una posible causa de parcialidad. Aunque la recusación con causa por motivos religiosos fue rechazada, el Tribunal hizo lugar, de forma excepcional, a una recusación sin expresión de causa. Un fallo que reaviva el debate entre libertad de culto y neutralidad judicial.

Un grupo de 21 fiscales generales estatales ha iniciado una acción legal ante un tribunal federal de distrito en Massachusetts. La demanda cuestiona el uso de una disposición reglamentaria de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) por parte de la administración del expresidente Donald Trump, alegando que esta ha sido utilizada para rescindir subvenciones federales previamente adjudicadas, afectando proyectos estatales en diversas áreas como seguridad pública, salud, educación e infraestructura.

Propuestas incluyen ampliación de miembros, paridad de género y representación federal.

Académica UCSC advierte que el sistema actual de Naciones Unidas impide una respuesta efectiva ante violaciones a tratados internacionales, debilitando la capacidad real de la ONU para resguardar la paz.

La sentencia declara inconstitucionales tres aspectos específicos de la ley. La omisión de amnistiar conductas contra el "procés". La extensión de la amnistía a hechos posteriores a la aprobación de la ley. La posible exclusión de partes en procesos del Tribunal de Cuentas. Con todo, el fallo mantiene la validez general de la amnistía que considera compatible con la Constitución española. El fallo generó una profunda división en el seno del Tribunal.

Confirmó el fallo apelado, pese a los argumentos del acusado que alegaban que el material había sido generado artificialmente con IA. La Cámara sostuvo que la legislación penal vigente abarca tanto imágenes reales como simuladas, incluso aquellas creadas por inteligencia artificial, conforme a convenios internacionales y a la normativa penal aplicable al caso.

A pesar de identificar contenidos que infringen principios constitucionales, el tribunal estimó que la medida adoptada en 2024 por el Ministerio del Interior era desproporcionada. La sentencia analiza los límites entre la libertad de expresión y la protección del orden democrático conforme a la Ley Fundamental alemana. La revista fue señalada por su relación con discursos asociados al extremismo de derecha y por mantener vínculos con el partido AfD.

Resolvió que el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial con libros sin licencia puede considerarse uso justo bajo la ley de derechos de autor de EE. UU. La decisión valida parcialmente la postura de Anthropic en cuanto a la legalidad del entrenamiento de su modelo Claude. Sin embargo, el almacenamiento de copias “pirateadas” fue considerado una infracción. El caso continuará en una nueva fase para determinar posibles compensaciones económicas.

Verificó el cumplimiento de requisitos legales para el reconocimiento: Competencia del tribunal chileno. Respeto al debido proceso. Autenticidad del documento (apostillado). No afectación al orden público argentino. Se ordenó al Registro Civil de Cipolletti rectificar la partida de nacimiento del solicitante con su nuevo nombre.

Innovadora resolución prioriza el derecho alimentario y protege a grupos vulnerables por sobre formalidades procesales. No vulnera el derecho de defensa del demandado si se cumplen ciertos recaudos. Equipara la notificación por WhatsApp a la notificación en domicilio físico. Establece recaudos para garantizar el derecho de defensa del demandado. Equilibra la tutela efectiva de derechos alimentarios con las garantías procesales del demandado.

Impone sanción de 10.000 euros por falta de medidas de seguridad en datos de alumno. Por tratar datos personales de una menor sin el consentimiento de sus tutores legales. Un tercero logró acceder a la cuenta y suplantar la identidad de la menor. La creación de un correo electrónico institucional sin garantías adecuadas derivó en una suplantación de identidad. El caso revela deficiencias en la gestión de seguridad y comunicación del centro, con implicaciones importantes sobre la protección de menores en entornos digitales escolares.

Se suspende la orden del Tribunal de Distrito de Massachusetts que buscaba garantizar el debido proceso en deportaciones. Autorizó al Gobierno federal a continuar con ciertas deportaciones al acoger la solicitud de emergencia que suspende la orden judicial. La medida deja sin efecto temporal las restricciones impuestas al Departamento de Seguridad Nacional respecto de notificaciones previas y garantías procesales mínimas. Tres juezas disintieron, advirtiendo posibles vulneraciones al debido proceso.

