Tribunales por País · página 35

Confirmó la legalidad de la política de la SEC que impide a los demandados en acuerdos negar públicamente las acusaciones. El tribunal consideró que la restricción es aceptada voluntariamente y que responde a un interés legítimo de la autoridad. También rechazó argumentos sobre falta de competencia y violación de la Ley de Procedimiento Administrativo. La resolución se alinea con precedentes federales y deja abierta la vía para futuras impugnaciones caso a caso.

La Audiencia Provincial de Oviedo aplica criterios del Tribunal Supremo para desestimar la acusación en un caso que dividió a la localidad de Proaza. Credibilidad subjetiva. Credibilidad objetiva. Persistencia en la incriminación.

Tribunal de Corrientes permite a una joven de 14 años suprimir el apellido de su padre femicida y adoptar el de su madre fallecida.

Presentación judicial busca medidas urgentes contra la manipulación digital de imágenes y voces de candidatos.

Estimó la constitucionalidad de una ley que modifica el régimen de voto por correspondencia aplicable a las personas privadas de libertad. La norma fue impugnada por un conjunto de parlamentarios que consideraban que determinadas disposiciones del texto legal vulneraban principios fundamentales garantizados por la Constitución y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo cual fue rechazado por el Consejo.

El referéndum propuesto por el presidente Noboa avanza hacia su realización, prevista para noviembre de 2025.

El Tribunal Constitucional y el TJUE han delineado los límites de estas medidas, que buscan reequilibrar la infrarrepresentación femenina sin convertirse en un instrumento permanente ni lesionar el mérito y la capacidad.

Confirmó que no se acreditó justa causa para el despido. La empleadora no convocó una junta médica imparcial ante la discrepancia entre profesionales. La Cámara valoró que no hubo negativa de la trabajadora a someterse a evaluaciones médicas y, además, no otorgó valor probatorio determinante a las publicaciones en LinkedIn ni a presuntas postulaciones laborales. La sentencia destaca la ausencia de un procedimiento adecuado de control médico.

Resolvió que la distribución de software que permite modificar datos temporales de videojuegos sin alterar su código fuente u objeto no infringe los derechos de autor. Así, el tribunal se pronunció sobre la legalidad del software que altera parámetros de videojuegos durante su ejecución sin intervenir en su estructura interna, estableciendo un criterio relevante en materia de derechos de autor conforme al derecho europeo y alemán.

Impuso una sanción administrativa a Giorgio Armani y otra empresa por la difusión de mensajes éticos y de responsabilidad social engañosos, conforme al Código del Consumidor. La investigación evidenció discrepancias entre los compromisos publicitados por las compañías y las condiciones laborales observadas en talleres subcontratados encargados de la producción de artículos de cuero de la marca.

Determinó que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre incumplió la Ley de Especies en Peligro de Extinción al rechazar una solicitud para proteger al lobo gris en el norte de las Montañas Rocosas. El fallo obliga a la agencia a reconsiderar la inclusión de la especie en el listado federal de protección, tomando en cuenta regiones previamente desestimadas. La decisión se dictó tras una demanda de varias organizaciones ambientalistas.

Analizó el proyecto de ley que regula la restitución de bienes culturales a Estados que acrediten haber sido despojados ilícitamente entre 1815 y 1972. El texto establece un procedimiento administrativo para autorizar la salida de dichos bienes del dominio público y su devolución al país de origen. Incluye la creación de un comité científico y la obligación de consultar a las entidades públicas propietarias cuando corresponda.

Acogió el recurso de casación del condenado al considerar que el acusado desconocía la edad real de la adolescente y el delito no contempla modalidad culposa.

Fallo prioriza el interés superior del niño y respeta acuerdo previo de neutralidad religiosa entre progenitores.

Pondrá en marcha un programa piloto que autoriza a los funcionarios consulares a exigir fianzas económicas de hasta 15.000 dólares estadounidenses a algunos solicitantes de visas B-1 (negocios) y B-2 (turismo), provenientes de determinados países. Esta medida, de carácter temporal y con duración de doce meses, busca evaluar la factibilidad operativa y legal de utilizar garantías financieras como mecanismo para asegurar el cumplimiento de las condiciones migratorias establecidas por la normativa vigente.

Se pronunció sobre la constitucionalidad de varias disposiciones de la ley relativa a la lucha contra el antisemitismo en la educación superior. El análisis se centró en aspectos disciplinarios introducidos en el Código de Educación. Las disposiciones impugnadas fueron consideradas conformes a la Constitución, en tanto se ajustan al principio de legalidad y no vulneran otras garantías fundamentales.

Confirmó la condena por un delito contra la propiedad industrial. El recurrente fue hallado responsable de comercializar productos que simulaban ser de la marca Louis Vuitton sin autorización. La Sala desestimó los dos motivos de apelación: la supuesta inexistencia de inducción al error y la presunta errónea cuantificación del perjuicio económico. Así, mantuvo la pena de prisión e indemnización dictadas en primera instancia.

