Tribunal Constitucional · página 18

El precepto impugnado exige consignar un depósito entre 1 y 10 UTM para promover nuevos incidentes tras perder dos anteriores. La gestión pendiente corresponde a un juicio de demarcación y cerramiento, luego de que el tribunal de Coelemu rechazara una objeción pericial por falta de consignación y declarara inadmisibles los recursos presentados, lo que motivó la interposición de un recurso de hecho ante la Corte de Chillán.

La Segunda Sala del Tribunal deberá resolver si admite a trámite un requerimiento que busca declarar inaplicable el artículo 553 del Código de Comercio, en un caso donde se aplicó la figura del infraseguro a pólizas de caución “a primer requerimiento” asociadas a un contrato de construcción. El requirente sostiene que la norma, pensada para seguros de cosas, no corresponde a seguros de responsabilidad civil y que su aplicación reduce injustificadamente la indemnización.

El requerimiento cuestiona normas de la Ley N°17.322 que permiten aplicar intereses con recargo anatocista y limitan el acceso al recurso de apelación. A juicio de la requirente, estas disposiciones vulneran el debido proceso, la igualdad ante la ley y el principio de proporcionalidad.

La requirente alega que las normas impugnadas, que prohíben acumular procedimientos laborales de distinta naturaleza, incluso cuando se fundan en hechos sustancialmente idénticos, vulneran el debido proceso y la igualdad ante la ley al obligarla a litigar en causas paralelas y con riesgo de sentencias contradictorias.

El exalcalde de La Serena impugnó el artículo 2331 del Código Civil, que condiciona la indemnización por imputaciones injuriosas a la prueba de un perjuicio económico. El requerimiento fue acogido por el Pleno, que consideró que la norma vulnera el derecho a la honra y restringe de manera desproporcionada la tutela judicial efectiva, en un fallo dividido que refleja la controversia sobre los límites entre la libertad de expresión y la protección de la dignidad.

El ejecutado en juicio de cobro por sentencia del Tribunal de Cuentas solicitó declarar inaplicable la norma que restringe las excepciones oponibles en este tipo de ejecuciones, por considerar que vulnera la igualdad ante la ley y el derecho a defensa al impedir invocar causales distintas a prescripción, pago o falta de emplazamiento.

El requerimiento fue presentado por un titular de derecho de aprovechamiento de aguas incluido en el listado de no uso, pese a tener en trámite una solicitud de traslado del punto de captación. La Magistratura concluyó que la controversia corresponde al ámbito del reclamo de ilegalidad y que la patente persigue fines legítimos. Tres ministros estuvieron por acoger, al estimar que el cobro resulta injusto ante la inacción administrativa.

El ejecutado en juicio ejecutivo por cobro de pagaré reclama que nunca fue válidamente notificado, promoviendo un incidente de nulidad procesal. Afirma que la aplicación del artículo 81 del Código de Procedimiento Civil vulnera el debido proceso al impedir suspender el juicio mientras se resuelve dicho incidente. El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del requerimiento.

La Magistratura rechazó por unanimidad un requerimiento que impugnó la norma del Estatuto Docente que obliga al pago de una indemnización adicional a profesores despedidos fuera del plazo legal. Reafirmó la justificación de un trato diferenciado hacia los docentes, ya que responde a la necesidad de proteger la continuidad del proceso educativo y la especial situación laboral del gremio.

El requirente cuestiona la constitucionalidad del artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, alegando que al limitar las excepciones oponibles en el cumplimiento incidental de sentencia —sin contemplar la incompetencia del tribunal— vulnera el debido proceso, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

El requerimiento fue presentado por un exministro de Corte, cesado en sus funciones por dicha causal, alegando discriminación arbitraria y vulneración de su derecho de propiedad. El Tribunal descartó la inaplicabilidad, argumentando que la norma no incide en la gestión pendiente y responde a una finalidad legítima: preservar la laicidad y la independencia del Poder Judicial.

El requirente alega que el artículo 22 del DL N° 2.695 vulnera el debido proceso y el derecho de propiedad, al permitir que se ordene la inscripción del inmueble sin mediar defensa ni recurso, en caso de no notificarse la oposición dentro del plazo legal. El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del requerimiento.

El requirente cuestiona el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, al sostener que su aplicación vulnera la Constitución al dejar sin control decisiones arbitrarias de las Cortes de Apelaciones, afectando el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.

Parlamentario argumenta que sus declaraciones hipotéticas no constituyen incitación al quiebre institucional. Responde a una pregunta hipotética sobre apoyo a un golpe de Estado en un contexto similar a 1973. No constituye un llamado a la acción ni un acto político efectivo. La norma se debe interpretar restrictivamente. Cita jurisprudencia internacional que protege el discurso político provocador. "No se sanciona el pensamiento, sino la acción o la incitación directa a la acción". Mezcla hechos conceptualmente separables (intervención militar de 1973 y gobierno posterior). Afecta el derecho a

Requirentes alegan que aplicación de artículos de la Ley de Tribunales Ambientales vulneraría principios constitucionales. Separación de funciones, igualdad ante la ley, derecho al debido proceso (juez natural) y el principio de legalidad.

