Tribunales por País · página 29

Adujeron que el chatbot habría influido en el deterioro emocional de su hija. La acción judicial acusa a las empresas de negligencia y responsabilidad por distribuir un producto sin medidas adecuadas de seguridad para menores. Según el escrito, la aplicación permitió interacciones de carácter emocional y sexual con inteligencia artificial sin activar alertas ante señales de riesgo. El caso plantea interrogantes sobre los límites de la responsabilidad civil en el desarrollo y supervisión de sistemas de inteligencia artificial.

Fue condenado por sus declaraciones sobre el tiroteo en la escuela Sandy Hook, ocurrido en 2012. La Corte desestimó el argumento de Jones sobre una presunta vulneración a su derecho a la libertad de expresión. La decisión deja firme el fallo de instancia que lo condenó por difamación y daño emocional hacia las familias de las víctimas. El caso se suma a otras sentencias en su contra, mientras continúa en curso el proceso de bancarrota de su empresa, Free Speech.

La Corte consideró que este requisito vulnera la autonomía del Ministerio Público, aunque estimó que el tipo penal es claro, determinado y compatible con la seguridad jurídica. Además, ordenó al legislador adecuar la normativa y recordó que la Contraloría no puede condicionar el ejercicio de la acción penal.

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó la ley AB 56, que exige a las redes sociales mostrar advertencias a los usuarios menores de 18 años sobre los posibles riesgos para la salud mental asociados al uso de estas plataformas. Dichas advertencias deberán aparecer al iniciar la aplicación, tras tres horas de uso y cada hora adicional. La normativa cita un informe del Cirujano General de Estados Unidos de 2023 que vincula el uso intensivo de redes sociales con problemas de autoestima y trastornos alimentarios.

El empresario Roger Ver, conocido en el ámbito de las criptomonedas como el “Jesús deL Bitcoin”, alcanzó un acuerdo judicial con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para evitar un juicio por presunta evasión fiscal. El convenio contempla el pago de hasta 49.9 millones de dólares y la suspensión temporal de los cargos si cumple las condiciones impuestas.

Estimó el recurso de amparo de una magistrada cuyo nombramiento en la Red de Especialistas en Derecho de la Unión Europea fue revocado por el Tribunal Supremo. La resolución considera que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva al restringirse indebidamente su participación procesal en el caso. El fallo anula la sentencia del Supremo y ordena una nueva resolución que respete dicho derecho, estableciendo doctrina sobre el acceso a la justicia en procesos administrativos de nombramiento judicial.

Agresión se enmarca en contexto de celos y falta de autocontrol por la ingesta de alcohol, subrayando la frase “tienes un hombre ahí abajo” y la posterior acción de apartar la colcha y las piernas de la víctima para acceder a su zona genital. Tales hechos “no encajan en una conducta meramente destinada a molestar, ofender o menoscabar la integridad corporal, sino que muestran una clara intención sexual”

La norma había sido impugnada por una ciudadana que consideraba que vulneraba el principio de igualdad y el derecho a la vida familiar. El Consejo concluyó que el legislador actuó dentro de su competencia al garantizar la estabilidad de los vínculos de parentesco. Determinó, además, que la limitación impuesta no impide la convivencia ni la participación del cónyuge del progenitor en la educación del menor. La decisión confirma la validez de la reforma de 2022 sobre adopción en el marco del derecho francés.

El caso cuestiona el requisito de autoría humana establecido por tribunales de instancia y podría sentar un precedente histórico en la protección legal de la creatividad generada por sistemas de IA. La disputa gira en torno a una obra creada por la “Máquina de la Creatividad”, desarrollada por el científico, y busca definir los límites entre la originalidad tecnológica y la autoría tradicional.

Reafirmó que los familiares de personas líderes y defensoras de derechos humanos también son destinatarios de medidas de protección cuando su situación de riesgo así lo justifique. El fallo ordenó restablecer el esquema de seguridad de una lideresa indígena y recordó el deber del Estado de aplicar un enfoque diferencial en la valoración de amenazas contra estas personas y su entorno familiar.

La denominada “Ley de Alimentos Reales para Niños Saludables” busca reemplazar los productos con altos niveles de aditivos, azúcares, sodio y grasas saturadas por opciones más saludables en los comedores escolares. La normativa fue aprobada con amplio respaldo bipartidista, marcando un precedente en materia de políticas alimentarias a nivel nacional.

La sentencia ordena a las autoridades y entidades competentes evaluar de inmediato el estado del paciente y convocar una Junta Médica Multidisciplinaria para establecer un tratamiento integral acorde con su condición. El Tribunal recordó que los menores y las personas con discapacidad gozan de una protección constitucional reforzada y que la atención médica debe ser accesible, continua y de calidad.

El artista alegó difamación por la promoción de la canción “Not Like Us”, de Kendrick Lamar, compuesta en el contexto de una disputa musical entre ambos. La jueza concluyó que las expresiones contenidas en la canción, que acusan a Drake de ser un pedofilo, constituyen opiniones y no hechos verificables, por lo que no son susceptibles de acción judicial. Los representantes del músico anunciaron que apelarán la sentencia.

El fallo analizó la exclusión de esta categoría laboral del régimen de prohibición de despidos económicos vigente durante la pandemia. La Corte consideró que existían fundamentos válidos para mantener un trato diferenciado respecto de otros trabajadores, dada la particular posición y autonomía del personal directivo.

Delon tenía un cementerio canino en su propiedad con al menos 35 perros enterrados. Su testamento pedía el sacrificio de Loubo, su pastor belga malinois de 10 años. La familia del actor decidió no cumplir esta parte del testamento. La ley francesa prohíbe la eutanasia injustificada de animales y su entierro en cementerios humanos. El caso ha abierto un debate sobre los límites de la voluntad individual y los derechos de los animales.

