Tribunales por País · página 28

Resolvió que las medidas adoptadas por el Gobierno y los resultados obtenidos hasta 2023 permiten considerar alcanzado el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% entre 1990 y 2030. La decisión concluye un proceso judicial iniciado por un municipio y organizaciones ambientales, y deja sin efecto las medidas cautelares impuestas al Ejecutivo en 2021 y 2023. El Consejo aclara que su fallo no se refiere a los nuevos compromisos comunitarios del 55% de reducción para 2030.

Establece que no se puede imponer tratamiento sin consentimiento, incluso en casos de conflicto familiar. Respeto a la autonomía personal. Limitaciones legales para imponer tratamientos

El tribunal determinó que Apple abusó de su posición dominante entre 2015 y 2020 al imponer comisiones del 30% en su tienda de aplicaciones, lo que calificó de “excesivo e injusto”. La acción fue presentada por la académica Rachael Kent en nombre de aproximadamente 36 millones de usuarios de iPhone y iPad en Reino Unido. La cifra estimada de daños asciende a cerca de 1.500 millones de libras para las compras realizadas en los últimos diez años. Los detalles de la compensación se decidirán en una próxima audiencia.

Desestimó las enmiendas que buscaban incluir la falta de cortesía como base disciplinaria para los abogados, citando preocupaciones constitucionales. No obstante, se mantuvo la obligación de reafirmar anualmente el juramento de cortesía profesional. La medida surge en el contexto de un esfuerzo institucional por fomentar el respeto y el trato digno dentro del ejercicio de la abogacía en el Estado.

Revisó las condenas dictadas en instancia contra varios acusados vinculados a una organización criminal dedicada a la distribución de material de ideología extremista. El fallo amplía los montos del decomiso económico al determinar que los implicados se beneficiaron directamente de las ventas ilícitas. Además, el fallo redefine los delitos de pertenencia a organización criminal e incitación al odio, ordenando un nuevo examen de las penas para dos de los acusados y confirmando la condena de un tercero.

Concedió una tutela a favor de una mujer de 98 años y su hija, al determinar que sus familiares vulneraron los derechos a la familia, a la unidad familiar y a la autonomía personal de la adulta mayor al impedir la comunicación entre ambas. La Corte revocó las decisiones de instancia, ordenó restablecer el contacto presencial y virtual entre ambas y dispuso el seguimiento del caso, subrayando el deber de respeto, cuidado y autodeterminación de las personas mayores.

Declaró inconstitucional el artículo L. 741-7 del Código de Entrada y Residencia de Extranjeros y del Derecho de Asilo, que permite la repetición de detenciones de personas extranjeras en situación irregular. Sin embargo, la derogación de esta disposición se postergó hasta noviembre de 2026, otorgando al Parlamento un año para reformar la legislación e incorporar las garantías necesarias que protejan la libertad individual conforme al artículo 66 de la Constitución

Constató que se aplicó retroactivamente una figura penal no vigente al momento de los hechos atribuidos. El fallo anuló resoluciones judiciales de instancia y reafirmó la vigencia del principio de legalidad como garantía esencial del debido proceso. Además, precisó los límites del control fiscal y judicial cuando las actuaciones penales carecen de sustento normativo previo.

Rechazó la tesis del Fiscal que imputó un delito de homicidio por imprudencia grave. El tribunal consideró que la muerte del lactante, derivada de un hematoma subdural agudo compatible con un movimiento de aceleración de la cabeza, no puede calificarse como imprudencia penalmente relevante en virtud de los antecedentes del caso. Estimó que los hechos encajarían, a lo sumo, en una imprudencia leve, despenalizada en el Código Penal, decretando la absolución de los acusados.

Declaró improcedente la objeción por inconstitucionalidad presentada por el presidente de la República contra la Ley Reformatoria al Código de Trabajo para Dignificar el Trabajo del Hogar. Determinó que las disposiciones impugnadas, referidas al acceso preferente a centros de cuidado infantil y al mecanismo de denuncias anónimas ante el Ministerio del Trabajo, no vulneran los principios de igualdad, no discriminación ni presunción de inocencia. La decisión ratifica la validez del proyecto y permite su promulgación.

Declaró inconstitucional la norma que impedía la prevalencia de las atenuantes genéricas sobre la agravante de la reincidencia reiterada en delitos de secuestro de persona con fines de extorsión. El fallo responde a una cuestión planteada por la Corte d’Assise de Roma. La Corte consideró que la norma vulneraba los principios de proporcionalidad, igualdad y ofensividad, además del mandato constitucional de individualización de la pena.

Resolvió que los eurodiputados Nicolas Bay y Catherine Griset continuarán ejerciendo sus funciones, pese a las condenas de inelegibilidad impuestas en marzo de 2025. El Consejo sostuvo que solo una sentencia firme puede provocar la pérdida del mandato, lo que impide al Gobierno francés declarar su cese mientras los recursos judiciales sigan pendientes.

El Ejecutivo propone modificar el artículo sobre el derecho a la salud para incorporar la interrupción voluntaria del embarazo como una prestación garantizada por los poderes públicos, lo que abre un intenso debate político y jurídico en torno a la protección de la vida y la objeción de conciencia.

La medida se suma a restricciones similares en otros países europeos como Francia, Bélgica y Dinamarca. Críticos argumentan que la ley discrimina principalmente a mujeres musulmanas. Defensores sostienen que busca promover el respeto a las costumbres y valores del país.

