Laboral · página 4

Concluyó que la acción por despido injustificado, cuando está supeditada a una previa declaración de relación laboral, se rige por el plazo de prescripción de dos años del artículo 510 del Código del Trabajo y no por la caducidad del artículo 168, ordenando dar curso a la demanda

Establece que, cuando la relación laboral se declara judicialmente respecto de un vínculo a honorarios con la Administración, no procede aplicar la sanción de nulidad del despido, precisando además el alcance del pago de cotizaciones previsionales, de salud y de cesantía.

El máximo Tribunal acogió un recurso de unificación de jurisprudencia y corrigió el criterio que limitaba la sanción de nulidad del despido solo al empleador directo, estableciendo que la empresa principal también responde cuando las cotizaciones previsionales impagas se generan durante la vigencia del régimen de subcontratación, aun cuando haya ejercido facultades de información y retención.

El máximo Tribunal unificó jurisprudencia al resolver que la calidad de funcionario de exclusiva confianza debe estar expresamente establecida en la ley, y que no puede fundarse en la sola decisión de la autoridad ni en la relevancia de las funciones desempeñadas, confirmando que la desvinculación por razones políticas vulneró derechos fundamentales.

La Dirección del Trabajo rechazó reconsiderar su doctrina sobre la asignación de responsabilidad directiva en la atención primaria de salud municipal, reiterando que dicho beneficio solo procede cuando existe ejercicio efectivo de funciones de jefatura, lo que no ocurre durante el uso de licencia médica.

El Ordinario N° 774 reiteró que corresponde a la empresa instar prioritariamente a la conformación del comité bipartito de capacitación, promover la designación de los representantes de los trabajadores y agotar los medios necesarios para su constitución, precisando que no procede aplicar sanciones cuando la omisión en la designación de dichos representantes no es imputable al empleador.

El Servicio concluyó que el régimen especial de jornada y descanso previsto en el artículo 152 bis del Código del Trabajo excluye la aplicación del descanso adicional incorporado por la Ley N° 21.561, al no resultar extensibles a los cuarteleros de Bomberos las normas propias de las trabajadoras de casa particular.

La DT precisó que la interpretación práctica y coincidente que las partes han dado a un contrato colectivo resulta jurídicamente válida y vinculante, diferenciando además entre la extensión de beneficios a trabajadores no sindicalizados y la aplicación del instrumento a futuros afiliados.

El organismo administrativo precisó que quienes prestan servicios a honorarios para el Estado solo pueden sindicalizarse como trabajadores independientes y no están habilitados para constituir asociaciones de funcionarios, mientras que quienes pasaron a regirse por el Código del Trabajo sí pueden afiliarse a organizaciones funcionarias conforme a la Ley N° 19.296.

Valida la causal invocada por el empleador. Considera probada falta de matrículas en el nivel donde trabajaba la demandante. Establece relación entre la ausencia de alumnos y el financiamiento del establecimiento, lo que tiene incidencia directa en la continuidad del servicio.

Concluyó que el recurso no cumplía con los requisitos legales, al no existir un pronunciamiento sustancial previo sobre la materia de derecho que se pretendía unificar, manteniéndose firme el rechazo del recurso de nulidad y la sentencia que acogió la demanda subsidiaria por despido injustificado.

El pronunciamiento aclaró qué trabajadores quedan exceptuados de la jornada, cómo deben calcularse las horas entre 40 y 56 semanales y cuál es la remuneración correspondiente al descanso en tierra, precisando el alcance de las normas especiales del trabajo marítimo.

El Servicio reiteró que la reducción posterior de afiliados no extingue la personalidad jurídica de un sindicato constituido con quórum reducido si este completó el mínimo legal dentro del año, y precisó que el receso o falta de directiva no autoriza al empleador a suspender los descuentos de cotizaciones sindicales.

El dictamen determinó que el permiso del artículo 66 quinquies, aplicable a funcionarios municipales, también rige supletoriamente para el personal de la Ley N°19.378, pero solo en casos de emergencias ocurridas en establecimientos educacionales. Las ausencias para controles médicos, terapias o evaluaciones programadas no pueden considerarse tiempo trabajado ni generan un permiso especial con goce de remuneraciones.

Aplica criterio de la Corte Suprema sobre contratos a honorarios en el Estado. Acoge recurso de nulidad laboral de Municipalidad de Lo Barnechea. Deja sin efecto la declaración de nulidad del despido. Mantiene otras condenas como el reconocimiento de relación laboral y despido injustificado. Rectifica el cálculo de reajustes e intereses para órganos públicos.

