Laboral · página 3

El organismo estableció que, en el marco de la Ley Karin, cualquier cambio de funciones o condiciones durante una investigación debe resguardar la integridad de la persona denunciante sin generar perjuicios económicos, incluyendo el pago de remuneraciones variables

Dictamen establece que el personal regido por la Ley N°19.378 solo puede percibir remuneraciones expresamente contempladas en la ley, excluyendo beneficios otorgados por práctica reiterada o acuerdos implícitos

El organismo estableció que las funciones del trabajador son las pactadas en el contrato, que la jornada debe estar debidamente distribuida y que actividades fuera de horario —incluso con consumo de alcohol— no están prohibidas, pero obligan al empleador a resguardar la seguridad y derechos laborales

Concluyó que la Corte de Santiago incurrió en falta o abuso al aplicar la caducidad del artículo 168 del Código del Trabajo sin considerar que la acción de despido injustificado estaba supeditada a la previa declaración judicial de la relación laboral.

El máximo tribunal determinó que este tipo de procedimientos —tramitados conforme al procedimiento monitorio laboral— no admite el recurso de unificación de jurisprudencia, confirmando así la decisión que mantuvo la multa administrativa impugnada.

Descartó que la sentencia laboral hubiera infringido las reglas de la sana crítica o calificado erróneamente los hechos, manteniendo la decisión que declaró injustificado el despido de una trabajadora acusada de incumplimiento grave luego de la sustracción de más de $232 millones desde una sucursal.

El tribunal concluyó que, aunque la empleada vulneró su deber de reserva al entregar información bancaria, la conducta no alcanzaba la gravedad necesaria para justificar la causal de falta de probidad ni el incumplimiento grave invocados por el empleador, ordenando el pago de indemnizaciones y recargos legales.

El tribunal concluyó que la empresa no logró demostrar una reestructuración grave y permanente que justificara la desvinculación, por lo que condenó solidariamente al empleador y a la empresa mandante al pago de indemnizaciones, incrementos legales y prestaciones laborales.

El máximo tribunal acogió un recurso de queja y dejó sin efecto las sentencias que habían declarado caducada la acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales presentada por una trabajadora. La Corte sostuvo que no era evidente el vencimiento del plazo y ordenó reabrir el proceso y citar a una nueva audiencia preparatoria.

Concluyó que los jueces aplicaron erróneamente el plazo del artículo 486 del Código del Trabajo, señalando que en casos de despido indirecto corresponde aplicar el artículo 489 y que la caducidad afecta a la acción y no a los hechos que la sustentan. La caducidad es una sanción que afecta a la acción cuando se ejerce extemporáneamente, pero jamás a los hechos que le sirven de fundamento.

Desestimó las causales por infracción a la sana crítica y error de derecho, manteniendo la restitución del aporte AFC y el recargo del 30% sobre la indemnización por años de servicio. La decisión fue acordada con voto en contra de la Fiscal Judicial en este último punto.

Descartó reconsiderar criterio fijado en el Dictamen N°4.915/76 de 2016, que encuadra a los trabajadores hoteleros en el N°2 del artículo 38 del Código del Trabajo, afirmando que la crisis sanitaria fue una situación excepcional que no altera la necesidad de continuidad del rubro. mantiene su autorización para laborar en domingo y festivos con descansos compensatorios

El máximo Tribunal concluyó que no se configuraba una discrepancia interpretativa sustancial sobre la materia de derecho invocada, por lo que rechazó el recurso interpuesto contra una sentencia de la Corte de Chillán.

Un pronunciamiento detalla las condiciones para utilizar celulares propios en sistemas electrónicos de control de jornada, estableciendo exigencias de consentimiento, financiamiento por parte del empleador y estrictas normas de protección de datos conforme a la Ley N°19.628.

Precisó que las empresas comerciales o industriales derivadas de la agricultura se rigen por las normas generales de la Ley N°21.561, mientras que los trabajadores agrícolas permanentes con jornada variable mantendrán un promedio anual de 7 horas y 30 minutos diarios hasta abril de 2028.