La Magistratura rechazó el requerimiento contra normas que sancionan infracciones urbanísticas y excluyen el recurso de casación en juicios ante juzgados de policía local, estimando que no vulneran el debido proceso ni el principio de legalidad. Dos ministros estuvieron por acoger, al considerar que carecen de criterios objetivos para graduar las sanciones y excluyen un mecanismo eficaz para corregir errores jurídicos.

El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado en el contexto de una demanda ejecutiva, en la que se cuestiona que el avalúo fiscal vigente determine el precio mínimo de subasta, lo que, según el requirente, vulnera el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley al permitir que bienes raíces sean adjudicados por debajo de su valor comercial.

La requirente sostiene que el precepto permite rebajar el mínimo de la subasta sin criterios de tasación comercial, afectando el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley y el debido proceso al posibilitar la adjudicación por un valor inferior al justo precio.

La Magistratura rechazó la impugnación al estimar que la limitación de excepciones en juicios ejecutivos derivados de juicios de cuentas responde a la naturaleza del procedimiento y no vulnera la Constitución, mientras que el voto disidente estuvo por acoger, al considerar que la norma restringe indebidamente el derecho a defensa

La magistrada sostiene que el requisito de haber trabajado seis meses durante el año anterior vulnera los derechos a la igualdad ante la ley, propiedad y salud, al excluir de las excepciones las licencias médicas por enfermedades graves, pese a reconocer otras como las derivadas de accidentes laborales o maternidad.

El requirente impugnó el artículo 45 inciso 2° de la Ley N° 21.000, que permite al fiscal de la CMF decidir no formular cargos tras una investigación por infracciones a la regulación del mercado bursátil. Alega que la norma otorga una facultad discrecional sin control efectivo, vulnerando la igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo, al no contemplar plazos, bilateralidad ni recursos

La Magistratura rechazó un requerimiento que impugnó la aplicación del artículo 4° transitorio de la Ley N° 21.210, que limita la procedencia del recurso de casación en la forma en juicios tributarios iniciados antes de la vigencia de la norma. Sostuvo que la medida respeta el debido proceso y la igualdad ante la ley, mientras que la disidencia advirtió que esta distinción temporal puede afectar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva

Minera Cerro Colorado afirmó que los preceptos impugnados, que regulan la figura de empresas consideradas como un solo empleador y la posibilidad de negociación colectiva conjunta, vulneran derechos fundamentales como la libre contratación, la actividad económica lícita, la asociación y la propiedad, además de dificultar la determinación precisa de sus obligaciones laborales y previsionales

La Magistratura desestimó el requerimiento que solicitó declarar inaplicable la frase del artículo 162 del Código del Trabajo que obliga al empleador a pagar remuneraciones entre el despido y la comunicación de cotizaciones pagadas. Se consideró que la norma es previsible, proporcional y busca garantizar derechos laborales y previsionales, mientras que la disidencia alegó que su aplicación en el caso genera efectos desproporcionados y compromete el derecho a la educación

La aplicación de la frase "En este caso no será necesario cumplir con los requisitos señalados en el inciso primero de dicho artículo" contenida en el artículo 171 del Código Tributario no vulnera, en el caso concreto, el derecho a un justo y racional procedimiento, por no constituir una infracción al debido emplazamiento ni impactar negativamente en el ejercicio del derecho a defensa de la requirente.

La aplicación del artículo 768 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil no vulnera, en el caso concreto, el derecho a la igualdad ante la ley, al debido proceso ni el derecho de propiedad, por no constituir una discriminación arbitraria ni afectar el derecho al recurso o la tutela judicial efectiva de la requirente.

El requirente sostiene que estas normas, en el caso concreto, vulneran el derecho a la igualdad, el debido proceso, la propiedad y la seguridad jurídica, al impedir poner fin a procesos que permanecen paralizados por años, como ocurre en la gestión pendiente, detenida por casi 12 años

La aplicación de la expresión "soltera o viuda" contenida en el artículo 24 de la Ley N°15.386 vulnera, en el caso concreto, el derecho a la igualdad ante la ley, por constituir una discriminación por exclusión e impacta negativamente en el ejercicio del derecho a la seguridad social de la requirente.

Se acogió un requerimiento contra la norma que consagra la presunción legal que fija como domicilio del demandado el inmueble arrendado para efectos de su notificación, al estimar que su aplicación en el caso concreto vulnera el derecho a defensa y a un debido proceso, al impedir evaluar si el demandado tuvo conocimiento efectivo de la demanda. El voto en contra estimó que se trata de un problema de interpretación legal y no de constitucionalidad

La Magistratura estimó que el requerimiento no cumple con los requisitos legales al omitir el certificado exigido por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, carecer de fundamentos claros y presentar inconsistencias sobre la norma impugnada. Sin embargo, concedió un plazo de tres días para subsanar los defectos formales