TC no admite a trámite requerimiento contra norma que limita apelación en juicios penales

La Primera Sala de la Magistratura Constitucional no admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las frases «cuando lo interpusiere el Ministerio Público«; y «de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente«, contenidas en el artículo 277, del Código Procesal Penal.

Esta disposición se refiere al auto de apertura del juicio oral y la información que se debe consignar en la resolución, entre otras, las pruebas que se rendirán en el juicio oral. La misma norma establece que: “De las resoluciones dictadas en la audiencia de preparación del juicio oral, sólo será apelable aquella que se pronuncie sobre la exclusión de pruebas, cuando lo interpusiera el Ministerio Público, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente”.

Del mismo modo, el juez excluirá las pruebas que provinieren de actuaciones o diligencias que hubieren sido declaradas nulas y aquellas que hubieren sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. (Art. 276, inciso 3º Código Procesal Penal).

La gestión pendiente invocada en el requerimiento de inaplicabilidad es un proceso penal seguido ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago. En esta causa se dictó el auto de apertura de juicio oral incluyéndose prueba ofrecida por el Ministerio Público y por la parte querellante, respecto de la cual la defensa solicitó su exclusión, lo que fue rechazado. A su turno, prueba documental y otros medios de prueba ofrecidos por la defensa –requirente de inaplicabilidad- fue excluida como medios de prueba. En vista de ello interpuso recurso de apelación el que fue concedido por el Juez de Garantía, pero la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió el recurso de hecho interpuesto por el Ministerio Público y declaró inadmisible esa impugnación, resolución que alega no le fue notificada. Por ello promovió incidente de nulidad procesal y un recurso de hecho.

El requirente sostuvo que los precepetos legales objetados, de aplicarse para resolver lo pendiente, al limitar la procedencia del recurso de apelación únicamente al Ministerio Público, produce un resultado contrario a la Constitución, especificamente, a la igualdad ante la ley y al debido proceso, y al derecho a un procedimiento racional y justo.