La investigación por acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo debe realizarse dentro de 30 días hábiles administrativos, sin que ese plazo se confunda con el término para interponer una tutela laboral ante tribunales. Además, en casos de subcontratación, la empresa principal o usuaria es la responsable de conducir la investigación, siempre bajo estricta confidencialidad.

Precisó que, incluso en procesos concursales de liquidación, el empleador o su representante solo puede imputar a la indemnización por años de servicio el aporte patronal a la AFC cuando el término de contrato se funda en el artículo 161 del Código del Trabajo.

Las modificaciones de la Ley N°21.755 precisan distribución mínima de la jornada, descansos anuales adicionales y un tope para las horas de espera, garantizando claridad en la remuneración y seguridad jurídica para los trabajadores.

Autoridad laboral aclara los derechos de los trabajadores dependientes e independientes de plataformas digitales, detallando distribución de jornada, descanso mínimo y cálculo de remuneraciones conforme a la reducción progresiva de la jornada semanal.

El tribunal revocó el fallo del Juzgado del Trabajo y concluyó que la solicitud de renuncia por pérdida de confianza, conforme a la Ley 19.882, se ajustó a la normativa de Alta Dirección Pública y no vulneró derechos fundamentales.

El tribunal concluyó que la empleadora no acreditó la modernización ni la reestructuración invocadas en la carta de desvinculación y la condenó a pagar $10.494.637.- por concepto de recargo legal sobre la indemnización por años de servicio. El empleador debe acreditar los hechos invocados en la carta de despido y no puede justificarse posteriormente con fundamentos distintos.

Concluyó que la carta de término no cumplió con el estándar de especificidad exigido por el Código del Trabajo y que la empresa solo sustituyó a la trabajadora por otro profesional con distinto perfil

El tribunal estableció que la empresa no entregó durante 31 meses los anexos de liquidación con detalle de comisiones y omitió el pago de semana corrida por más de dos años y medio, generando un cuadro de ansiedad y depresión acreditado médicamente.

Pullman Cargo deberá pagar indemnización, feriado proporcional y regularizar cotizaciones tras reconocer deuda parcial

El máximo Tribunal confirmó que las cartas de despido carecían de sustento fáctico suficiente y que la devolución de aportes al seguro de cesantía se ordenó conforme a la ley, desestimando la solicitud de consolidar criterios sobre la procedencia de las desvinculaciones

Sostuvo que la omisión en enterar las cotizaciones de seguridad social constituye un incumplimiento grave del empleador, aun cuando la relación laboral haya sido reconocida judicialmente con posterioridad, validando la procedencia de las indemnizaciones legales correspondientes.

Estimó que hubo falta o abuso grave al aplicar el plazo de caducidad del despido injustificado sin considerar que la acción estaba supeditada al previo reconocimiento judicial de la relación laboral. Ordenó continuar la tramitación del juicio.

La acción de despido injustificado no puede analizarse aisladamente cuando está supeditada a la previa declaración de la relación laboral. Reprochó a la Corte de Santiago haber aplicado erróneamente el plazo de caducidad del artículo 168 del Código del Trabajo cuando la acción declarativa se rige por el plazo de dos años previsto en el artículo 510 del Código del Trabajo. Ordenó dar curso a la demanda en todas sus acciones.

La Corte estimó que el cambio de funciones y la disminución de remuneración de una funcionaria a contrata obedecieron a causas objetivas y a facultades legales de la autoridad, sin configurarse acoso ni afectación a su integridad psíquica, revocando la indemnización por daño moral otorgada en primera instancia.

Precisó que la sanción por no pago de cotizaciones previsionales puede extenderse al mandante cuando el incumplimiento se produce durante la vigencia del régimen de subcontratación, aun tratándose del Estado, reafirmando su doctrina uniforme en la materia.