Tribunales por País · página 36

La normativa establece un marco legal para la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Es aplicable a todos los actores de la cadena alimenticia, define una jerarquía de prioridades de gestión y fija objetivos vinculados a la Agenda 2030. Además, introduce obligaciones específicas, medidas de fomento, instrumentos de planificación y un régimen sancionador aplicable.

Se promovió una acción preventiva de daños contra Facebook por presunta publicidad no autorizada de sitios de juego ilegal que utilizan la marca registrada “QUINI 6”. La demanda incluye un pedido de medida cautelar para impedir la continuidad de estas publicaciones y proteger tanto los derechos marcarios como a los usuarios por la existencia de publicidad engañosa.

Una coalición de 20 estados norteamericanos, encabezada por California, Nueva York y Michigan, interpuso una demanda contra el gobierno federal, en rechazo a la exigencia de entregar datos personales de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). La acción judicial aduce vulneraciones a normas federales y estatales de privacidad.

La EPA planteó una modificación regulatoria que eliminaría la base legal que permite la supervisión federal de las emisiones de gases de efecto invernadero en vehículos. La propuesta reabre el debate jurídico sobre el alcance de la Ley de Aire Limpio y activa un proceso de consulta pública. Las observaciones podrán presentarse hasta el 15 de septiembre de 2025.

Un Tribunal de Argentina desestimó la solicitud presentada por “la China” Suárez para impedir la publicación de conversaciones personales al no acreditarse los requisitos legales de procedencia.

Resolvió extender por un segundo año consecutivo la suspensión de la jueza Pauline Newman, de 98 años de edad, ante su negativa a someterse a pruebas neuropsicológicas requeridas en el marco de una investigación sobre su capacidad para continuar en funciones. El dictamen reaviva el debate sobre la independencia judicial y los mecanismos de evaluación del desempeño de magistrados en edad avanzada.

Confirmó una sentencia de primera instancia en un caso de responsabilidad civil por lesiones sufridas a raíz del ataque de un perro. El fallo declaró responsable al propietario del animal, pero reconoció también una cuota de imprudencia y culpa a la víctima. La resolución aborda criterios de culpa concurrente, previsibilidad del riesgo y límites de intervención ante situaciones potencialmente peligrosas en contextos domésticos.

Resolvió una tutela en favor de un adulto mayor en situación de pobreza extrema, quien fue expulsado de un centro de protección. Aunque se constató la superación de los hechos, la Corte reiteró la obligación del Estado de garantizar atención integral y cuidado a largo plazo a las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad, de conformidad con el principio de solidaridad y la jurisprudencia vigente.

Presentó una demanda en un tribunal federal de Estados Unidos contra Tencent, acusando a la empresa de vulnerar sus derechos de autor y marca registrada con su nuevo videojuego Light of Motiram. La acción legal solicita un juicio con jurado, medidas cautelares y la suspensión del lanzamiento del título, alegando similitudes sustanciales con la franquicia Horizon. El proceso se encuentra en etapa preliminar y podría establecer precedentes relevantes sobre la protección de activos digitales en la industria de los videojuegos.

Equipara omisión deliberada con uso activo de la fuerza, confirmando condena de 25 años a Salvatore Delligatti. Sienta precedente que podría aplicarse en futuros casos de delitos violentos. Alegaba que un delito por omisión no implicaba "uso de la fuerza".

Se presentó una demanda contra la ciudad de Nueva York en la que el gobierno de Donald Trump alega que diversas normativas estatales relacionadas con la inmigración violan disposiciones constitucionales y estatutarias federales. La acción judicial plantea una controversia en torno al alcance de la Cláusula de Supremacía y las competencias concurrentes entre autoridades locales y federales en materia migratoria.

Invocó el principio de inmunidad personal de los jefes de Estado en ejercicio conforme al derecho internacional consuetudinario y la Convención de Viena. El fallo establece que esta inmunidad se mantiene vigente aun frente a acusaciones por crímenes de guerra o de lesa humanidad, salvo en instancias internacionales como la Corte Penal Internacional. Estimó que la inmunidad se evalúa en función del estatus de jefe de Estado en la fecha en que se emitió la orden de arresto, no en una fecha posterior.

Analizó la compatibilidad de esta medida con el Derecho constitucional francés y el Derecho de la Unión Europea, especialmente con la Directiva 2001/29/CE relativa al agotamiento del derecho de distribución. El dictamen identifica limitaciones jurídicas en el marco del derecho de la Unión Europea, especialmente en lo relativo al mercado único y la libre circulación de bienes en la Unión Europea.

Confirmó la invalidez formal de un testamento otorgado en la sede consular de España en Buenos Aires por un ciudadano español. El pronunciamiento enfatiza la obligatoriedad de cumplir con las formas testamentarias previstas en el derecho interno, incluso en casos de intervención consular extranjera dentro del territorio nacional.

Dictó sentencia unánime confirmando la constitucionalidad de las disposiciones penales que prohíben la obtención de servicios sexuales y los beneficios económicos derivados de su comercialización. En su análisis, el alto tribunal concluyó que los artículos 286.2 y 286.3 del Código Penal no vulneran el derecho a la seguridad de las personas que ejercen el trabajo sexual, reconocido en el artículo 7 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. La resolución se enmarca en el objetivo legislativo de reducir la demanda de servicios sexuales y prevenir la explotación, considerando ilegítima cual

Determinó que las entidades públicas que bloquean a ciudadanos en sus páginas oficiales de redes sociales vulneran su derecho a la libertad de expresión. La decisión se dictó tras una acción de protección interpuesta por una persona a la que se le impidió comentar en la cuenta oficial de Facebook de una alcaldía. La Corte concluyó que la administración pública no justificó adecuadamente dicha limitación, y que las redes sociales institucionales deben regirse por parámetros constitucionales claros y respetuosos de los derechos fundamentales.