Proyecto de ley aprobado por la Cámara de los Comunes establece criterios estrictos y supervisión multidisciplinar para su aplicación en Inglaterra y Gales. Excluye casos de rechazo voluntario de alimentación, avanza ahora a la Cámara de los Lores. El debate se suma a un contexto europeo donde varios países ya han adoptado normativas similares. Aplicable a residentes de Inglaterra y Gales con expectativa de vida inferior a 6 meses.

Concluye que la negativa a legalizar documentos vulnera los principios de buena fe y confianza legítima, al desconocer su trayectoria académica autorizada. La decisión ordena a las autoridades legalizar los documentos, permitiéndole al estudiante continuar sus estudios universitarios en España. Reconoce la educación como derecho fundamental y servicio público con función social. Establece conexión entre el derecho a la educación y la libre elección de profesión.

Según la Corte, los jubilados no están amparados por el Título I de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), pues ya no son "personas cualificadas" bajo dicha normativa. Sostuvo que la ADA solo protege a personas activamente empleadas o en búsqueda de empleo. Este fallo se enmarca en una serie de resoluciones recientes que restringen el alcance de la ADA. La interpretación genera debate sobre la protección real de los derechos laborales tras la jubilación.

Las amenazas incluyeron frases como: "No sabés todo lo que te puedo llegar a hacer" y "jugá limpio negra camorrera porque...vas a terminar peor". El Tribunal consideró que las expresiones buscaban "quebrantar la libertad de acción de la damnificada". Desestimó el argumento de la defensa que intentaba restar seriedad a las amenazas. Enfatizó que la coacción sanciona "el modo antisocial de exigir" y "el medio prepotente de requerimiento". Consideró que las expresiones utilizadas buscaban forzar a la denunciante a retirar demandas judiciales, afectando su libertad de acción. El fallo destaca la g

Fallo de 6-3 confirma la constitucionalidad de la ley de Tennessee que prohíbe procedimientos médicos de transición de género en menores, genera un precedente nacional en medio del debate sobre derechos trans. La medida, impugnada por familias y médicos, fue finalmente considerada constitucional por mayoría. La decisión refuerza la potestad estatal en la regulación sanitaria, mientras la disidencia alerta sobre sus efectos discriminatorios.

Análisis refleja cómo la tecnología y los cambios sociales desafían las normas tradicionales del derecho sucesorio, generando debates sobre moralidad, honor y herencia en la era digital.

Revoca autorización para obtener muestra de voz, estableciendo límites a la intervención corporal en procesos penales. Medida viola el principio de legalidad aplicable a las restricciones de derechos fundamentales. Toma de muestras de voz no está contemplada en las medidas de intervención corporal permitidas por el Código Procesal Penal. Existen alternativas menos invasivas para obtener muestras de voz, como el uso de grabaciones de audiencias judiciales.

Los antecedentes penales no pueden obstaculizar el ejercicio de los derechos de las personas que cumplieron sus condenas y perjudicar su proyecto de vida. La existencia de una investigación penal en curso no constituye una causal objetiva y razonable para negar la apertura de una cuenta bancaria. Ordena a los bancos garantizar el acceso al sistema financiero, al considerar que los antecedentes penales no pueden ser una barrera perpetua para la reinserción social y el ejercicio de derechos fundamentales.

El Tribunal Supremo de España ratificó que el padrastro de un joven fallecido en un accidente tiene derecho a la indemnización correspondiente a la figura paterna, desestimando la pretensión del padre biológico. El fallo destaca que el padrastro ejerció plenamente las funciones de progenitor, mientras que el padre biológico había abandonado a la familia, sentando un precedente sobre la paternidad funcional en casos de compensación por muerte.

Es inconstitucional la norma que no permite a las personas solas residentes en Italia presentar una declaración de idoneidad para la adopción de un menor extranjero que resida en el exterior.