Dejó sin efecto la decisión del Juzgado de Letras del Trabajo y de la Corte de San Miguel que habían declarado caducada la acción de despido injustificado, al estimar que ésta no puede separarse de la demanda de reconocimiento de relación laboral y que, en tal contexto, corresponde aplicar el plazo de prescripción general de dos años.

El dictamen descartó la creación de asignaciones mediante acuerdos internos de las corporaciones municipales, precisando que el Estatuto de Atención Primaria constituye el marco exclusivo que regula los beneficios remuneratorios del personal.

El tribunal de alzada confirmó el rechazo de la acción de tutela, pero anuló parcialmente la sentencia para ordenar la devolución del aporte del empleador al seguro de cesantía, al estimar que, declarado injustificado el despido, no procedía imputar dichos fondos a la indemnización por años de servicio.

El dictamen aclara que el carácter secreto del estudio de seguridad previsto en la Ley N°21.659 no impide que sea requerido por los inspectores del trabajo para verificar el cumplimiento de la normativa laboral, recordando además que los funcionarios del Servicio están sujetos a un estricto deber de reserva respecto de toda información obtenida en fiscalizaciones.

La Dirección del Trabajo determinó que los empleadores deben enrolar a los trabajadores en cuentas de correo privadas y gratuitas para recibir información del sistema de registro y control de asistencia. Además, el uso de herramientas electrónicas adicionales, como la firma digital, es opcional salvo obligación contractual.

Recurso no cumplió con los requisitos formales exigidos por la ley. No se precisaron adecuadamente las materias de derecho a unificar. La sentencia impugnada se basó en cuestiones procesales, no en interpretaciones jurídicas divergentes.

Reafirmó que los tribunales laborales no pueden revisar actos de la Administración si el legislador no ha previsto una acción específica, subrayando que la competencia jurisdiccional no se presume ni se amplía por interpretación extensiva y que solo procede cuando una norma expresa la habilita en forma estricta.

El dictamen estableció que los diez días de fuero anteriores a la presentación del proyecto de contrato colectivo comienzan únicamente cuando el empleador recibe físicamente el documento y firma para acreditar su recepción, descartando que la notificación por correo electrónico sea suficiente para generar protección laboral.

La Dirección del Trabajo aclaró que los docentes de Corporaciones Municipales deben computar como hábiles los días sábado al formular descargos en sumarios administrativos, puesto que estos procedimientos se rigen por el Estatuto Docente y no por la Ley N°19.880. En el caso analizado, confirmó que el plazo de diez días hábiles vencía correctamente el 8 de agosto de 2025.

La Dirección del Trabajo confirmó que los docentes de establecimientos particulares subvencionados se rigen exclusivamente por la jornada de 44 horas establecida en el Estatuto Docente, por lo que la reducción de horas introducida por la Ley N°21.561 no les resulta aplicable.

La Dirección del Trabajo aclaró que los establecimientos particulares subvencionados no están obligados a pagar remuneraciones a los profesionales de la educación durante una licencia médica, dado que esta suspende la relación laboral y activa el derecho al subsidio por incapacidad, salvo que exista un acuerdo contractual que disponga un pago distinto.

El organismo concluyó que la jubilación anticipada mantiene la naturaleza jurídica de una pensión de vejez y, por tanto, activa la indemnización por años de servicio prevista en el contrato colectivo, al no exigirse una edad mínima para acceder al beneficio.

La Dirección del Trabajo reiteró que la extensión de beneficios solo puede realizarse mediante un pacto expreso entre el empleador y el sindicato, descartando la posibilidad de otorgarla de forma unilateral y advirtiendo que esa práctica puede constituir una infracción a la libertad sindical.

El pronunciamiento aclaró que el personal de atención primaria municipal no puede generar cláusulas tácitas en materia de jornada extraordinaria y que las corporaciones deben aplicar estrictamente el sistema legal de compensación o pago de horas extra previsto en la Ley N°19.378, sin pactar valores superiores ni condiciones informales.

Revoca fallo que validaba descuento en finiquito pese a declararse improcedente la causal de necesidades de la empresa. El descuento solo procede cuando la causal de despido es validada judicialmente. Interpreta que el artículo 13 de la Ley N° 19.728 se refiere a la causal que "jurídicamente ha tenido lugar". Advierte que permitir el descuento en despidos injustificados vulneraría derechos irrenunciables del trabajador.