Tribunal de EE.UU. fija criterios relativos a pruebas digitales manipuladas con inteligencia artificial

El Tribunal Superior de California (Estados Unidos) dictó una resolución que marca un nuevo precedente en materia de pruebas digitales dentro del sistema judicial estadounidense. El caso surgió a raíz de una disputa en la que una de las partes presentó material audiovisual como evidencia, mientras que la contraparte alegó que dicho contenido había sido alterado mediante herramientas de inteligencia artificial.

Durante el proceso, el tribunal se vio obligado a examinar la autenticidad y confiabilidad de los elementos electrónicos ofrecidos como prueba. Ante la controversia, se ordenó la realización de peritajes técnicos especializados para determinar si las grabaciones y videos presentados correspondían a contenidos genuinos o si habían sido objeto de manipulación digital.

En su análisis, el tribunal reconoció que los avances tecnológicos actuales permiten generar imágenes y audios de apariencia real, aunque totalmente falsificados, mediante técnicas de inteligencia artificial generativa. Este fenómeno, según se indicó en la sentencia, plantea un desafío significativo para la administración de justicia, al exigir nuevas formas de verificación y control de las pruebas digitales.

La resolución destacó que, si bien el Código de Evidencia de California ya prevé la autenticación y la preservación de la cadena de custodia de los documentos electrónicos, la aparición de los deepfakes demanda una interpretación más estricta de dichas normas. Por ello, se enfatizó la necesidad de incorporar peritajes y controles técnicos que garanticen la integridad, procedencia y autenticidad de los materiales presentados.

El fallo también estableció sanciones severas frente a la utilización de contenidos generados por inteligencia artificial en el ámbito judicial sin la debida transparencia. Según el tribunal, el empleo de deepfakes o pruebas fabricadas digitalmente no solo compromete la validez del proceso, sino que también puede afectar la confianza pública en el sistema judicial.

En ese sentido, el tribunal sostuvo que las sanciones deben tener un efecto disuasivo, enviando un mensaje claro a los litigantes respecto del uso de inteligencia artificial en los tribunales. La sentencia concluyó que cualquier intento de presentar material falsificado como prueba constituye una conducta incompatible con los principios de buena fe procesal y puede dar lugar a la terminación del proceso o a sanciones más severas.

Vea texto de la sentencia.