Laboral · página 5

El dictamen establece que el acuerdo marco suscrito entre organizaciones sindicales del sector minero y empresas contratistas constituye un acuerdo colectivo atípico con efectos laborales y exigible de buena fe por las partes. La Dirección del Trabajo reconoce que su incumplimiento podría afectar la libertad sindical y confirma la posibilidad de registrar el instrumento y actuar en mediaciones destinadas a asegurar su correcta aplicación.

La Dirección reiteró que las cláusulas de un instrumento colectivo solo reemplazan al contrato individual en lo que constituyan una mejora para el trabajador, descartando que un convenio básico pueda disminuir beneficios previamente pactados. También abordó materias de remuneraciones, feriado legal, sueldo base, reliquidaciones derivadas del ingreso mínimo, oportunidad de negociar y efectos para trabajadores desafiliados del sindicato.

La Dirección del Trabajo aclaró que la reducción de jornada establecida por la Ley N°21.561 no puede aplicarse al tiempo de colación pactado con imputación a la jornada, el cual debe mantenerse íntegro. Además, precisó los efectos diferenciados de estos pactos según si fueron acordados colectivamente o de manera individual, y reiteró que cualquier modificación en este último caso requiere acuerdo mutuo.

La Dirección del Trabajo reconsideró su doctrina previa y determinó que no procede el reemplazo de trabajadores en huelga en naves marítimas, salvo en el caso excepcional en que el sindicato no provea el equipo de emergencia. Aclaró además que no existe conflicto entre el DL 2.222 y la prohibición general de reemplazo del Código del Trabajo, dejando sin efecto la interpretación de 2022 que permitía sustituciones en este sector.

Determinó que la responsabilidad solidaria de la empresa principal se extiende también a los efectos de la nulidad del despido, cuando la falta de pago de cotizaciones previsionales ocurre durante la prestación de servicios bajo subcontratación.

El pronunciamiento indicó que carece de competencia para pronunciarse sobre los descuentos de remuneraciones a una dirigente sindical con dedicación exclusiva que ejerce simultáneamente el cargo de concejala municipal. Añadió que las diferencias derivadas de esta situación deben resolverse por acuerdo entre las partes o ante los Juzgados de Letras del Trabajo.

El organismo desestimó la solicitud de reconsideración presentada por una asociación de funcionarios y reafirmó que los quórums del artículo 13 de la Ley N°19.296 deben cumplirse tanto en la constitución como en la renovación de las directivas, manteniendo la doctrina previamente establecida en sus dictámenes.

El organismo precisó que la entrega de uniformes estandarizados es obligatoria para los empleadores del transporte público metropolitano desde el 1 de julio de 2025, aun cuando los contratos o instrumentos colectivos contemplen disposiciones menos exigentes, pues prevalece el deber general de protección del empleador frente a la normativa sectorial vigente.

La Corte estimó que no existió vulneración de derechos fundamentales, pues la desvinculación de la trabajadora obedeció al cumplimiento de un decreto de destitución cuyos efectos habían estado suspendidos por orden judicial durante su fuero maternal.

La Dirección del Trabajo precisó que los trabajadores de la salud regidos por la Ley N° 19.378, que se desempeñan en corporaciones municipales, solo deben pedir permiso por medio día los días 17 de septiembre, 24 y 31 de diciembre, ya que la ley los exime de laborar en la tarde. Sin embargo, los funcionarios con jornada parcial vespertina deberán solicitar permiso por el día completo.

El dictamen establece que las reuniones o mesas de trabajo convocadas por el empleador a dirigentes o delegados sindicales no se descuentan de las horas de trabajo sindical, debiendo el empleador asumir el pago de las remuneraciones y cotizaciones correspondientes. Ello tras reconsiderar su doctrina anterior y reafirmar que esta interpretación fortalece la libertad sindical y la autonomía de las organizaciones de trabajadores.

El dictamen señala que el empleador no puede considerar el descuento de remuneraciones como parte de una sanción disciplinaria, pues corresponde a una consecuencia del incumplimiento de la obligación de prestar servicios. Las sanciones se limitan a amonestaciones o multas de hasta el 25% de la remuneración diaria conforme al artículo 154 del Código del Trabajo.

Queda a firme fallo de Corte de San Miguel que autorizó el desafuero. Establece que la discusión sobre valoración de prueba no es materia de unificación. El recurso no planteaba una verdadera cuestión de derecho. La discrepancia era sobre fundamentos, no sobre interpretación de normas. Reafirma los límites del recurso de unificación de jurisprudencia

La DT se pronunció sobre la aplicación de la jornada laboral para choferes de transporte de carga terrestre interurbana y sus auxiliares, aclarando cuándo se considera un servicio interurbano y cómo se aplican las nuevas reglas de la Ley N°21.561, que reduce progresivamente la jornada semanal a 40 horas. El dictamen también señala que los auxiliares que acompañen a los choferes deben regirse por la misma normativa.

El pronunciamiento aclaró que el reajuste por IPC acordado en contratos colectivos de docentes mantiene plena vigencia tras el ingreso al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, debiendo los empleadores aplicarlo conforme a lo pactado, y precisó que no corresponde otorgar fuero a gratificaciones convencionales en corporaciones sin fines de lucro.