En el fallo se analiza la validez y autenticidad de las pruebas electrónicas en el contexto del uso de inteligencia artificial generativa y deepfakes. La decisión introduce criterios más estrictos para la admisibilidad de material audiovisual en los procesos judiciales, reforzando la necesidad de peritajes técnicos y controles de autenticación frente a la posibilidad de manipulación digital.

Confirmó la negativa a incorporar al sistema judicial Lex-100 los datos extraídos del teléfono móvil de un imputado, al considerar que su contenido constituye correspondencia privada protegida por la Constitución Nacional. El tribunal reafirmó que solo el juez puede revisar y seleccionar la información pertinente a la causa, en resguardo de los derechos de privacidad y debido proceso.

El caso se originó porque un supermercado promocionó un café con un supuesto descuento del 36%, y el precio de referencia anterior figuraba en letra muy pequeña y de forma confusa. El tribunal consideró que esta práctica violaba la Ordenanza de Indicaciones de Precios y la Ley contra la Competencia Desleal, por lo que confirmó la decisión de instancia y declaró la publicidad ilícita por inducir a error al consumidor.

Resolvió que no existe una omisión legislativa por parte de la Asamblea Nacional en relación con la garantía de participación política de las personas con discapacidad. Tras analizar el artículo 48 numeral 4 de la Constitución y las leyes vigentes, el tribunal concluyó que el ordenamiento jurídico ya contempla medidas efectivas para asegurar el derecho al voto y la representación política de este grupo. La acción fue desestimada, aunque la Corte subrayó la necesidad de fortalecer los mecanismos de inclusión política y la cultura democrática participativa.

Este complemento en España es una prestación económica adicional para las pensiones contributivas de jubilación, incapacidad permanente y viudez, que se aprobó en 2021 para reducir la desigualdad en las pensiones entre hombres y mujeres causada por las interrupciones en las carreras laborales debido a la maternidad o la paternidad. El fallo reafirma el principio de igualdad de trato en materia de prestaciones contributivas.

La resolución aborda dos casos en los que empresas privadas y el Estado alemán disputan la validez y cumplimiento de contratos de suministro de mascarillas firmados al inicio de la pandemia de COVID-19. El Estado había rescindido dichos contratos alegando defectos o incumplimientos, pero los tribunales de instancia determinaron que la rescisión no era válida porque el Estado no concedió un plazo adicional para la entrega, como exige el Código Civil alemán.

Estimó la responsabilidad estatal por falta de servicio en el tratamiento de una causa sobre acoso y amenazas contra una profesora, y su posterior asesinato. El tribunal consideró que existió omisión en la aplicación de la perspectiva de género y rechazó la excepción de prescripción opuesta por los demandados. En consecuencia, condenó solidariamente a ambos al pago de un monto indemnizatorio en favor de la familia de la víctima.

La acción judicial alega incumplimientos de deberes fiduciarios durante la negociación de la venta de la compañía a Microsoft por 75.400 millones de dólares. Las acusaciones apuntan a que el proceso habría favorecido intereses personales de los ejecutivos. Las alegaciones contra Microsoft fueron desestimadas.

Rechazó la demanda interpuesta contra el portal gubernamental Sahyog, destinado a implementar órdenes de retiro de contenidos online, al considerar que carece de fundamento. El tribunal sustentó su decisión en la necesidad de una regulación para redes sociales y defendió la naturaleza pública del sistema. La resolución se enmarca en una serie de fallos favorables al gobierno indio en disputas sobre bloqueo y censura en internet.

La iniciativa propone actualizar el marco legal, endurecer sanciones en delitos comunes y complejos, incorporar nuevas figuras delictivas vinculadas a la tecnología e inteligencia artificial, y reducir la edad de imputabilidad a 13 años. El texto incluye la imprescriptibilidad de los delitos más graves y limita los beneficios de libertad anticipada.

La Corte ordenó una evaluación interdisciplinaria que analice la capacidad física y mental de la madre cuidadora y las cargas que soporta en el caso bajo análisis. Además, reiteró que el derecho al cuidado protege tanto a quien lo recibe como a quien lo brinda, y que las entidades de salud solo pueden trasladar esta responsabilidad a las familias cuando no exista una imposibilidad material para asumirla.

En su decisión, el Consejo sostuvo que las acciones solicitadas implican modificar políticas públicas sobre la libertad de establecimiento profesional y la fijación de honorarios médicos. Según el fallo, estas cuestiones requieren ser abordadas en sede legislativa y mediante acuerdos entre los organismos competentes.

El denominado “Plan de Paz” anunciado el 29 de septiembre de 2025 por Estados Unidos e Israel ha generado una ola de controversia al ser negociado sin participación palestina, omitir referencias clave al derecho internacional y contener serias limitaciones que cuestionan su legitimidad y eficacia real para pacificar Gaza. La comunidad internacional reacciona dividida ante lo que muchos consideran más una maniobra mediática que un verdadero esfuerzo por la paz.

Consideró que la sanción se ajusta al Estatuto de los Trabajadores y al convenio colectivo, al tratarse de una falta muy grave. En su fallo, el tribunal destacó que la conducta atentó contra la dignidad del afectado y que por ello no podía ser minimizada. Por este motivo, el recurso de la recurrente fue desestimado, confirmándose así el fallo impugnado.

Audiencia Provincial de Murcia aplica jurisprudencia del Tribunal Supremo y del TEDH para permitir la filiación del padre biológico, pese a la nulidad de los contratos de gestación subrogada en España.