Tribunal Constitucional · página 19

La Magistratura desestimó un requerimiento que cuestionó la expresión “en única instancia” del artículo 63 N° 1 letra a) del Código Orgánico de Tribunales, señalando que la norma solo asigna competencia y no regula recursos, por lo que su eliminación no haría procedente una apelación contra fallos de casación. Además, que el precepto no incide en la gestión pendiente, ya que el requirente contó con varias instancias recursivas

Se impugna el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, que ordena conceder la apelación en ambos efectos, por estimar que se vulnera el debido proceso y el derecho de propiedad al suspender la ejecución de una sentencia en la parte no apelada que ordenó la entrega de un inmueble. El Tribunal Constitucional deberá resolver si admite a trámite el requerimiento

Tribunal Constitucional deberá resolver requerimiento de inaplicabilidad contra normas que regulan atribuciones de directores de servicios de salud. Requirente sostiene que ciertos preceptos del Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud vulneran el derecho al debido proceso, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, al permitir la modificación unilateral de acuerdos previos sobre la modalidad de cumplimiento del Periodo Asistencial Obligatorio.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles sostiene que la disposición impugnada vulnera el debido proceso y el derecho a recurrir, al impedir que un tribunal superior revise la sentencia dictada en un nuevo juicio tras acogerse un recurso de nulidad previo

El requirente alega que los preceptos impugnados generan sanciones desproporcionadas al permitir que se devenguen remuneraciones por tiempo indefinido, incluso por trabajos no realizados durante doce años, afectando la igualdad ante la ley, la proporcionalidad y la seguridad jurídica

La Magistratura rechazó un requerimiento contra la exigencia de “buena conducta” para titularse de abogado, al estimar que la resolución de la Corte Suprema impugnada, dictada en un procedimiento administrativo de titulación, no constituye una gestión jurisdiccional. En disidencia, cuatro ministros consideraron que dicho procedimiento sí permite activar el control de inaplicabilidad por generar efectos jurídicos relevantes

La Magistratura resolvió que la norma que da por practicada la notificación electrónica desde el envío del correo no vulnera garantías fundamentales como el debido proceso ni el derecho a defensa, ya que cumple con estándares de racionalidad, objetividad e igualdad ante la ley. Se concluyó que la requirente fue notificada correctamente y que cualquier controversia sobre la notificación corresponde al juez de la causa

La Magistratura rechazó el requerimiento presentado por la minera que cuestionó normas especiales para la enajenación de bienes comunes derivados de la reforma agraria. El voto de mayoría consideró que dichas normas, que establecen procedimientos específicos y excepciones al régimen general, son adecuadas a las particularidades de estos bienes. Sin embargo, hubo votos disidentes que señalaron que ciertas disposiciones, como la limitación de la tasación pericial y la presunción de consentimiento por inasistencia, afectan garantías constitucionales

Los requirentes, demandado en el marco de un negocio inmobiliario, alegan que la norma impugnada vulnera el derecho al recurso y al debido proceso, al impedir la revisión por un tribunal superior de una orden que los obliga a exhibir información bancaria, tributaria y contable, sin justificación suficiente ni delimitación temporal

La Magistratura Constitucional rechazó, por empate de votos, un requerimiento que impugnó el artículo 2331 del Código Civil, el cual restringe la indemnización por daño moral en casos de imputaciones injuriosas contra el honor o crédito de las personas jurídicas. El voto por rechazar consideró que la norma protege la dignidad humana ligada a personas naturales y respeta la igualdad ante la ley, otro sostuvo que la exclusión genera una discriminación arbitraria que afecta el prestigio y la reputación comercial de las empresas

En fallo dividido rechaza inaplicabilidad de norma que niega recurso de apelación contra resolución que se pronuncia sobre medidas precautorias. Mantiene la restricción de apelaciones a sentencias definitivas y resoluciones que pongan término al juicio. La mayoría consideró que no vulnera el derecho al debido proceso ni la igualdad ante la ley. El derecho al recurso no implica necesariamente una doble instancia en todos los casos. Los disidentes consideraron que falta de apelación en medidas precautorias podría afectar la protección efectiva de los derechos en litigio.