El proceso de elección debería estar protegido no solo de la influencia política externa, sino también de la politización interna; en otras palabras, no solo de la interferencia directa de los actores políticos, sino también de la dependencia indirecta de dichos actores o de la alineación con ellos, especialmente a través de las asociaciones judiciales.

Fallo obliga a ofrecer clases de religión musulmana a alumna que lo solicitó. Se vulneró un derecho fundamental al no atender la solicitud de la familia. La Constitución española garantiza la formación religiosa según las convicciones de los padres. La Administración debe ofrecer enseñanza religiosa de confesiones con convenios oficiales. El silencio administrativo ante la petición constituye un "acto presunto" impugnable.

Reconoció la vulneración de los derechos al agua, al ambiente sano, a la salud y a la identidad cultural del pueblo Awá por los derrames de petróleo del oleoducto trasandino. La Corte ordenó suspender su operación hasta que se implementen medidas de prevención y restauración ambiental, se garantice el acceso a agua potable y se implemente un plan integral de salud y recuperación ecológica. La decisión, con efectos intercomunis, busca proteger a otras comunidades afectadas por la contaminación.

El fallo le permite impugnar la decisión del gobierno británico de prohibir su actividad bajo la Ley de Terrorismo de 2000. La resolución permitirá que la organización presente su caso ante el Tribunal Superior, donde se evaluará la legalidad de la decisión gubernamental que la declaró entidad terrorista.

Confirma decisión que denegó cautelar por falta de pruebas concretas, pese a reconocer la gravedad de la violencia digital. Denunciante alegó violación a su intimidad y honor por difusión no consentida de un video íntimo en un grupo de Telegram.

Los solicitantes deberán acreditar un dominio del inglés equivalente al nivel A-Level mediante una Prueba Segura de Inglés, gestionada por entidades aprobadas por el Ministerio del Interior. Las autoridades justificaron la medida como una forma de reforzar la integración y la participación en la vida nacional. El paquete de reformas, parte del Libro Blanco “Restaurando el Control del Sistema de Inmigración”, también contempla cambios en la duración de las visas postestudio y en los requisitos de residencia para el estatus de establecido.

El juez del caso consideró que la medida vulneró su derecho a la libertad de expresión, al no haberse probado una afectación real a la disciplina militar. El fallo destacó la importancia del control democrático y la tolerancia frente a la crítica en el ámbito público, incluso dentro de las fuerzas de seguridad, y subrayó que los comentarios del uniformado no contenían ofensas personales ni estaban dirigidos contra una persona en específico.

Retrato del siglo XVIII, desaparecido desde 1946, fue visto en una casa de Mar del Plata. Fue identificado en fotos de una inmobiliaria. La pintura pertenecía a la colección del marchante judío Jacques Goudstikker, saqueada en 1940. El cuadro desapareció nuevamente antes de un allanamiento policial el 26 de agosto.

Tras analizar las obligaciones legales en materia de preparación y gestión de crisis sanitarias, el Consejo concluyó que las medidas adoptadas desde 2004 y durante la emergencia sanitaria se ajustaron al conocimiento científico y a las recomendaciones internacionales. Por tanto, desestimó las demandas presentadas por las familias de víctimas del Covid-19 que reclamaban indemnización.

Ningún profesional puede sufrir represalias ni discriminación por ejercer este derecho, protegido por la Constitución, el Tribunal Constitucional, el Código de Deontología Médica y la ley.

Acogió una tutela en favor de un exfuncionario público al determinar que fue juzgado sin haber sido notificado correctamente en un proceso judicial. La Corte estableció que la entidad demandante indujo a error al juez al afirmar no conocer su dirección, lo que llevó a una notificación irregular y a la falta de defensa técnica. Como resultado, la Corte anuló el proceso y ordenó repetirlo para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa.

Determinó que un propietario que arrienda su vivienda dentro de una comunidad de propietarios sigue siendo responsable de los daños sufridos por su inquilino a causa de una caída por congelación del camino. La sentencia aclara que la obligación de limpiar y esparcir grava en temporada invernal forma parte de los deberes contractuales del arrendador, incluso cuando tales tareas son encargadas a terceros o a la comunidad de propietarios.

En el caso, un hombre reclamaba la eliminación de enlaces que vinculaban su nombre con una causa penal ya cerrada. El juez consideró que la información cuestionada mantenía interés público y recordó que el buscador no genera los contenidos que indexa. El fallo se fundó en la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina sobre el alcance del “derecho al olvido” y la libertad de expresión.

Resolvió que la cancelación de 16.500 millones de francos suizos en bonos de Nivel 1 Adicional (AT1) del Credit Suisse carecía de base legal. La medida, adoptada durante el rescate del banco en 2023, fue considerada inconstitucional y contraria a la prelación de pagos establecida. FinMA anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Supremo Federal.

Descubrió que el juez de primera instancia utilizó indebidamente IA generativa para redactar partes de la sentencia. Tribunal consideró que esto viola la prohibición de delegar funciones jurisdiccionales, la garantía del debido proceso, la exigencia constitucional de motivación suficiente. Cita Directrices Éticas para el uso de IA Generativa en el Poder Judicial como fundamento para la anulación

El tribunal sostuvo que la solicitud implicaba una forma de censura previa contraria a la libertad de expresión, especialmente tratándose de manifestaciones vinculadas a asuntos de interés público y emitidas por una asociación gremial. No obstante, advirtió que quienes incurran en un uso abusivo de este derecho podrían enfrentar responsabilidades ulteriores por eventuales daños.