Tribunal Constitucional · página 17

Se argumenta que su aplicación vulnera la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el debido proceso, porque impide la revisión de ciertas resoluciones por un tribunal superior.

La Magistratura rechazó —por empate de votos— el requerimiento presentado por la Municipalidad de Temuco contra la norma del DL N° 3.500 que permite la capitalización mensual de intereses en deudas previsionales. La causa se originó en un juicio iniciado por AFP Capital, donde una deuda inicial de poco más de $600 mil terminó superando los $51 millones tras la aplicación del anatocismo. El voto por rechazar sostuvo que la medida busca proteger las cotizaciones de los trabajadores y que su conveniencia corresponde al legislador.

La Segunda Sala debe resolver si admite a trámite un requerimiento que busca declarar inaplicables disposiciones de la Ley de Transparencia, por estimar que amplían inconstitucionalmente el principio de publicidad. El caso surge a raíz de la orden de entregar antecedentes considerados secreto comercial sobre un plaguicida, lo que la empresa afectada alega vulnera derechos como igualdad ante la ley, vida privada, libre iniciativa económica y propiedad.

El requerimiento sostiene que el plazo de 60 días para impugnar el finiquito impidió a la trabajadora demandar su nulidad, pues solo tomó conocimiento de los vicios del consentimiento una vez vencido dicho término, lo que —a su juicio— afecta su derecho a la tutela judicial efectiva.

El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado en el caso concreto permitiría ordenar el lanzamiento de un heredero de un inmueble común sin que exista un juicio de partición previo, lo que vulneraría el derecho de propiedad y el debido proceso.

La restricción de causales de casación en la forma en procedimientos especiales no vulnera derechos constitucionales. Es una atribución del legislador regular los recursos judiciales. El requirente no tiene un derecho subjetivo a un recurso específico como la casación. La aplicación de la norma impugnada no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva ni el debido proceso. Votos disidentes consideran que las normas sí vulneran los derechos constitucionales del requirente, especialmente en procedimientos especiales.

El requirente sostiene que el precepto impugnado, relativo a la continuación de los juicios sumarios tras la audiencia de conciliación, en su aplicación en el caso concreto habría permitido a los tribunales crear una excepción al abandono del procedimiento sin respaldo legal expreso.

El requirente sostiene que los preceptos impugnados permiten fijar de manera discrecional el precio de las subastas judiciales y excluyen la acción rescisoria por lesión enorme, vulnerando la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y la seguridad jurídica, al exponer a los deudores a reducciones de precio desproporcionadas, sin criterios claros ni límites efectivos.

El requirente solicitó declarar inaplicable, en la gestión pendiente, el inciso primero del artículo 47 del D.L. N° 3.063 de 1979, cuestionando que el certificado emitido por el secretario municipal goce de mérito ejecutivo sin que se haya verificado previamente la existencia de la patente ni la procedencia legal del cobro del tributo, lo que, a su juicio, vulnera derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad ante la ley y el principio de reserva legal en materia tributaria.

La Magistratura resolvió que el artículo 2331 del Código Civil, al excluir la indemnización del daño moral por imputaciones injuriosas, vulnera la dignidad humana y el derecho a la honra, declarando su inaplicabilidad en una causa de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual. La decisión contó con votos disidentes que defendieron el diseño de la norma como una forma de equilibrar el derecho a la honra con la libertad de expresión.

La Magistratura desestimó un requerimiento del Consulado de Argentina en Antofagasta, que buscaba declarar inaplicable la norma que restringe las excepciones en juicios ejecutivos laborales. La mayoría estimó que la limitación es razonable para resguardar la eficacia y celeridad en el cobro de créditos de naturaleza alimentaria, mientras que dos ministros disintieron al considerar que la regla vulnera el debido proceso y deja al ejecutado en indefensión.

La requirente impugnó el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil en un juicio ordinario de mayor cuantía tramitado en Curicó. Sostuvo que la exigencia de consignar sumas de dinero para promover nuevos incidentes vulnera garantías fundamentales como el derecho a defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

El requirente plantea que el artículo 8, numeral 9), segundo párrafo, de la Ley 18.101 impide al demandado solicitar orden de no innovar durante la apelación de una sentencia definitiva en un procedimiento sumario especial. Sostiene que la gestión pendiente involucra un juicio complejo sobre la verdadera naturaleza de un contrato, cuya ejecución inmediata podría afectar gravemente los derechos del recurrente.

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento presentado en el marco de un recurso de apelación seguido ante la Corte de Punta Arenas, donde se excluyó la declaración de testigos por aplicación del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. La mayoría sostuvo que se trata de una cuestión de mera legalidad, cuya revisión corresponde al tribunal de alzada, y que la norma impugnada no vulnera la igualdad ni el debido proceso al existir otros medios probatorios alternativos.

Modificación sujeta el recurso de casación en la forma a las reglas generales para juicios iniciados con posterioridad a su entrada en vigencia. Anteriores siguen limitados en su interposición a ciertos motivos de nulidad. No existe un derecho constitucional a casar en la forma por todos los motivos de nulidad y en todos los procedimientos. Esta es una decisión del legislador al regular el sistema de recursos. Distinción entre juicios anteriores y posteriores al 1 de marzo de 2020 no constituye una discriminación arbitraria.

