Tribunales por País · página 30

La resolución estableció un pago total de 24.492,10 dólares a las entidades demandadas. Aunque inicialmente se reclamaba una suma mayor, el tribunal redujo el monto tras considerar la situación económica de los sancionados y el efecto disuasorio del caso. La decisión busca prevenir la utilización inadecuada de herramientas tecnológicas en procesos judiciales, como la inteligencia artificial.

La acción busca impedir la aplicación de una guía federal que limita el acceso a fondos para servicios legales y de apoyo a sobrevivientes de violencia doméstica sin estatus migratorio verificado. El caso involucra programas como la Ley de Víctimas del Delito (VOCA) y la Ley de Violencia contra la Mujer, los cuales financian servicios médicos, legales y de asistencia a víctimas en todo el país.

El fallo subraya que esta vía procesal, por su carácter sumario y no contencioso en la fase inicial, se aparta de la regla general prevista en el artículo 750-1 del Código de Procedimiento Civil. Además, precisó que la exención se mantiene aun cuando el deudor formule oposición, lo que otorga claridad sobre la aplicación práctica de este mecanismo especial.

Ratifica la autorización para morir a una mujer de 24 años con paraplejia y sufrimiento crónico. Rechaza argumentos del padre que se oponía al procedimiento. Confirma que se cumplieron todos los requisitos legales y médicos. El fallo destaca la primacía de la voluntad del paciente y la importancia de los informes médicos en estas decisiones

Audiencia Nacional compensa a hombre absuelto tras 196 días de encierro, considerando factores personales como tiempo de privación de libertad, edad y estado de salud del afectado, separación familiar y pérdida de momentos irrecuperables. Si bien se tuvieron en cuenta criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre lucro cesante y efectos económicos, los rechazó por falta de pruebas.

La vida no es un producto, y un niño no es un objeto que debe cumplir expectativas y ser descartado si no se ajusta a lo acordado, señala el fallo. Jueza declara adoptable al recién nacido y urge regulación de la práctica.

La violencia vicaria se ejerce indirectamente, a través de terceros o bienes apreciados por la víctima, busca causar daño emocional y psicológico, es una forma de control y dominación sobre la pareja o expareja y puede incluir daños a hijos, mascotas u otros seres queridos. La perspectiva de género exige leer el episodio como violencia vicaria a través de animal de compañía, dirigida a perpetuar la dominación y el control sobre su pareja. Condena a joven por matar al perro de su pareja como forma de maltrato psicológico.

La Corte revisó los criterios aplicables para el reconocimiento de un eventual derecho a pensión tras la disolución del vínculo, estableciendo que deben considerarse tanto las condiciones de autosuficiencia económica como la existencia de sacrificios profesionales vinculados a la vida en común. La causa fue remitida a la Corte de Apelaciones de Trieste, que deberá pronunciarse nuevamente bajo estos lineamientos.

Volvió a rechazar la demanda interpuesta por Spencer Elden, quien apareció en la icónica portada del álbum Nevermind de Nirvana cuando era solo un bebé, en 1991. El juez resolvió que la imagen no constituye pornografía infantil y comparó la fotografía con el retrato familiar de un niño desnudo en el agua. La causa, que llevaba más de dos años en litigio, involucraba a los miembros sobrevivientes de la banda, a Courtney Love y al fotógrafo que tomó la imagen.

Reconoció su derecho a percibir una pensión vitalicia por su calidad de expresidente. El tribunal señaló que se vulneró su derecho a la igualdad, ya que a otros exmandatarios, como Alberto Fujimori, sí se les otorgó el beneficio en situaciones semejantes. La resolución declara nulas las decisiones parlamentarias que negaron la pensión y ordena emitir un nuevo pronunciamiento a favor de Castillo, incluyendo el pago de costas procesales.

Se buscaba suspender una jineteada y doma gauchesca que contaba con autorización municipal. La accionante alegó actos de crueldad contra caballos y reclamó el reconocimiento de los equinos como sujetos de derecho. No obstante, el juez consideró que no se acreditaron hechos concretos de maltrato y subrayó que la actividad se encontraba regulada por la ley provincial, la cual contemplaba controles veterinarios. Además, señaló que el cambio del estatus jurídico de los animales debía determinarse en sede legislativa.

El juez concluyó que la libertad de expresión protege tanto a ciudadanos como a no ciudadanos estadounidenses. La demanda fue presentada por organizaciones académicas y de defensa de derechos, tras la detención de manifestantes extranjeros por el ICE. El gobierno había invocado la Ley de Inmigración y Naturalización de 1952 y una orden ejecutiva de Trump, argumentos que fueron desestimados por el tribunal.

La ley, denominada Transparency in Frontier Artificial Intelligence Act (TFAIA), ordena que las compañías hagan públicos sus protocolos de seguridad cuando alcancen el umbral de cómputo denominado “frontera”. Esta obligación busca prevenir riesgos asociados a usos de gran escala, como ciberataques o actividades que puedan generar daños masivos. La iniciativa se presenta como la primera legislación estatal de este tipo en Estados Unidos y refuerza la intención de California de consolidarse como referente en innovación tecnológica.

Determinó que las normas impugnadas no crean sanciones nuevas ni vulneran la reserva de ley, sino que establecen medidas regulatorias derivadas de la potestad de control estatal. Asimismo, concluyó que el régimen de fijación directa no constituye una sanción, sino un mecanismo excepcional para garantizar el acceso universal a medicamentos y prevenir abusos en el mercado. Con ello, se ratifica la validez de la política pública en materia de salud y control de precios.