El requirente alega que la norma impugnada, que tipifica como delito la tenencia o porte de armas que “puedan adaptarse o transformarse para disparar”, se basa en una posibilidad futura y eventual —la adaptabilidad del arma— sin precisar si el sujeto activo debe tener la capacidad de realizar dicha transformación, lo cual implica que se castiga por una conducta incierta y potencial, lo que infringe el principio de tipicidad y el carácter personal de la responsabilidad penal

En la gestión pendiente se discute la aprobación del nuevo plan regulador intercomunal de Chillán, que el requirente alega afecta su predio agrícola. Alegó que, a diferencia de los reclamos de ilegalidad municipal, en los reclamos de ilegalidad regional no es posible recurrir de casación a la Corte Suprema, lo que configura una discriminación arbitraria. El voto que acogió el requerimiento señala que no existe justificación razonable para esta diferencia de trato procesal y enfatiza en la importancia de permitir la revisión por la Corte Suprema, especialmente en materias de planificación terri

Tribunal Constitucional analizará si norma que da valor probatorio a denuncias de SERNAPESCA vulnera el debido proceso. La requirente estima que la norma, al otorgar presunción de veracidad a la denuncia formulada por fiscalizadores en materia pesquera, vulnera además la presunción de inocencia. La gestión pendiente es un juicio civil sancionatorio en que SERNAPESCA imputó a los responsables de una embarcación por captura anticipada de jurel, y cuya única prueba fue la denuncia administrativa.

Declaró inaplicable norma que impide a órganos públicos reclamar judicialmente cuando el CPLT ordena entregar información denegada por afectar el debido cumplimiento de sus funciones. Prohibición vulnera el derecho al debido proceso y tutela judicial efectiva. Negativa resulta incongruente con el diseño constitucional del derecho de acceso a la información, pues todas las causales de reserva tienen igual jerarquía, igual relevancia y deben ser impugnables. La decisión fue adoptada por mayoría, con votos disidentes.

Se impugnan dos preceptos que excluirían a Carabineros de la Ley de Urgencias. Busca proteger derechos de salud de funcionarios y sus familias. Se alegan vulnerados derechos constitucionales y tratados internacionales. La gestión pendiente corresponde a un recurso de protección presentado por la madre de un menor, tras el cobro de más de 14 millones de pesos por una atención de urgencia, debido a que no se aplicó la Ley de Urgencias por su calidad de carga de una funcionaria de Carabineros.

Cuestiona capitalización mensual de intereses y limitación de recursos en juicios de cobranza laboral, alegando vulneración al debido proceso y proporcionalidad. Sostiene que es contrario a la protección de los derechos de los trabajadores.

La Magistratura consideró que la expresión carece de criterios objetivos, permite decisiones arbitrarias y su aplicación en el caso concreto vulnera el principio de proporcionalidad, la reserva legal y la igualdad ante la ley

El requirente alega que el precepto impugnado vulnera el derecho al debido proceso y a la igualdad ante la ley, al impedir revisar decisiones judiciales que podrían causar agravio, configurando una diferencia arbitraria respecto de otros procedimientos ejecutivos

La Magistratura concluyó que la norma impugnada —referida a la capitalización mensual de intereses en el sistema de pensiones del D.L. N° 3.500— no resulta aplicable al juicio subyacente, que versa sobre cotizaciones del seguro de la Ley N° 16.744, regido por la Ley N° 17.322

La requirente señala que la expresión “material” del artículo 5 letra d) de la Ley N°19.983 impide impugnar facturas falsas en su contenido sustantivo y limita la defensa frente a cobros ejecutivos sin causa legítima

La requirente convivió 27 años con el causante sin estar casados. Solicita se reconozca una comunidad de bienes sobre propiedades adquiridas durante la convivencia. Tribunales inferiores rechazaron la demanda por falta de prueba de aportes materiales directos. Alega que la interpretación del artículo 2304 del Código Civil discrimina a las familias de hecho frente a las matrimoniales. Vulnera el derecho de propiedad de la conviviente y desconoce el deber estatal de proteger a la familia en todas sus formas.

