Tribunal Constitucional · página 22

Constituyendo la causal en examen una norma de abstención, de carácter ético, de derecho estricto y por ello preventiva, la circunstancia de ejecutar la conducta prohibida cuya sanción es la cesación en el cargo representativo, ello no conduce a tener que probar, si en el hecho hubo una confrontación entre el interés personal del parlamentario y el interés público que éste debe resguardar.

Los disidentes sostienen que, aunque la finalidad disuasiva o indemnizatoria del interés penal puede ser legítima, su aplicación no puede justificar la afectación de derechos fundamentales.

La Magistratura Constitucional sostuvo que, a través de una oposición restringida, se evita desvirtuar la naturaleza del juicio ejecutivo, impidiendo al ejecutado trasladar discusiones que deben darse en un procedimiento de lato conocimiento.

La requirente cuestiona la decisión de excluir los incidentes del artículo 80 del Código de Procedimiento Civil de la suspensión del procedimiento, alegando que la falta de emplazamiento legal vulnera el debido proceso y puede causar graves consecuencias, como el embargo de bienes sin una notificación válida.

La restricción de excepciones en sede ejecutiva responde a una finalidad constitucionalmente legítima: la protección del trabajo y la eficacia de su tutela judicial.

El empate de votos impidió declarar la inaplicabilidad de la norma, lo que llevó al rechazo del requerimiento en su totalidad.

La requirente sostiene que el precepto impugnado genera una discriminación arbitraria, al exigir como requisito para solicitar la suspensión que la causa penal se encuentra en un grado avanzado, como es la acusación o requerimiento del Ministerio Público.

En fallo histórico acordado en votación 8x2 acoge los requerimientos y aplica por primera vez causal de cesación de cargo parlamentario.

Empresa educacional impugna capitalización mensual de intereses por considerarla desproporcionada.

Rechazó los argumentos de la concesionaria sobre supuesta vulneración a los principios de legalidad y proporcionalidad en la sanción aplicada por el organismo regulador y validó facultades sancionatorias del Consejo Nacional de Televisión.

El derecho al recurso no es absoluto y la prohibición se justifica por la necesidad de certeza y seguridad jurídica, evitando la prolongación indefinida de los procesos penales. El sistema recursivo del Código Procesal Penal cumple en general con los estándares constitucionales e internacionales sobre derecho al recurso, entre otras consideraciones.

Se rechaza requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 248 del Código Procesal Penal. No es posible forzar al Ministerio Público a formalizar la investigación y es por ello que el requirente debió impugnar el artículo 259 inciso final del Código Procesal Penal para remover la exigencia de formalización como requisito para acusar.

Los disidentes argumentaron que la celeridad procesal no justifica la supresión de un recurso efectivo, especialmente cuando la ejecución se rige por reglas distintas al procedimiento declarativo, donde la oralidad e inmediación no son determinantes.

La requirente sostiene que la capitalización de intereses en el caso concreto se vuelve desproporcionada, ya que, como las cotizaciones no se enteraron oportunamente, lo que procede es su pago debidamente reajustado, con intereses agravados y teniendo en cuenta la rentabilidad nominal de los Fondos de Pensiones, con lo que se resarcirá íntegramente al trabajador.

La Magistratura Constitucional sostuvo que, a través de una oposición restringida, el legislador evita desvirtuar la naturaleza del juicio ejecutivo, impidiéndole al ejecutado trasladar discusiones que deben darse en un procedimiento de cognición de lato conocimiento.

La requirente sostiene que el precepto impugnado produce resultados contrarios a la Constitución en el caso concreto, al establecer una discriminación arbitraria, infringiendo la igualdad ante la ley, pues genera un trato desigual hacia los demandados en juicios ejecutivos laborales, ya que impide recurrir ante el tribunal superior jerárquico con la finalidad de revisar las resoluciones de los tribunales inferiores.

La requirente sostiene que la norma impugnada rompe con la posibilidad de satisfacer los intereses subjetivos de los ahorristas e inversionistas del SINAP mediante la acción de la jurisdicción, dado que la frase impugnada condiciona la responsabilidad del Fisco de restituir los bienes a la publicación de un decreto, que no se ha verificado a pesar de que la Caja Central ya no existe legalmente desde el año 1990.