Noción de "dueño de la obra" se aplica al MOP, independientemente de su carácter de entidad pública. La subcontratación existe, aunque se trate de una "asesoría", ya que los servicios del trabajador cedieron en beneficio directo del MOP. Juez laboral omitió analizar prueba documental, "silenció los medios de prueba que reseña el recurrente", incurriendo en un vicio de falta de fundamentación, que demostraban que el cargo del trabajador estaba en las bases de licitación y que sus servicios eran habituales para la obra del MOP

El tribunal acogió parcialmente el recurso de nulidad de Walmart, anulando la condena solidaria y confirmando el pago de indemnizaciones y prestaciones, pero asignando a la empresa la responsabilidad subsidiaria. Sostuvo que Walmart cumplió con su derecho de información según la legislación de subcontratación, limitando así su obligación frente a las prestaciones laborales de la contratista.

Precisó que únicamente el directorio de la Región Metropolitana de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) cumple con los requisitos de la Ley N°19.296. La DT recordó que las elecciones deben respetar los quórums legales y que la designación de un número mayor de directores no confiere fuero gremial, instruyendo además a Gendarmería a informar irregularidades a la Inspección del Trabajo.

El pronunciamiento distingue entre las obligaciones laborales de cooperativas y comités regulados por la Ley N°20.998. Mientras las cooperativas deben gratificar a sus trabajadores si llevan contabilidad y generan excedentes, los comités quedan exentos de este deber por no cumplir tales condiciones.

Precisó las obligaciones y procedimientos que deben seguir los empleadores al ofrecer o modificar el trabajo a distancia o teletrabajo para trabajadores con responsabilidades familiares. Advirtió que el cambio unilateral a trabajo presencial sin previo aviso de 30 días o sin causa legal constituye una infracción a la Ley N° 21.645.

El pronunciamiento aclaró que los trabajadores que se integren a un sindicato con cláusula de aplicación a futuros socios deben cesar en el pago de la cuota sindical al sindicato que previamente les extendió beneficios, sin que exista obligación del empleador de sufragar dichas cuotas. La extensión de beneficios requiere siempre aceptación expresa del trabajador y respeta la autonomía colectiva y la libertad sindical.

El dictamen aclara que las empresas beneficiadas con subsidios al transporte público no pueden reducir sueldos ni ingresos variables de los conductores por efecto de la rebaja de tarifas, y advierte que el incumplimiento conlleva suspensión del beneficio estatal y multas.

La Dirección del Trabajo precisó que los trabajadores tienen un plazo de tres años desde la publicación de la Ley N°21.530 para hacer uso del descanso reparatorio, el cual no se suspende por feriados ni licencias médicas, y que los empleadores que incumplan la normativa pueden ser sancionados administrativamente.

No existe impedimento jurídico para que socios de una misma sociedad celebren un contrato de trabajo entre sí, siempre que se cumplan los requisitos de subordinación, dependencia y remuneración. Lo determinante para la existencia de un vínculo laboral es la presencia efectiva de subordinación o dependencia, que se manifiesta en hechos concretos como supervisión, cumplimiento de horarios y obligación de seguir instrucciones.

El pronunciamiento precisó que dichos profesionales se rigen por la remuneración básica mínima establecida en el artículo 83 del Estatuto Docente, la cual no puede complementarse con otros estipendios ni debe reajustarse si supera el valor mínimo legal.

El dictamen precisó que mientras no se haya pagado el beneficio del retiro, la relación laboral y la responsabilidad administrativa del funcionario permanecen vigentes, por lo que un sumario puede seguir su curso y culminar con destitución, impidiendo el acceso a los beneficios de la Ley N°20.919.

La Corte ordenó el pago de la indemnización adicional prevista en el Protocolo de Traspaso de Personal del Grupo Telefónica. Concluyó que el despido no se ajustó a derecho, y que la reestructuración organizacional alegada por la empresa encuadra en los supuestos del protocolo que justifican el resarcimiento, garantizando la continuidad laboral y el reconocimiento de los años de servicio.

El pronunciamiento precisó que no es válida la expulsión individual de un dirigente sin que medie censura al directorio completo o incumplimiento de los requisitos para el cargo, y que la Dirección del Trabajo carece de competencia para revisar medidas de censura o expulsión de afiliados, materias que deben ser resueltas por los tribunales.

El pronunciamiento precisó que la Ley N°18.156, que permite eximir de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros bajo ciertas condiciones, no se extiende al Seguro de Cesantía ni a las coberturas de accidentes del trabajo. Reafirma que todas las obligaciones laborales y previsionales rigen por igual para trabajadores chilenos y extranjeros, incluso cuando estos cuenten con sistemas de protección social en su país de origen.

El máximo Tribunal revocó el fallo que acogió la excepción de incompetencia absoluta en la audiencia preparatoria de un juicio por despido injustificado y daño moral, al considerar que dicha decisión privó al demandante de un pronunciamiento de fondo sobre su reclamación. Determinó que la resolución de los jueces de primera y segunda instancia constituyó un abuso grave en la administración de justicia, al adelantarse en la exclusión del análisis del mérito del reclamo y afectar el derecho a la tutela judicial efectiva.