La sentencia ratifica que la falta de consentimiento es el elemento clave del delito, independientemente de la existencia de violencia o intimidación.

Multó con 1 millón de euros a la empresa Shein por incumplimiento de la normativa comunitaria relativa a prácticas comerciales desleales. La investigación concluyó que la compañía difundió mensajes sobre la presunta reciclabilidad de sus productos y uso de materiales sostenibles sin la debida acreditación. Esta decisión se enmarca en la aplicación de la Directiva 2005/29/CE en territorio italiano.

La Ley de Educación Superior (Libertad de Expresión) de 2023 introduce nuevas obligaciones para las instituciones universitarias, con el objetivo de fortalecer la libertad académica y establecer mecanismos sancionatorios ante su vulneración. La normativa también incluye prohibiciones sobre acuerdos de confidencialidad en casos de abuso sexual en campus universitarios y suprime una disposición que permitía demandas civiles por incumplimiento del deber de protección de la libertad de expresión.

Rechazó la acción extraordinaria de protección presentada contra la decisión de una comunidad que resolvió una controversia por la titularidad de un predio ubicado dentro de su territorio ancestral. Precisó que los conflictos que afectan la convivencia y la paz comunitaria constituyen materia de conocimiento exclusivo de las autoridades designadas por la Asamblea General de la respectiva comunidad, incluso cuando las personas involucradas no sean miembros de ella.

Interpuso una acción judicial ante la Corte Suprema estatal solicitando la destitución del representante Gene Wu, a quien atribuye la organización de la ausencia de legisladores demócratas durante una sesión sobre redistribución de distritos, la cual fracasó por falta de cuórum. Alega abandono de funciones y una posible obtención de beneficios indebidos por parte de legisladores democratas.

Se reconoció la existencia de acoso laboral colectivo en el entorno de trabajo de una empresa del sector de la moda, lo que motivó la extinción del contrato de una trabajadora y el pago de la correspondiente indemnización. El fallo estableció que la empleadora incurrió en graves deficiencias en el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, en especial en lo relativo a riesgos psicosociales.

El fallo confirma tanto el veredicto de un jurado como una orden judicial permanente que impone restricciones a las prácticas comerciales de Google en su ecosistema Android por abuso de posición dominante. El tribunal consideró que Epic Games presentó un caso jurídicamente distinto al litigio anterior contra Apple, legitimando así sus alegaciones específicas sobre el sistema Android y su modelo de adquisición de aplicaciones.

Desestimó dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Estabilización Financiera del Seguro de Enfermedad Obligatorio (GKV-Finanzstabilisierungsgesetz). Las impugnaciones apuntaban a disposiciones que imponen restricciones económicas a la industria farmacéutica, tales como descuentos obligatorios, prórrogas de moratorias y limitaciones al reembolso por medicamentos nuevos. El Tribunal concluyó que las medidas son constitucionalmente admisibles en su conjunto.

El expresidente brasileño deberá cumplir la reclusión en su residencia en Brasilia, sin acceso a redes sociales ni contacto con personas no autorizadas, por infringir medidas cautelares en la investigación por el asalto a los poderes del Estado en enero de 2023

Emitió su dictamen sobre un proyecto de ley destinado a modernizar y reorganizar el régimen jurídico aplicable a las instituciones públicas y privadas de educación superior. El análisis incluye observaciones sobre acreditación, gobernanza, relaciones con el Estado, diplomas, y coordinación territorial, en un contexto marcado por reformas estructurales y evaluaciones institucionales. Si bien estimó su legalidad, consideró necesaria la introducción de ciertas modificaciones.

Adoptó la decisión tras ser advertido sobre múltiples errores en citas jurisprudenciales. La decisión hacía referencia a dictámenes inexactos o inexistentes, generando inquietudes sobre la posible utilización de herramientas de inteligencia artificial en su elaboración. Aunque no se ha confirmado el uso de IA, el patrón de errores coincide con los observados en otros casos recientes. La sentencia corregida será publicada próximamente.

Analizó los efectos de la presentación de escritos judiciales generados con inteligencia artificial. El Tribunal advirtió la ausencia de control reflexivo sobre el contenido del escrito y señaló su desconexión con los agravios y el expediente. La resolución remarcó que el uso irreflexivo de la IA puede afectar la validez del acto impugnatorio por incumplir los estándares de fundamentación.También se destacó la importancia del análisis crítico y el deber de diligencia profesional en el ejercicio de la defensa jurídica.

Consideró justificado el despido de una trabajadora que, aún bajo relación laboral, inició un emprendimiento comercial coincidente con el de su empleadora. Se probó que la nueva actividad se desarrollaba en una zona próxima y replicaba el formato y la política comercial de la empresa. El tribunal sostuvo que dicha conducta infringió los deberes de lealtad, confidencialidad y no competencia consagrados en la legislación laboral.