Se resaltó la importancia de la virtualización en los procesos y el compromiso con la justicia constitucional en todo el país, con un enfoque creciente en regiones fuera de la Metropolitana. También se informó sobre el fortalecimiento de las condiciones laborales y las proyecciones para 2025, centradas en la modernización y la eficiencia institucional.

La Magistratura Constitucional sostuvo que no resulta procedente entrar a examinar las objeciones de constitucionalidad que plantea la requirente, ya que ello importaría evaluar la norma misma contenida en el artículo 19 N° 16 inciso final de la propia Carta Fundamental, cuyo contenido reproduce el precepto impugnado.

La requirente sostiene que el precepto legal debe ser declarado inaplicable por ser inconstitucional en su aplicación al caso concreto al establecer una venta forzada a un precio muy inferior al precio de mercado, lo cual se aparta de la garantía constitucional de protección de la propiedad, pasando a ser casi una exacción forzosa.

La requirente alega que la norma objetada vulnera la Constitución al crear un tributo arbitrario, contraviniendo el derecho a un procedimiento racional y justo, el principio de igualdad ante la ley y el principio de reserva legal.

A juicio de la requirente, el precepto legal debe ser declarado inaplicable por ser inconstitucional en su aplicación al caso concreto, ya que en su aplicación determina que sea el remanente de vida útil lo que debe considerarse para efectos de hacer uso del beneficio tributario del artículo 58 de la Ley N°20.551, consistente en que el titular de un proyecto minero en operación a la entrada en vigencia de dicho cuerpo legal, puede deducir como gasto la garantía de cumplimiento, lo que vulnera los derechos consagrados en el artículo 19 N°2, 20, 21, 22 y 24 de la Constitución.

La Magistratura Constitucional sostuvo que la inhabilidad para contratar con el Estado no vulnera la igualdad ante la ley, ya que se aplica de manera general a quienes han sido condenados en un juicio, con garantías de debido proceso y que persigue un fin legítimo: proteger los derechos fundamentales de los trabajadores. Agregó que tal sanción es una consecuencia accesoria de una sentencia judicial ejecutoriada y que existen mecanismos administrativos y judiciales para impugnar su aplicación.

La Magistratura Constitucional sostuvo que, ha quedado descartado que la aplicación de los preceptos impugnados produzca efectos inconstitucionales, pues, la requirente ha podido y puede defenderse aportando antecedentes tendientes a desvirtuar los hechos contenidos en la denuncia, y la multa a imponer resulta proporcional pues refleja el disvalor que representa una conducta vulneratoria para el ordenamiento jurídico ambiental y pesquero.

La Magistratura Constitucional rechazó la alegación de “fórmula rígida”, ya que existe previsibilidad en las sanciones, y el cálculo de la multa está definido por la ley y reglamentos. Respecto a la igualdad ante la ley, concluyó que la diferencia entre sancionar a un sindicato y a un pescador individual es razonable, pues el recurrente actuó dentro de una organización con responsabilidad solidaria.

La Magistratura Constitucional sostuvo que, atendido que la igualdad ante la ley supone la diferenciación razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición, no se advierte que la exclusión del recurso de casación en el caso concreto vulnere esta garantía, atendido que el legislador goza de autonomía para configurar procedimientos con reglas diversas, respetando las exigencias de un racional y justo procedimiento.

La requirente no ha dado cumplimiento estricto a lo ordenado, en cuanto la certificación acompañada no precisa el estado procesal actual de la gestión invocada. Se hizo efectivo el apercibimiento previsto en el inciso segundo del artículo 82 de la Ley N° 17.997, por lo que, no se acogió a tramitación el requerimiento.

La Magistratura Constitucional desestimó la vulneración al principio de legalidad o de proporcionalidad, concluyendo que la intervención reglamentaria está subordinada a la ley, y su alcance está adecuadamente limitado para asegurar que las sanciones sean proporcionales y no arbitrarias.

El artículo 90 de la Ley N° 17.997 establece que una vez resuelta la cuestión de inaplicabilidad por el Tribunal Constitucional, no podrá ser intentada nuevamente, por el mismo vicio, en las sucesivas instancias o grados de la gestión en que se hubiere promovido.

La Magistratura Constitucional reiteró su criterio, señalando que resuelve la acción de inaplicabilidad sobre la constitucionalidad de disposiciones legales aplicadas en un caso concreto, y que carece de competencia para resolver asuntos de mera legalidad.