Justicia suiza declara ilegal la cancelación de bonos del banco Credit Suisse en el marco de un plan de rescate financiero

El Tribunal Administrativo Federal de Suiza dictaminó que la anulación de bonos por 16.500 millones de francos suizos (unos 20.535 millones de dólares) del banco Credit Suisse, efectuada durante su proceso de rescate en marzo de 2023, fue ilegal. El fallo cuestiona el marco jurídico utilizado por las autoridades suizas para gestionar la crisis bancaria y pone en entredicho la validez de las medidas adoptadas por la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero (FinMA).

Tras el colapso del banco, el gobierno suizo y FinMA autorizaron a UBS a adquirir las operaciones de Credit Suisse. Como parte del acuerdo, se dispuso la amortización total de los bonos de Nivel 1 Adicional (AT1), instrumentos financieros diseñados para absorber pérdidas en casos de crisis de capital. No obstante, la autoridad permitió que los accionistas recibieran compensaciones a través de acciones de UBS, lo que alteró la jerarquía tradicional de pagos en situaciones de insolvencia.

El fallo judicial establece que FinMA carecía de fundamento legal para ejecutar la cancelación, dado que el supuesto contractual que activaba dicha medida no se había materializado. Según el tribunal, en marzo de 2023 Credit Suisse cumplía con los requisitos de capitalización exigidos por la normativa vigente y no se encontraba en una situación que justificara la amortización. Además, la corte declaró que el artículo 5a de la ordenanza de emergencia emitida por el Consejo Federal era inconstitucional por no cumplir con los estándares de validez exigidos para este tipo de disposiciones.

Más de tres mil demandantes interpusieron recursos contra la medida de FinMA, que ahora ha sido revocada parcialmente. El fallo llega pocas semanas después de que el Consejo Federal Suizo promulgara una nueva legislación, el 1 de octubre de 2025, que redefine las competencias de FinMA en situaciones de viabilidad bancaria y establece expresamente que los tenedores de bonos AT1 tendrán prioridad sobre los accionistas en la estructura de pagos.

Tras conocerse la resolución, FinMA anunció que apelará ante el Tribunal Supremo Federal en un plazo de treinta días. En su comunicado, la institución defendió la legalidad de sus actuaciones, alegando que la condonación de los bonos formó parte de un plan extraordinario de estabilización bancaria que requirió apoyo estatal de emergencia.

El caso continúa generando debate en el ámbito financiero y jurídico suizo, al tiempo que plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la intervención estatal y la protección de los derechos de los inversionistas en procesos de rescate bancario.

Vea texto de la sentencia.