Corte de Santiago rechaza nulidad de Integramédica y confirma despido injustificado de 44 trabajadores

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la demandada en contra de la sentencia dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda de 44 trabajadores, declaró injustificado su despido, ordenó la restitución del monto descontado por concepto de AFC y condenó al pago de las prestaciones laborales respectivas, con reajustes e intereses y sin costas.

La demandada fundó su recurso, en lo principal, en la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, alegando infracción a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba sobre la justificación de los despidos. Sostuvo que el tribunal omitió analizar prueba testimonial y documental relevante, entre ellas las declaraciones de trabajadoras que describieron el cierre de centros médicos y la crisis de ingresos derivada de la situación de las Isapres, así como un oficio de la Dirección del Trabajo que certificaba casi 900 despidos por necesidades de la empresa entre 2021 y 2023, lo que —a su juicio— acreditaba una reestructuración objetiva y masiva.

En subsidio, invocó la causal del artículo 477 del mismo código por infracción de ley, denunciando errónea aplicación de los artículos 13 y 52 de la Ley N°19.728 —al ordenarse la restitución del aporte patronal al seguro de cesantía— y del artículo 161 del Código del Trabajo respecto de la causal de necesidades de la empresa. Argumentó que el descuento del aporte AFC procede con independencia de que el despido sea posteriormente declarado injustificado y que la única consecuencia legal sería el recargo del 30% sobre la indemnización por años de servicio. Asimismo, sostuvo que la desvinculación de los actores obedeció a un proceso inevitable de modernización y racionalización en el contexto de la crisis del rubro de salud.

Al analizar la causal principal, la Corte recordó que el fallo del juez del trabajo examinó las cartas de despido, en las que se invocaban bajas en la atención de pacientes, retraso en pagos de prestaciones por Isapres, disminución de atenciones presenciales y cierre de sucursales o áreas, lo que habría hecho indispensable racionalizar recursos y eliminar cargos. Sin embargo, el tribunal de base estimó insuficiente la prueba rendida por la demandada, señalando que no acreditó mediante medios idóneos tales circunstancias ni el estándar probatorio requerido, ni aportó antecedentes comparativos sobre dotación o eventuales reemplazos, ni documentación fehaciente sobre cierres efectivos de áreas o sucursales.