Concluyó que la medida vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al deporte y a la identidad de género, además de los principios de buena fe y confianza legítima, pues fue adoptada de manera intempestiva en medio de un torneo. En su decisión, ordenó a la accionada permitir la participación de la deportista, eliminar la cláusula de exclusión, presentar disculpas públicas y ajustar los reglamentos bajo supervisión del Ministerio del Deporte.

Concluyó que no corresponde ordenar nuevas acciones al gobierno, destacando las dificultades de control en los puntos de venta, los esfuerzos ya desplegados para informar a los estancos y la entrada en vigor de medidas recientes que endurecen sanciones y refuerzan las fiscalizaciones. La reclamación de la organización accionante fue, en consecuencia, desestimada.

La sentencia declara la responsabilidad contractual de la entidad por no evitar operaciones no autorizadas y descarta negligencia grave de la usuaria. El juez aplicó la doctrina del Tribunal Supremo sobre fraudes electrónicos y advirtió deficiencias en los sistemas de control del bancarios.

Recordó que, si bien los contratos de gestación subrogada son nulos en España, la legislación permite al progenitor biológico reclamar la paternidad. En su fallo, aplicó el artículo 10.3 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, destacando además los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La resolución subraya que el interés superior del menor exige salvaguardar su derecho a la identidad y a la integración en el núcleo familiar, por lo que ordenó la inscripción de la filiación.

La jueza del caso cuestionó la actuación de los abogados de los demandantes por no informar con claridad la retirada del demandante principal en 2022. Pese al fallo, la magistrada autorizó que se presente una versión enmendada de la demanda. La acción estaba basada en un acuerdo de 2019 que, según los actores, limitaba la presencia de revendedores externos en Amazon. Tanto Apple como Amazon han negado cualquier conducta ilegal.

Resolvió un recurso de amparo interpuesto por un trabajador despedido tras presentar una queja ante el comité de su empresa. La sentencia reconoce que este tipo de reclamaciones también están protegidas por la garantía de indemnidad, vinculada al derecho a la tutela judicial efectiva. El fallo destaca la evolución de la jurisprudencia que inicialmente se limitaba a acciones judiciales y que hoy abarca actos preparatorios, denuncias administrativas y gestiones sindicales. Con esta decisión, el Tribunal amplía la protección de los trabajadores frente a posibles represalias empresariales.

La compañía matriz, ByteDance, mantendrá menos del 20 % de participación en la nueva entidad. Oracle será la encargada de supervisar los algoritmos y datos de usuarios, mientras que otras aplicaciones de ByteDance, como Lemon8 y CapCut, también quedarán bajo la estructura de la nueva sociedad. El pacto está sujeto a revisiones regulatorias tanto en Estados Unidos como en China.

La mujer inició su vínculo laboral en 1995, alternó períodos de renuncia y reingreso, y en 2024 fue desvinculada definitivamente. El juez consideró que la relación tuvo características de dependencia y no de temporalidad, lo que llevó a ordenar una indemnización. El fallo recuerda el precedente “Ramos” de la Corte Suprema, que cuestionó el uso de figuras jurídicas para encubrir vínculos laborales estables bajo modalidades transitorias.

Sentencia establece que la autenticidad puede acreditarse mediante corroboración externa suficiente.

Resolvió que la falta de ayudas técnicas vulnera la vida digna y reiteró que todo servicio no excluido del Plan de Beneficios debe garantizarse cuando exista prescripción médica. Asimismo, consideró que la cama hospitalaria ya había sido provista por terceros, declarando la carencia actual de objeto sobre este punto. La decisión resalta la obligación de las entidades de salud de asegurar una atención integral y oportuna a personas en condición de dependencia funcional severa, sin que se requiera acreditar capacidad económica del paciente.

El acceso será gratuito dentro del sistema sanitario regional y la ley estipula además los plazos y pasos administrativos para la evaluación de las solicitudes.

El juez del caso desestimó dos cargos de terrorismo al considerar que carecían de fundamento legal. Con ello, se modifican las posibles penas aplicables en caso de condena. No obstante, Mangione continúa enfrentando nueve cargos, incluido asesinato en segundo grado. Durante la audiencia, también se debatió la validez de historiales médicos obtenidos por citación. La Fiscalía del Distrito de Manhattan confirmó que seguirá adelante con el caso.

Sentencia de alimentos utiliza lenguaje claro y video explicativo generado por inteligencia artificial para mejorar la comprensión de los ciudadanos. Agilizar el proceso de notificación. Evitar la pérdida de información en trámites burocráticos. Permitir que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reclamaba el pago de los salarios de docentes por las horas de clases perdidas, pero el Tribunal sostuvo que esos sueldos se abonan con independencia de la efectiva prestación del servicio. Así, entendió que no se acreditó un daño patrimonial, ya que no existieron gastos adicionales por las evacuaciones ni por la recuperación de clases.

El fallo precisa que el plazo de prescripción de cinco años comienza desde el momento en que el comprador conoce el defecto, y no desde la entrega del automóvil. Además, se establece que la instalación de software que falsea los controles de gases constituye un incumplimiento grave de las obligaciones del vendedor, a la luz de la normativa europea y de la propia Carta del Medio Ambiente francesa.

La resolución cuestiona los despidos masivos de proyectos científicos realizados por agencias federales mediante cartas modelo. El tribunal estimó que estas acciones podrían infringir la Ley de Procedimiento Administrativo y plantear contravenciones a la Primera Enmienda. La decisión amplía un fallo anterior que protegía proyectos vinculados a diversidad e inclusión. El gobierno apeló sin éxito ante el Noveno Circuito, que confirmó la vigencia de la medida. La orden ahora se extiende a más agencias federales tras nuevas denuncias de investigadores.