Rechaza inaplicabilidad de norma que sanciona con 200% del avalúo fiscal la destinación habitacional de terrenos agrícolas. La norma no vulnera los principios de legalidad, debido proceso ni proporcionalidad. La multa es de casi $40 mil millones impuesta por el Juzgado de Policía Local de Litueche. La sanción es proporcional al daño irreversible causado en suelos agrícolas. Hubo votos disidentes que cuestionaron la falta de gradualidad de la multa y el cálculo basado en avalúos futuros.

Tribunal Constitucional resolverá si admite a trámite requerimiento que busca declarar inaplicable por inconstitucional norma del procedimiento ante los juzgados de policía local que establece: "Son inapelables las sentencias definitivas dictadas en procesos por simples infracciones a la Ley de Tránsito que sólo impongan multas." Requirente argumenta que vulnera la igualdad ante la ley, atenta contra el debido proceso y el derecho a segunda instancia y contraviene normas internacionales de derechos humanos.

La sentencia del Tribunal Ambiental que falla el reclamo contra lo resuelto por la SMA en relación al PDC no cumple la condición de ser “definitiva”. El Programa de Cumplimiento (PDC) no es una herramienta autónoma, sino parte de un proceso sancionatorio más amplio. La limitación del recurso de casación no vulnera el derecho al debido proceso. Derecho al recurso no implica necesariamente un derecho a la doble instancia en todos los casos. El requirente tuvo oportunidades de revisión tanto en fase administrativa como judicial ante el tribunal ambiental. Los disidentes argumentaron que la resolu

Rechaza requerimiento de inaplicabilidad contra norma que permite multas por condicionar atención de urgencia. La norma tiene fundamento constitucional legítimo en el derecho a la salud. Rechaza alegación de discriminación arbitraria, señalando que la ley exige resoluciones fundadas. La norma cumple con los requisitos de tipicidad y legalidad. Existen criterios para evaluar la gravedad y proporcionalidad de las sanciones.

Rechaza requerimientos de inaplicabilidad y reafirma la constitucionalidad del apremio en cobro de cotizaciones. Las cotizaciones previsionales se consideran obligaciones legales equivalentes a las alimentarias, no deudas contractuales. El arresto se distingue de la pena privativa de libertad, siendo una medida coercitiva para proteger derechos previsionales. La mayoría del Tribunal consideró que la norma no infringe tratados internacionales ni constituye prisión por deudas.

La requirente de inaplicabilidad alega que la limitación recursiva vulnera el derecho al debido proceso y a la igualdad ante la ley, al excluir todo recurso judicial tras el fallo del tribunal de alzada.

Solicita al Tribunal Constitucional declarar inaplicable la capitalización mensual de intereses. El municipio argumenta que esta práctica viola el principio Non Bis In Ídem, al superponer sanciones ya existentes. No supera el examen de proporcionalidad, siendo ineficaz como medida disuasiva. El anatocismo termina dificultando el pago de la deuda, al aumentarla exponencialmente, con lo cual resulta que ni protege al trabajador ni respeta los límites constitucionales de igualdad y de debido proceso

El organismo busca impugnar una decisión del CPLT que le ordena entregar información sobre multas a proveedores. Alega que vulnera su derecho de acceso a la justicia y debido proceso. Cuestiona la asimetría entre órganos públicos y particulares para reclamar decisiones de transparencia. Afirma que se han acogido requerimientos similares en ocasiones anteriores.