Considera que la facultad del fiscal de no perseverar en una investigación no formalizada no vulnera derechos constitucionales del querellante. Es una atribución discrecional del fiscal, acorde con su facultad constitucional de dirigir la investigación. El querellante no tiene un derecho subjetivo respecto a la acción penal pública, y sus intereses no son vinculantes para el fiscal. La aplicación de las normas impugnadas no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva ni el derecho a ejercer la acción penal. Votos disidentes consideran que las normas sí vulneran los derechos constitucional

El requerimiento se origina en un juicio de indemnización de perjuicios interpuesto por la madre y los hermanos de una alumna fallecida en 2019 al interior del Colegio del Sagrado Corazón de Concepción. La parte requirente apeló contra la resolución que acogió las tachas formuladas respecto de los testigos ofrecidos —todos trabajadores del establecimiento—, en virtud del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, que los considera inhábiles por su vínculo de dependencia.

La norma impugnada impide apelar resoluciones en procedimientos de cumplimiento laboral. El caso surge en Iquique, en que un tribunal declaró solidariamente responsable a la requirente por unidad económica, pese a no haber sido parte del juicio original. Se alega vulneración del derecho al recurso, la tutela judicial efectiva y la igualdad ante la ley.

La Magistratura concluyó que la notificación realizada conforme al Código de Procedimiento Civil no vulnera el debido proceso, que la presunción de domicilio del arrendatario en el inmueble arrendado es racional y justa, y que la acción planteada se refiere a cuestiones procesales que deben resolverse ante la justicia ordinaria, sin afectar la constitucionalidad de la norma.

Se rechazó la impugnación, al estimar que el cuestionamiento planteado no se dirigía contra el diseño del procedimiento de ejecución incidental, sino contra la posibilidad de ejecutar sentencias no firmes, materia regulada por otras normas. Añadió que la suficiencia de la fianza y la oportunidad de la ejecución son asuntos de legalidad propios de la Corte de Apelaciones, y que la disposición impugnada no resultaba decisiva para resolver el caso.

La Magistratura rechazó por empate un requerimiento que cuestionó la constitucionalidad de normas que limitan el recurso de apelación en procesos de cobranza previsional. Mientras un grupo de ministros sostuvo que dichas restricciones no vulneran el derecho al debido proceso, otros sí consideraron que la exclusión del recurso afecta garantías constitucionales fundamentales como el derecho al recurso y a la tutela judicial efectiva.

En un fallo dividido, la Magistratura rechazó el requerimiento que cuestionó la restricción del recurso de casación en la forma en juicios tributarios iniciados antes de la vigencia de la Ley N° 21.210, argumentando que estas limitaciones respetan las garantías del debido proceso y no generan discriminación arbitraria. Sin embargo, la disidencia consideró que, en casos concretos, la restricción puede afectar derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y el derecho a un procedimiento justo.

El requirente impugnó el inciso final del artículo 4° de la Ley N° 19.983, que sanciona con hasta cinco veces el valor de las facturas a quien limite su libre circulación. La controversia surge en el contexto de un juicio ante un Juzgado de Policía Local por el rechazo de facturas emitidas en relación con retenciones contractuales de un subcontrato de obras en el Aeropuerto Internacional de Santiago.

Se argumenta que su aplicación vulnera la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el debido proceso, la inviolabilidad del hogar, porque el juez extiende su representación legal más allá de firmar el contrato de compraventa y autoriza el lanzamiento del ocupante del inmueble subastado a sola solicitud del adjudicatario.

El requirente solicitó se declaren inaplicables las disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil que regulan la renuncia tácita e interrupción de la prescripción, y como la valoración de la confesión extrajudicial. El requirente sostiene que al dar efectos civiles a una sentencia penal, el juez civil transfiere indebidamente decisiones de un tribunal penal a la esfera civil, sin base legal.

La aplicación de artículos del Código Sanitario no vulnera, en el caso concreto, la Constitución. El valor probatorio del acta de fiscalización es una presunción legal que puede ser desvirtuada. El procedimiento permite al denunciado defenderse y presentar pruebas. La revisión del quantum de la sanción es competencia del juez de fondo. El derecho a defensa, a un justo y racional procedimiento, entre otras garantías, no se vulneran.

Argumenta que está imposibilitado de invocar la lesión enorme en ventas forzadas, a diferencia de las ventas voluntarias. La falta de límites claros a la facultad del juez para rebajar el mínimo de la subasta. La ausencia de audiencia previa al fallido antes de rebajar drásticamente el valor mínimo. El rechazo de incidentes por cuestiones formales sin analizar el fondo del asunto. Se vulnera el derecho al debido proceso, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, entre otras garantías, al fijar un mínimo de subasta del inmueble subasta de inmueble por un 8% de su valor.

Rechaza requerimiento de Canal 13 contra multa por contenidos inapropiados. Consideró que la norma no vulnera garantías constitucionales, mientras que una minoría cuestionó la falta de criterios objetivos para determinar las sanciones. La norma establece parámetros claros para determinar sanciones. El criterio de "gravedad de la infracción" orienta la fijación de multas. La proporcionalidad específica puede ser revisada judicialmente. No vulnera, en el caso concreto, el derecho a un justo y racional procedimiento, el principio de proporcionalidad.

La Magistratura rechazó un requerimiento de inaplicabilidad deducido por una adulta mayor de 99 años, quien alegó que el requisito del avalúo fiscal para acceder a la rebaja del impuesto territorial vulnera sus derechos fundamentales. Si bien la mayoría estimó que la norma cumple una función legítima de focalización del beneficio, dos ministros disintieron, destacando que su aplicación rígida, en este caso, resulta manifiestamente desproporcionada.

El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad contra la norma que impide declarar como testigos a trabajadores dependientes de la parte que los presenta, desestimando que vulnere el debido proceso o la igualdad ante la ley. La disidencia advirtió una afectación al derecho de defensa al excluir automáticamente testimonios clave en controversias técnicas.