Resolvió descalificar a tres abogados de un estudio jurídico por presentar citas jurisprudenciales inexistentes en escritos judiciales, generadas mediante la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. La decisión fue adoptada en el contexto de un caso presentado por un interno de una prisión estatal de Alabama. La jueza dictó la sanción tras constatar que los profesionales incumplieron los estándares mínimos de diligencia profesional exigidos en litigios federales.

Acogió una medida cautelar solicitada por un progenitor que busca proteger la imagen e intimidad de su hijo menor de edad. La decisión ordena a la madre del niño abstenerse de difundir contenido audiovisual del mismo en plataformas digitales y redes sociales. La medida se fundamentó en la exposición reiterada del menor sin el consentimiento paterno, con presuntos fines promocionales.

Aprobó el proyecto de ley GENIUS, iniciativa que establece un marco normativo federal para las denominadas stablecoins o monedas estables. Con 308 votos a favor y 122 en contra, el texto recibió apoyo bipartidista y se encamina a la firma presidencial. Introduce requisitos específicos sobre respaldo en activos y abre paso a nuevas regulaciones para el sector de criptoactivos. La iniciativa representa un precedente normativo en una materia hasta ahora regulada de forma dispersa a nivel estatal.

Confirmó una resolución que habilita el desbloqueo de un teléfono móvil mediante reconocimiento facial o escaneo del iris, pese a la oposición del acusado. El tribunal consideró que la medida no vulnera derechos fundamentales del imputado. El fallo profundiza el debate sobre el uso de datos biométricos en investigaciones penales y su compatibilidad con las garantías constitucionales como el debido proceso.

Los demandantes argumentan que la influencer difundió afirmaciones falsas y lesivas sobre su vida privada y antecedentes personales. El caso se desarrolla en paralelo a otros procedimientos judiciales iniciados en Francia por hechos similares. La controversia incluye acusaciones relacionadas con el sexo de Brigitte Macron y teorías conspirativas sobre la carrera política del mandatario francés. Solicitan una indemnización punitiva y juicio por jurado.

Estimó que la actuación del donatario que impide el acceso a la vivienda usufructuada por el donante, mediante un cambio unilateral de cerradura, vulnera gravemente los derechos del usufructuario y revela una actitud incompatible con la gratitud exigida en una donación. El fallo reconoce el derecho del donante a revocar la donación y reafirma el valor jurídico del respeto al usufructo como límite al poder del donatario.

Confirmó la desestimación de una serie de demandas interpuestas por víctimas de atentados en Afganistán, en las que se acusaba a entidades bancarias internacionales de complicidad con grupos terroristas. La resolución se basa en la interpretación restrictiva de la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo (JASTA), particularmente tras el precedente sentado por la Corte Suprema en el caso Twitter, Inc. v. Taamneh.

Se presentó un proyecto de ley que propone incorporar principios como la transparencia algorítmica, la trazabilidad y el derecho a intervención humana en decisiones automatizadas sobre manipulación de datos. El texto busca reformar la Ley de Protección de los Datos Personales en línea con estándares internacionales sobre protección de datos y sistemas de inteligencia artificial.

La Cámara rechazó la demanda presentada por una paciente que acusó de negligencia médica a una clínica y a la profesional que le practicó una ligadura de trompas, debido a que igualmente quedó embarazada por posterioridad. El tribunal sostuvo que no se acreditó conducta negligente, imperita o imprudente en la práctica quirúrgica ni vulneración al deber de información.

Estados Unidos ha notificado oficialmente su retiro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), decisión que entrará en vigencia el 31 de diciembre de 2026. El Departamento de Estado justificó la medida con base en principios de política exterior y discrepancias normativas con la admisión del Estado de Palestina como miembro. Este acto marca la tercera desvinculación del país respecto a organismos de la ONU desde la promulgación de una orden ejecutiva presidencial en febrero.

Resolvió que la empresa Open Artificial Intelligence infringió la marca registrada OpenAI al utilizar una denominación marcaria casi idéntica tras el lanzamiento comercial de ChatGPT. Así, ordenó el cese del uso de la marca “Open AI” y canceló su registro por considerarlo fraudulento. La jueza concluyó que existió intención por parte de la demandada de aprovechar el reconocimiento de OpenAI en el mercado para obtener beneficios indebidos.

Ordena indemnización millonaria por captar y difundir imagen de persona desnuda dentro de su domicilio.

La normativa establece sanciones penales, económicas y administrativas a los médicos que la infrinjan. Se enmarca en un contexto nacional de reformas similares en otras jurisdicciones estadounidenses, en medio de disputas constitucionales pendientes ante tribunales locales y federales. Organizaciones civiles han anunciado su intención de impugnar la normativa ante los tribunales.

Los demandantes alegaron haber sido sometidos a trabajo forzoso en plantaciones de cacao de Costa de Marfil. La acción legal buscaba establecer la responsabilidad de diversas empresas multinacionales, entre ellas Nestlé y Hershey, bajo normativa federal relativa a la trata de personas. El fallo confirma que no se logró acreditar un nexo causal suficiente entre las demandadas y los hechos denunciados.